Honduras: Rescate y resignificación del aparato estatal

Gilberto Ríos Munguía*| El Pulso

Hemos encontrado lo que advertimos desde el momento del golpe de Estado: una pandilla de narcotraficantes aliados con sectores de la oligarquía del país -principalmente la financiera-, organizaron el saqueo y la desnaturalización de las instituciones públicas.

Destruyeron de manera sistemática el papel de Estado, sobre todo en su compromiso con los sectores populares y crearon redes de complicidad por todo el país. Esto tuvo un costo que los organismos financieros internacionales respaldaron, en complicidad con algunos bancos nacionales que incrementaron sus capitales fabulosamente en los últimos doce años.

Mientras Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández jugaban a ser presidentes, los poderes económicos en relación de subordinación con los poderes del gran capital trasnacional, principalmente colombiano, estadounidense e israelí, se confabularon para crear también la industria del Partido Nacional para el saqueo del Estado de Honduras.

Sin que hasta el momento se haya encontrado una sola institución en la que no se cuenten por millones los recursos perdidos, los aumentos injustificados, personal súper numerario, además que se confiesa su actividad al no encontrar planificaciones, informes o resultados, etc.

Según Ricardo Zúniga, enviado del Departamento de Estado norteamericano para el llamado “Triángulo Norte”, en Honduras se llegó a perder más de 3.000 millones de dólares al año por efectos de la corrupción, un doce por ciento del PIB.

La presidenta Xiomara Castro está concentrada en reformar todas las instituciones, rescatarlas, resignificarlas. En la mayoría de las oficinas apenas los presupuestos han ajustado en cincuenta días de gobierno para integrar equipos de dirección y continuar con los traspasos. Las trampas están por todas partes. Las contrataciones de último momento, los acuerdos laborales irregulares y muchos con aumentos antojadizos y “selectivos”; han dejado una administración pública deforme, grotesca, lejana al interés del pueblo.

Mientras tanto, otras fuerzas no menos despreciables son las internas en la oposición, donde algunas manifestaciones intentan desde ya diferenciarse del proyecto de la refundación del país, dando a conocer su naturaleza conservadora.

Algunos hasta han señalado a Libre por la situación actual del Estado de Honduras, otros más cercanos a los sectores explícitamente conservadores que controlan medios de comunicación y que apuestan a detener a la Presidente Xiomara cuando se acerque a las líneas rojas, esas fronteras dónde el bien común riñe con el bien de los intereses de la élite.

El gobierno de Biden se debate entre la III guerra mundial, la pérdida acelerada de la hegemonía imperial y la lejana reelección; Putin se impone militarmente frente a sus narices y frente a Europa que tiene una posición ambigua pero finalmente obediente a los poderes de occidente.

En nuestra región les preocupa el avance comercial y diplomático de China y en Honduras les preocupa más la inestabilidad política y crisis económica, eso provocaría en cualquier momento una nueva oleada migratoria que también contribuiría a desalojar al inquilino de la Casa Blanca, muy probablemente para entregarle el poder a Trump.

Al momento, el gobierno de Biden demuestra apoyo a la transición de Gobierno, han estado presentes en la opinión pública diariamente por las extradiciones del expresidente Juan Orlando Hernández, los miembros de su cártel de la droga y la máxima dirigencia de su partido.

La conciencia nacional espera con ansias la venida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que ya ha solicitado a Naciones Unidas el gobierno de Xiomara Castro; a su vez la gran expectativa es lo que ocurrirá con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, que también ha estado dirigidos por la misma cúpula criminal. ¿A ellos también los extraditarán los norteamericanos?

La crisis heredada en el sector energético en el país y su complemento por el conflicto bélico ruso – occidental, no son prometedores con respecto a una recuperación inmediata de la economía nacional por hablar de un factor a considerar.

Sin embargo, y sin ser demasiado optimista, una vez se retome el control del aparato estatal se verán las sustanciales diferencias entre la visión neoliberal oligárquica y del capital trasnacional, con la visión y compromiso del Socialismo Democrático impulsado por el gobierno de Xiomara Castro.

*El autor es dirigente del Partido Libertad y Refundación.

¿Qué impide a Honduras convertirse en el Hong Kong centroamericano?

* Hace cinco años, el Gobierno de Honduras aprobó una ley que preveía crear zonas especiales de empleo y desarrollo económico (ZEDE) con el objetivo de mejorar la situación económica en el Estado. No obstante, la migración masiva, la pobreza y la desigualdad indican qué sigue yendo mal en este país centroamericano.

Evgeny Gusev*

Según los datos de la CEPAL, en 2012, el 50,9% de los ciudadanos de Honduras vivían en condiciones de extrema pobreza y un 71,1% bajo la pobreza. Para luchar contra esta lacra y crear nuevos empleos, las autoridades hondureñas aprobaron en 2013 la ley de las zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE).

De acuerdo con esta iniciativa, las ZEDE habilitarían en su territorio un régimen fiscal especial. En particular, su administración gozaría de una cierta autonomía, ya que podría establecer su propio presupuesto, recaudar sus propios tributos y determinar las tasas que serían cobradas por los servicios.

La concesión de tales poderes es la razón por la que el proyecto ha sido duramente criticado en los medios de comunicación locales e internacionales. Sin embargo, a pesar de toda la crítica, con la aprobación de esta ley las autoridades hondureñas buscaban crear condiciones muy favorables para la inversión extranjera e impulsar la economía hondureña.

Si Honduras logra crear las primeras ZEDE, será el quinto país del mundo y primero en Centroamérica en implementar este plan, que ya había ayudado a desarrollarse a Emiratos Árabes Unidos, China —un esquema parecido fue aplicado en Hong Kong—, Corea del Sur e Irlanda, informa el periódico digital Hondudiario.com.

De acuerdo con el artículo 29, el aparato administrativo de las ZEDE, representado por el secretario técnico y el Comité para la adopción de las mejores prácticas, podrían fijar sus propios impuestos sobre la renta a las personas jurídicas —que no fueran superiores al 16%— e impuestos sobre el valor añadido —que no superaran el 5%—.

Claro está que una reducción tan considerable de tasas impositivas supondría una importante jugada dirigida a atraer el interés de los inversionistas extranjeros.
Por ejemplo, la tasa media del impuesto sobre la renta de personas jurídicas en América Latina constituía el 27,6% un año antes de que se aprobara la mencionada ley en Honduras.

Estos planes de crear un entorno impositivo tan favorable podrían haber estado detrás del aumento de la inversión extranjera directa que se produjo en 2017. El año pasado, la inversión extranjera directa creció un 10% en los sectores de servicios financieros, industria y logística de Honduras.

A pesar de tales perspectivas y las expectativas de crecimiento económico, este país centroamericano está lejos de ser considerado un paraíso, al menos para sus propios ciudadanos.

Esta suposición puede confirmarse por el hecho de que, en octubre de 2018, miles de hondureños llegaron a México tratando de huir de la pobreza, la violencia y la desigualdad, que siguen siendo problemas muy candentes en la sociedad civil de Honduras.

Según los datos de un informe, citado por la agencia EFE, el 43,7% de hondureños vive actualmente en la pobreza, y el 23,3% permanece en la pobreza extrema, mientras que la tasa de homicidios en Honduras ronda los 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Aunque la tasa de homicidios se ha reducido considerablemente en los últimos años, todas estas cifras no encajan en el ambicioso proyecto de las ZEDE.

Antes de crear las condiciones idóneas para la llegada de empresas extranjeras, las autoridades hondureñas deberían acabar de una vez por todas con el mal que destruye su Estado desde dentro: la corrupción.

Sin embargo, se puede deducir que todos los esfuerzos aplicados hasta ahora por Tegucigalpa en este ámbito han sido insuficientes, dado que, en 2017, Honduras cayó en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del puesto 123 —que ocupaba en 2016— al 135.

Hoy en día, el caso de Honduras puede presentarse a través de un ejemplo de la vida cotidiana. Si un recipiente tiene grietas en el fondo es imposible llenarlo por completo.

De esta manera, por más que se esfuercen las autoridades hondureñas para mejorar el bienestar de sus ciudadanos por medio de la creación de nuevos empleos con ayuda de las ZEDE, no serán capaces de hacerlo sin erradicar previamente la corrupción y eliminar la desigualdad que reinan en la sociedad hondureña.

Una vez solucionados estos problemas o disminuida su influencia, su plan acerca de las ZEDE podría tener todas las posibilidades para salir airoso. Si no, estará condenado al fracaso.

*Sputnik

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