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Injerencismo de Amnistía Internacional contra Gran Canal

¿Desde cuándo esta gente decide lo que se hace o no en Nicaragua?

Injerencismo de Amnistía Internacional contra Gran Canal Destacado

Apareció nuevamente en escena el organismo “democrático e independiente” conocido como Amnistía Internacional (AI) cumpliendo su papel intervencionista en Nicaragua. Ahora su objetivo se centra en la ejecución del proyecto del Gran Canal, esgrimiendo una supuesta violación a los derechos humanos, pero con el evidente interés de alentar a los políticos y ONG opositores a realizar sus actividades confrontativas en esa zona.

Para todos es conocido cuál es la posición de AI para “medir” el grado de respeto a los derechos humanos entre gobiernos de izquierda y de derecha, definitivamente no lo hacen con el mismo rasero. Esto es fácil de explicar: todos sus altos cargos y funcionarios de importancia son ex-trabajadores del Departamento de Estado de EE.UU., de la CIA o millonarios sionistas o pro-sionistas.

Por eso cada vez que AI se refiere a la actuación del Gobierno de Nicaragua su valoración siempre es de “aplazada”, pero la verdad es que solo es otra cara más de la propaganda del imperio contra los países en su punto de mira. Por eso es que describe al proyecto del Canal Interoceánico de violador los derechos de información, la consulta, la seguridad de la tenencia de la tierra, de la propiedad y recursos naturales.

No es de asombrarse que todas estas  “apreciaciones” injerencistas de AI coinciden en un ciento por ciento con las argucias que utilizan los movimientos políticos como el MRS y las ONG  opositoras para manipular irresponsablemente al campesinado y que éste libre, como punta de lanza, las batalla políticas que el MRS, entre otros grupos, y las ONG opositoras han sido incapaces de liderar.

Lo más increíble del acto injerencista de AI es que “demanda” al Gobierno de Nicaragua la implementación de una moratoria en los trabajos que actualmente se ejecutan en el proyecto del Canal Interoceánico, “hasta tanto no establezcan disposiciones legales y procesales que cumplan con los estándares de derechos humanos, como la consulta efectiva de quienes se verán afectados y evitar que se ejecuten desalojos forzosos”.

Es decir, que AI le exige al Gobierno de Nicaragua que pare los trabajos porque ellos así lo demandan, argumentando, coincidentemente, los mismos artificios que esgrimen los políticos y ONG opositores, lo que pone aún más en evidencia la estrecha vinculación entre este organismo internacional y los detractores de este importante proyecto para el desarrollo económico y social del país.

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