Colombia ha sido la cuna de tantos carteles –el de la contratación, el del papel higiénico, el de los pañales, el de la hemofilia, entre otros más– que el término hace un buen tiempo se convirtió en sinónimo de corrupción. Por eso, cuando este martes el procurador general Fernando Carrillo denunció el cartel del sida, estaba implícito que se podría tratar de una nueva manera de desfalcar las arcas públicas.
En términos sencillos, el funcionario reveló que en el departamento de Córdoba, al norte del país, el Estado –bajo el sistema de salud– estaba pagando tratamientos a pacientes que no existen o están muertos. “El modelito del cartel de la hemofilia se repite en el caso de los pacientes del sida. En los mismos pagos de tratamientos en el caso de pacientes inexistentes o muertos se han descubierto, tenemos varias denuncias”, sostuvo Carrillo.
“En este caso lo que se ha encontrado son pacientes inexistentes o pacientes muertos y ese es el tema que ha desangrado las arcas del sistema de salud”, agregó. Y explicó que los primeros reportes demuestran que podría tratarse de más de 800 casos, en los que cada paciente costaría hasta 600.000 pesos al mes (210 dólares).Según explicó, “parece que esos pagos en el cartel del sida, como ya coloquialmente se llama, obedecen a pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud o normalmente fallos de tutela”, es decir a los procesos con los que se debería desembolsar el dinero. “Se trata de pacientes del régimen subsidiado en algunos casos, las EPS pagaban a la caja y el departamento pagaba a la caja, ese era el sistema para desangrar los recursos en el caso de los pacientes del sida”, completó.
El cartel de la hemofilia, al que hizo referencia el procurador, fue otro caso sonado de corrupción, en el que la gobernación de Córdoba habría pagado más de 1.500 millones de pesos (unos 525.000 dólares) a una IPS para atender a 14 pacientes falsos supuestamente diagnosticados con hemofilia, según el Ministerio Público.
Y esta referencia es importante porque la Procuraduría suspendió temporalmente al gobernador Edwin Besaile Fayad el pasado 18 de enero por estos hechos y porque, indicó Carrillo, el desfalco en el cartel del sida alcanzaría ser mucho más grande que en el de la hemofilia, para el cual calculó unos 50.000 millones de pesos en total, alrededor de 17,5 millones de dólares.
También señaló que los primeros hallazgos comprometen la actual administración de Besaile. CNN intentó contactar a la gobernación para que comentara sobre esta historia pero no consiguió comunicarse.
Frente al fallo de la Procuraduría, en el que lo suspenden por tres meses por las supuestas irregularidades con los pacientes de hemofilia, Besaile emitió un comunicado de prensa señalando que respeta la decisión pero no la comparte “por considerar que constituye una violación al derecho de defensa y al debido proceso”. Además, añadió Besaile, por una recusación que él mismo hizo para declararse impedido en dichos hechos, “la medida de suspensión del cargo se torna innecesaria y excesiva”.
El procurador Carrillo, durante su conferencia de prensa, aclaró que las investigaciones aún están en curso y que la entidad que lidera va “revisar absolutamente todos y cada uno de los contratos” en el departamento.