En lo que a todas luces se percibe como una táctica dilatoria, Colombia interpuso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dos contrademandas contra Nicaragua como una desesperada respuesta a las dos demandas que nuestro país también introdujera en ese máximo tribunal mundial por violación de sus zonas marítima y la solicitud de 200 millas de plataforma náutica en su costa del Caribe.
Aunque la CIJ admitió las dos contrademandas, ese órgano de la ONU había rechazado ya cinco tesis que Colombia presentó para que la Corte se declarara incompetente en el primer caso, en el que Managua acusó a Bogotá de violar la obligación de no usar la fuerza o amenazar con usarla y no transgredir las fronteras marítimas nicaragüenses, marcadas por la misma Corte en un fallo inapelable de noviembre de 2012.
En esa decisión, la Corte dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés y otorgó a Nicaragua una franja marítima en esa zona. Colombia alegó que la CIJ no era competente en el caso porque se retiraron del Pacto de Bogotá, un instrumento vinculante firmado en 1948, en el que los países partes deben resolver sus disputas por medios pacíficos y reconocen la jurisdicción de ese organismo.
La CIJ consideró que Colombia incumplió con los requerimientos de tiempo estipulados para renunciar al Pacto de Bogotá al intentar hacer inmediata su salida cuando inició el proceso en su contra. En la segunda demanda, Managua argumentó que cuando la CIJ delimitó la frontera marítima entre ambos países en noviembre de 2012 no especificó nada sobre la plataforma continental, mientras que Bogotá consideró cerrado el caso.
Resulta que ahora, a través de un comunicado, la Cancillería colombiana aduce que la dos contrademandas se basan en que “Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago (San Andrés y Providencia), en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales”.
En tanto, el experto en derecho internacional Mauricio Herdocia opina que el gobierno de Juan Manuel Santos no tiene asidero legal para ganar la demanda, ya que Colombia con estas contrademandas lo que quiere es abrir agujeros a la sentencia de noviembre de 2012 (que Nicaragua ganó en la CIJ)), “estas pretensiones no son nuevas, desde que se dio a conocer ese fallo se dejó claro los derechos (de pesca) de las poblaciones de raizales” indicó.
Herdocia reiteró que la sentencia de noviembre del 2012 es bastante clara y firme en relación a los derechos concedidos a Nicaragua, estableciendo los derechos marítimos en los cuales nuestro país ejerce su jurisdicción. Asimismo, el jurista enfatizó que la repuesta de Nicaragua fue que siempre dentro del marco de la soberanía nacional se podía conceder ese tipo de permiso para la pesca de las poblaciones de raizales.
En ese sentido, Herdocia afirma que dicha sentencia no contiene ninguna referencia a derechos históricos ancestrales ni de pesca por parte de las poblaciones raizales y en ningún momento Colombia planteó ese asunto cuando se debatió el caso ante la Corte Internacional de Justicia y “por eso creo que se trata de una táctica dilatoria en la que Colombia trata de abrir un agujero al fallo del año 2012”.
La verdad –agrega el especialista- es que Colombia actúa contradictoriamente porque siempre mantuvo la posición de que el fallo de 2012 era inaplicable y por otro lado sostiene que en el mismo le conceden derechos históricos y tradicionales de pesca a las poblaciones raizales, “entonces, es una contradicción tremenda, la verdad es que la sentencia ya estableció las respectivas jurisdicciones para los dos Estados y más allá de eso es violentar dicha sentencia”, subrayó el experto nicaragüense.