Una tesis ya bastante repetida, pero que suma mayores dosis de realismo al escenario actual: a medida que los partidos opositores hacen visible su incapacidad para dirigir el frente interno de la operación de cambio de régimen, las potencias occidentales asumen la vocería y el curso de las acciones contra Venezuela. Cada vez de forma más agresiva y brutal.
La semana pasada el jefe de la CIA, Mike Pompeo, confesó en un foro del think-tank neoconservador American Enterprises Institute que el aparato de inteligencia que dirige trabajó codo a codo junto a Trump los componentes operativos de las sanciones contra Venezuela.
Los medios internacionales que reseñaron el pronunciamiento extrajeron la parte más rentable para su parrilla, encubriendo los detalles que por casi una hora ofreció Pompeo sobre el trayecto que dio pie a la institucionalización de sanciones financieras mediante una Orden Ejecutiva (13692) y varias designaciones de la OFAC/Departamento del Tesoro a más de 30 funcionarios de alto nivel del Estado venezolano.
Para instrumentar las sanciones la CIA, según su máximo jefe, preparó sendos informes sobre el estatus actual de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y su relación con el poder ejecutivo, de igual forma se elaboró un mosaico sobre los puntos débiles en la deuda externa en cuanto a tiempos y capacidad de pago del país, en busca de una mayor efectividad que se traduciría no sólo en forzar una situación de default, sino distorsionar el esquema de comercio internacional de Venezuela en productos básicos como alimentos y medicinas.
Quizás por el aplastante flujo de (des)información en Venezuela, donde acontecimientos claves pueden ser remontados por alguna irrupción «noticiosa» de sucesos ligados a la farándula o del espectáculo, las declaraciones del jefe de la CIA pasaron por el redil de la indiferencia, promovida interesadamente por las nuevas tecnologías de la información con respecto a la política. Y eso también forma parte del plan: la individualización como proceso sistémico (el opuesto absoluto a la política) es la última pincelada de la gran obra del poder global para suprimir los vasos comunicantes de la sociedad.
De lo que dice Pompeo se desprenden, al menos, tres signos que van enmarcando el conflicto político, y su transnacionalización consciente por razones geopolíticas urgentes, luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el descalabro de la oposición interna:
1) La confesión de la CIA es un reflejo de que el poder duro (le llaman Estado profundo al cónclave de grandes corporaciones que deciden la política exterior de las potencias) deja atrás a la diplomacia, y en el mejor de los casos le impone sus ritmos y formas de ejecución,
2) que organismos de seguridad estadounidenses entren en juego frontal devela que el enfoque de las sanciones y sus derivaciones en el terreno corresponden a un laboratorio prebélico, donde la vida de la población y el Estado-nación se vuelven objetivos a ser destruidos por mecanismos de poder real (interrupción de suministros alimentarios, sanitarios y financieros), forzando un escenario de intervención preventiva por «razones humanitarias»; el tan anunciado «colapso» final,
y 3) las agencias del poder ejecutivo de EEUU y el Congreso se ajustan a un punto de giro operativo y narrativo donde «la salida» a la cuestión venezolana es transnacional y a la fuerza; las elecciones y el Estado en ejercicio (la Constitución nacional), en cuanto práctica social y marcos simbólicos de la nación venezolana, se transforman en obstáculos para desarrollar el plan de fondo. La Administración Trump es básicamente una Junta Militar. Por esa razón el «fraude» cantado a los minutos de haberse anunciado que se convocarían próximamente las elecciones presidenciales.
La creación de «Soy Venezuela» como vanguardia ideológica de la «intervención humanitaria», nombrada ya sin ningún tapujo pues saben que desde el Congreso recibirán algunos aplausos, debe verse como la ampliación de ese frente. El vértigo que implica el aumento de las sanciones también requiere aparentar cierta venezolanización.
El Departamento de Estado acata las órdenes
A través de una videoconferencia a periodistas de varios medios, un alto funcionario del Departamento de Estado, referido sin mayores detalles como «Oficial del Departamento de Estado Mayor», ofreció algunos detalles sobre la gira que prepara el Secretario de Estado, Rex Tillerson, por Latinoamérica a partir del 1° de febrero. En la programación está pautada visitar México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica, en donde se reunirá con las principales autoridades y el cuerpo diplomático de países que forman parte del Grupo de Lima.
Como dato fundamental: esta gira se realiza a pocos días de que China, calificada como una de las principales amenazas para EEUU en su Estrategia de Seguridad Nacional y de Defensa del año 2018, presentara oficialmente su proyecto Iniciativa de la Franja y la Ruta en el II Foro Celac-China. Un dato que no es menor, dado que China viene aumentando su influencia financiera en la región y desplazando a EEUU como principal socio comercial, donde Venezuela figura como un pivote estratégico para la proyección del gigante asiático.
Los periodistas interrogaron al «Oficial» sobre los diversos temas que trataría Tillerson en la gira. Las laberínticas negociaciones sobre el TCLAN con México, el aumento de la producción de drogas en Colombia y otras negociaciones sobre la apertura de mercados para las exportaciones estadounidenses asoman llevarse buena parte de la agenda, aunque el tema Venezuela entrará por la cornisa y a la fuerza en las primeras planas de la prensa mundial.
Así lo hizo ver en medio de las preguntas, debido a que el marco de desconfianza e incertidumbre que ha generado la Administración Trump en los países de la región pueden competir en condiciones de igualdad con el forzado tema venezolano en términos de pertinencia.
A una pregunta de la periodista María Molina, de Radio Colombia, sobre la efectividad de las sanciones contra Venezuela, respondió: «La campaña de presión está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto al Gobierno venezolano lo han obligado a comenzar a caer en default, tanto en deuda soberana como de PDVSA, su compañía petrolera.
Y lo que estamos viendo (…) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona (…)». La declaración un crimen brutal. Y también un mensaje para intentar debilitar la mesa de diálogo en República Dominicana.
También resalta (con cierto tono de euforia) las sanciones coordinadas con la Unión Europea y la creación del Grupo de Lima, a modo de configurar una coalición que acompañe y aumente la capacidad de daño de la agenda de sanciones de EEUU.
De esta forma EEUU reconoció una obviedad, pero que suena distinta cuando emana de la boca del poder: las sanciones impuestas contra Venezuela no tenían como objetivo «restaurar la democracia» u ofrecer incentivos para una «negociación seria» con la oposición, sino el colapso financiero y económico del país para enfilar una situación de caos perpetuo que pudiera abrir una salida militar.
La privación de alimentos y medicinas, el boicot del dólar paralelo y el bloqueo financiero, son pasos previos y reconocen sus ejecutores que van por buen camino. Y ya el tiempo de ocultar las agendas pasó.
Mientras tanto el Congreso de EEUU ya aprobó en su cámara baja un proyecto de ley de «asistencia humanitaria» a Venezuela, que obliga a la diplomacia estadounidense a buscar en el Consejo de Seguridad de la ONU las medidas coercitivas que permitan hacer llegar esa «ayuda» bajo mecanismos militares y privados. El Departamento de Estado reconoce que las políticas de sanciones representan un conjunto de agresiones previas para que dicha ley imponga como única opción viable para Venezuela. Un cuadro que parece estar lo suficientemente cerrado.