Como si la Ley Magnitsky no fuera lo suficientemente injerencista, en el Congreso de los EEUU se “está cocinando” un anteproyecto como complemento de esta nefasta disposición legislativa, con el que autoridades de ese país pretende citar en los tribunales a bancos extranjeros que mantengan cuentas de corresponsalía con esa nación norteamericana.
El proyecto 1241, también conocido como “Ley para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la falsificación 2017”, fue discutido en noviembre del año pasado en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado. En mayo, el impulsor de la ley, senador Chuck Grassley, manifestó que este proyecto “actualiza al siglo XXI las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero”.
El invasivo anteproyecto de ley, que actualmente se encuentra en el Senado de Estados Unidos, tiene como objeto obligar a bancos extranjeros que tengan corresponsalías de instituciones financieras estadounidenses a aportar pruebas en investigadores realizadas en Estados Unidos.
La sección 15 de dicha ley obliga que cualquier banco extranjero que tenga corresponsalía de un banco estadounidense, pueda ser citado a los tribunales de ese país y si se le solicita, debe proveer registros bancarios de sus clientes.
El documento especifica que la información se debe proveer en un lapso no mayor a siete días después de recibir la solicitud, y que los bancos no deben informar a sus clientes que entregarán dicha información.
Por si fuera poco, en caso de que los bancos extranjeros con corresponsalías de Estados Unidos se nieguen a brindar la información solicitada por los agentes de la ley, estos podrían ser sancionados con US$250,000 o el doble del monto del que se tiene sospechas que haya sido enviado a través de la cuenta corresponsal del banco extranjero.
Además, si a las autoridades del Departamento de Justicia se les ocurre, el Fiscal General de ese país podrá obligar a todos los bancos estadounidenses a terminar su relación de corresponsalía con el banco extranjero que no colabore en los procesos de investigación que se realicen en Estados Unidos.
Como una gastada justificación, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) señala que “los esfuerzos para cambiar el marco (legal) de EE. UU. se están fortaleciendo a medida que los grandes bancos, grupos anticorrupción y las autoridades de aplicación de ley se unen para abordar algunos agujeros en el sistema financiero de EE. UU., que lo exponen al abuso por parte de los delincuentes”.
De llegar a aprobarse la ley, de acuerdo a la ACFCS, “requerirá que muchas instituciones financieras extranjeras destinen recursos para cumplir con las citaciones de Estados Unidos y expondrá las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes a un mayor escrutinio por parte de las autoridades de EE. UU”.