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Banco Popular, el primer banco intervenido por las autoridades europeas

Banco Popular, el primer banco intervenido por las autoridades europeas

Tras medio año navegando aguas imposibles, Monte del Paschi di Siena ha evitado el dudoso honor de ser el primer banco intervenido por la Unión Europea. Tras la decisión de ayer de la junta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS, parte del BCE) de considerar que Banco Popular es inviable, los procedimientos europeos se activaron de urgencia para dar luz verde a la resolución de la entidad. Es la primera vez que el MUS mueve ficha de su creación, hace menos de dos años. Y el premio se lo lleva España.

De esta forma, la Unión Bancaria, todavía incompleta, pone a prueba sus costuras en un país que ya sabe bien lo que es tener que pedir ayuda para hacer frente al saneamiento de su sistema financiero. Pero con una diferencia: esta vez a los contribuyentes no les toca desembolsar. Los accionistas de Popular perderán toda su inversión, pero los españoles y los europeos no tendrán que sufrir los costes.

El proceso es sencillo. Cuando la presidenta del MUS, Daniele Nouy, consideró que el Popular era "inviable o probablemente inviable" por el deterioro de la situación, la Junta Única de Resolución dio un paso al frente. El MUS está en Fráncfort. La JUR, en Bruselas. Una vigila, la otra interviene. Y es lo que ocurrió anoche. Cuando el plan estaba consensuado con Banco Popular, Santander, el Gobierno español y los supervisores, la Comisión Europea dio el visto bueno final. Y el Frob español se encarga de la ejecución del proceso.

El dictamen del MUS era rotundo: "el significativo deterioro de la liquidez del banco en los últimos días ha llevado a la determinación de que la entidad, en el futuro cercano, había sido incapaz de pagar sus deudas".

Tras años de rescates multimillonarios, entidades too big to fail y el creciente malestar de una ciudadanía convencida de que se "ayudaba a bancos y no a personas", la UE logró dar pasos cruciales hacia la llamada Unión Bancaria. Un intento de profundizar en la integración y de crear una serie de mecanismos, fondos y un marco legal para la supervisión, la resolución ordenada y la intervención de los bancos.

El espíritu era muy claro: ahorrar dinero de los contribuyentes, evitar reacciones en cadena e impedir que un país, por tener una serie de entidades en apuros, se viera arrastrado a la bancarrota.

En diciembre de 2012, el presidente del Consejo Europeo, en colaboración con los presidentes de la Comisión Europea, el BCE y el Eurogrupo, elaboró una hoja de ruta para fortalecer la Eurozona. "Una de las partes esenciales de esta hoja de ruta era la creación de un marco financiero más integrado, es decir, la unión bancaria".

El 1 de enero de 2015 entró en vigor la Directiva de Reordenación y Resolución Bancaria, que fija las nuevas normas en cuanto al reparto de la carga que se aplican en caso de resolución bancaria. La directiva "contempla maneras para que pueda efectuarse una resolución de los bancos con problemas sin necesidad de que los contribuyentes los rescaten, en aplicación del principio de que las pérdidas deben asumirlas, en primer lugar, los accionistas y acreedores, en lugar de recurrir a los fondos estatales".

Ahora mismo, la Unión Bancaria tiene dos patas: el MUR (Mecanismo Único de Resolución) y el MUS (Mecanismo Único de Supervisión), la supervisión y la resolución. Y falta una tercera, un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), que está todavía en negociaciones. Hay consenso en que sería bueno, pero antes de dar ningún paso adicional en la mutualización de riesgos Alemania exige que esos mismos riesgos se reduzcan sensiblemente. Para evitar precisamente que si quiebra un banco español o italiano sean los germanos los que deban cubrir costes, en el peor de los casos.

El principal objetivo del MUR es garantizar que las quiebras bancarias que puedan suceder en un futuro en la unión bancaria "se gestionen de forma eficiente, con costes mínimos para el contribuyente y la economía real". El ámbito de actuación del MUR es idéntico al del MUS, es decir, una autoridad central, la Junta Única de Resolución (JUR) es la responsable final de la decisión de iniciar la resolución de un banco, mientras que la decisión operativa se aplicará en cooperación con las autoridades nacionales de resolución. La JUR inició su trabajo como organismo autónomo de la Unión el 1 de enero de 2015 y es plenamente operativa desde enero de 2016.

Y ahora, año y medio después, arranca su tarea, pero sin ir hasta el final. El acuerdo entre Popular y Santander, con el apoyo del Gobierno, ha evitado que la intervención del MUR se convirtiera en una liquidación. De esta forma, los accionistas y tenedores de deuda del Popular perderán su inversión.

El marco legal actual impone que haya quitas siempre antes de que se inyecte dinero público en una entidad. Quitas de hasta el 8% para acciones y deudores. Salvo en excepciones, como se vio la semana pasada en el caso de Monte dei Paschi, mediante mecanismos en los que es el Estado el que pone fondos.

Con el formato escogido los depósitos de Popular están totalmente garantizados. En el caso más extremo de una resolución, sólo los inferiores a 100.000 euros son intocables.

La idea en un rescate es que paguen los acreedores (bain-in) y no los contribuyentes (bail-out, lo que se hizo en el pasado), pero si eso no bastara la UE tiene ahora los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR), que administra la JUR. No está terminado, sin embargo. Es otra de las patas cojas de la Unión Bancaria.

El objetivo es que cuando se complete, el FUR dispondrá de al menos 55. 000 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente el 1 % de los depósitos cubiertos en la zona del euro. La hoja de ruta aprobada dice que los bancos de la Eurozona irán abonando contribuciones al FUR a lo largo de ocho años. "En diciembre de 2015, los Estados miembros que participan en la unión bancaria acordaron poner en marcha un sistema de mecanismos de financiación puente, facilitando líneas de crédito individuales nacionales para respaldar sus propios compartimentos nacionales en el FUR en caso de déficit de financiación. En enero de 2016, los Estados miembros transfirieron al FUR 4.300 millones de euros en concepto de aportaciones ex ante para 2015 y, a finales de junio, otros 6 400 millones de euros para 2016".

Una cantidad totalmente insuficiente si una entidad grande está en apuros o lo están más de una simultáneamente.

Fuente: El Mundo

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