El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes desaparecieron hasta el día de hoy, en uno de los capítulos más oscuros de la historia de México.
A tres años del hecho, la causa ya estalló fuera de sus fronteras. Los pueblos de América Latina se unen a sus padres, sus madres, sus hermanos y sus amigos, gritándole al mundo: Nos faltan 43.
Hoy se cumple el tercer aniversario de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la localidad de Iguala, estado Guerrero, al sur del país.
Ya son 1.095 días desde aquel en el que los jóvenes fueron atacados por policías locales y hombres encapuchados, dejando como saldo seis muertos y 43 desaparecidos.
El Caso de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, como se le conoce, ha dejado de tener hallazgos y/o avances significativos en las investigaciones del Gobierno mexicano.
Hasta el día de hoy, el paradero de los estudiantes sigue siendo no sólo un misterio, sino también un dolor convertido en bandera de lucha para sus padres, movimientos sociales y organizaciones que, sobre todo en este último año, han intervenido aún con más fuerza en México para conocer la verdad sobre su muerte y desaparición.
La noche infinita
De acuerdo con las primeras pesquisas, los normalistas, como cada año, se preparaban junto a otros estudiantes para asistir a la marcha del 2 de octubre, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco, ocurrida en 1968.
El día del ataque, los casi cien jóvenes viajaban en buses que previamente habían secuestrado para llevarlos a sus escuelas como un plan para asistir a la marcha que se efectuaría días más tarde.
Del centenar que iba repartidos en los vehículos, dos eran de tercer año, seis de segundo año, y el resto, estudiantes de primer año que iniciaban apenas sus estudios en la escuela rural.
El primer episodio de violencia ocurrió a las 21H30, cuando la policía interceptó los autobuses, atravesando una camioneta en la carretera.
Un grupo de alumnos bajaron de ellos para forcejear con los policías y lograr pasar, pero los uniformados abrieron fuego contra ellos, hiriendo gravemente a Aldo Gutiérrez Solano y matando a Daniel Solís Gallardo.
El resto de sus compañeros, huyeron a esconderse entre medio de los vehículos. Varios de ellos sobrevivieron. Los que no bajaron de los buses, fueron los que corrieron la peor suerte, siendo detenidos por la policía de Iguala.
El segundo episodio se registró cuando la noticia del primer ataque corrió veloz entre los compañeros que aún estaban en Ayotzniapa, quienes acudieron al lugar junto a profesores para ayudar a los estudiantes heridos o escondidos en el camino y denunciar la situación.
A eso de la medianoche, y mientras permanecían allí, fueron atacados por un grupo de policías que los repeló con ráfagas. Los jóvenes César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuente, fueron asesinados.
Paralelamente, en la autopista a Chilpancingo, a la salida de Iguala, otro piño de uniformados disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división, creyendo que era un bus secuestrado por los normalistas.
Los deportistas David García Evangelista, de 15 años de edad, Blanca Montiel Sánchez, pasajera de un taxi que pasaba por el lugar, y Víctor Lugo Ortiz, chofer del autobús que conducía a los jugadores murieron en la represalia.
Desde ese momento, a los 43 estudiantes que fueron secuestrados por la policía se les perdió el rastro.
Caso Impune
Desde el primer día, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) ha participado en la causa. Algunas naciones de la región se han sumado a la demanda, incluyendo a Venezuela, que llevó el caso a la ONU en junio de este año. Poco han pesado también los llamados internacionales de reconocidos artistas y organizaciones sociales y de derechos humanos.
Las investigaciones han seguido un curso ambiguo y arbitrario, según denuncian los querellantes, incluyendo varios episodios en los que el caso ha estado ad portas de cerrarse, en un constante desentendimiento por parte de las instituciones que, mutuamente, se responsabilizan del crimen.
Las críticas al rol del Gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto al desinteresado manejo del caso, han sido la tónica que marcaron estos últimos tres años; meses en los que los atropellos físicos y morales contra los familiares no cesaron. De no ser por el respaldo de organizaciones locales ajenas al Estado y presiones externas, la lucha de los padres y madres permanecería silenciada.
De hecho, más de 120 personas han sido detenidas durante la investigación, pero sólo 70 de ellas fueron formalizadas por su participación en los hechos, sin lograr concretar una responsabilidad directa ni tampoco esclarecer los sucesos posteriores a las detenciones y el paradero de los cuerpos de los estudiantes.
Es más, desde el secuestro colectivo, tres personas han encabezado la Procuraduría General de la República: Jesús Murillo Karam, Areli Gómez y, actualmemte, Raúl Cervantes. Todos ellos fueron severamente cuestionados por la forma en que han llevado las investigaciones.
El año 2017
FEBRERO
Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, exigieron un informe sobre el caso con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, y con el secretario de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio; pidiendo un avance de las investigaciones sobre el paradero de sus hijos.
Asimismo, el representante legal de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, informó que Fiscalía determinó sanciones contra siete funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre ellos su jefe, Tomás Zerón, acusado de manipular una escena del crimen en la que se hallaron bolsas con restos humanos; iniciándose un procedimiento administrativo contra Zerón, por parte de la Fiscalía General de México.
MARZO
Antes los nulos avances, la Asamblea de Padres de los 43 normalistas, difundieron un vídeo a través de las redes sociales en el que comunicaron su decisión de acudir a la CIDH, en vista de que la PGR «no ofrecía garantías de respuestas a los planteamientos de la reunión del pasado 9 de febrero», según denunciaron en el registro audiovisual.
Además, los familiares de las víctimas denunciaron que el Gobierno federal había abordado la estrategia de «administrar y prolongar» el tema, develando su «clara intención de querer darle carpetazo» (cerrar el caso).
ABRIL
Fue detenido el presunto implicado en los hechos, Walter Alonso, quien tenía vínculos con efectivos de la Policía Municipal de Huitzuco, involucrada en la participación de los hechos ocurridos en Iguala.
El objetivo de los querellantes era que el implicado revelara la relación entre las policías municipales del estado de Guerrero con la organización criminal «Guerreros Unidos».
MAYO
La PGR investigó a ministros públicos y personal de la Policía Ministerial por ocultarle una libreta con nombres y teléfonos de mandos de seguridad al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
La investigación de la PGR buscaba determinar cuál era el uso que la organización criminal «Guerreros Unidos» le daba a la libreta en la que aparecían nombres de diferentes mandos de seguridad.
JULIO
Integrantes del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolpan, informaron las detenciones, hechas en meses anteriores, de sicarios de un grupo criminal, quienes supuestamente habrían reconocido su participación en la desaparición de los 43 normalistas.
Los sicarios eran integrantes de la banda dirigida por Taybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero. Entre los arrestados había un grupo de pistoleros apodados Los «Matanormalistas».
Durante el interrogatorio, los detenidos explicaron cómo se llevaron a 20 jóvenes presuntamente normalistas por senderos entre varios poblados, desde el municipio de Cocula, colindante con el de Iguala.
AGOSTO
La CIDH instó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a acelerar las labores de búsqueda y supervisó, durante una tercera visita oficial al país, el avance y cumplimiento de las medidas cautelares en favor de los normalistas y la constatación de las recomendaciones dadas por el GIEI para el caso. El organismo lamentó que a tres años de la desaparición de los 43, aún no se sepa su paradero. Los familiares de los jóvenes manifestaron «su frustración por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos, y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia», aseguró la defensa de las familias.
SEPTIEMBRE
El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón, dijo que los 43 normalistas, fueron privados de libertad y calcinados por el grupo «Guerreros Unidos». «No tendríamos porqué cambiar algo que estuvo bien hecho, algo que en tres años no ha tenido modificación. No voy a entrar mucho en esa dinámica, porque sigue la procuraduría, como Función Pública, hay un amparo que se encuentra. Vamos a esperar a que deslinden responsabilidades. Sin embargo, estoy convencido de lo que hicimos», comentó Zerón respecto a los procedimientos realizados en su administración.
El presidente de la CIDH, Francisco Equiguren, indicó que, pese a haber avances, aún hay dos tareas que aún no se han concretado: una sanción ejemplar para los responsables del crimen y la información del paradero de los normalistas y una sanción ejemplar para los responsables del crimen; «de ellos, o de sus cuerpos», acotó Equiguren.
Sus declaraciones van de la mano con las brindadas por la relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, quien confió en que para finales de 2017 ya haya respuestas concretas sobre los jóvenes secuestrados en 2014.
Lo que viene
Según las reuniones sostenidas entre el GIEI y la PGR hace cuatro meses, el Gobierno comprometió entre agosto y octubre de este año el cumplimiento de nueve puntos -incluyendo los cuatro solicitados por los familiares- sobre las investigaciones del caso:
- La investigación exhaustiva del trasiego de droga entre Iguala (México) a Chicago en Estados Unidos (EE.UU.), como móvil de la agresión.
- La detención de policías federales, municipales y ministeriales de la ciudad de Huitzuco, donde desaparecieron al menos 25 estudiantes en manos de estas autoridades, según investigaciones.
- La probable participación del Ejército del 27 Batallón de Infantería por los hechos 26 y 27 de septiembre de 2014.
- Las líneas telefónicas de los más de 17 celulares de los alumnos que continuaron activas luego de sus desapariciones.
Ante la promesa, las palabras emitidas en ese entonces por Vidulfo Rosales, abogado de las familias, cobran hoy la fuerza de un triste vaticinio de desesperanza: «Que quede claro, no estamos hablando de investigaciones que se están iniciando (…) No son asuntos nuevos, no son expedientes que se van a iniciar el día de hoy, son expedientes que se traen desde el año pasado, desde hace dos años o más». En efecto, a un mes del plazo perentorio, las investigaciones comprometidas en las nueve líneas, sólo alcanzaban un 30% a principios de septiembre. Además, el 1 de julio de 2018 se celebrarán en México las elecciones presidenciales, comicios en los que el Partido Revolucionario Industrial (PRI) enfocará su calendario en preservar la administración ejecutiva, sumado a una necesaria reconstrucción del país, tras los devastadores daños materiales y emocionales del Huracán Irma y los dos recientes terremotos de septiembre; desplazando en la agenda política a una ya desplazada demanda por la verdad y justicia de los 43.