La dirección republicana acepta la propuesta de Trump de legalizar a 1,8 millones de «dreamers», a cambio de aprobar una partida de 25.000 millones de dólares para la construcción de su ansiado muro en la frontera con México.
El principio de acuerdo no garantiza nada, pero es un primer paso en el laberíntico tránsito que recorrerán las negociaciones iniciadas ayer en el Congreso. En la cuenta atrás hacia el 5 de marzo, el último día de protección para los 800 mil hijos de indocumentados que entraron en EEUU como menores y que se acogieron al programa DACA.
El consenso inicial supone incorporar a un millón de inmigrantes más, aquellos que pese a ser «dreamers» no se apuntaron a la protección que ofrecía la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Es el señuelo con el que Trump, en su redoblada apuesta, pretende seducir a los demócratas y asegurarse el dinero para el muro.
El presidente Trump “contribuyó” ayer al inicio de las conversaciones con su particular presión a los congresistas: «¡Esta es nuestra última oportunidad para resolver el rompecabezas del DACA después de tantos años! ¡No habrá más! ¡5 de marzo!».
Nadie oculta que el proceso negociador sobre inmigración que iniciaron republicanos y demócratas en el Congreso se enfrenta a múltiples recovecos, los que obligaron a los legisladores a desvincular su contenido de la ley presupuestaria para poder acabar con la amenaza de cierre del Gobierno Federal. La complejidad se acrecienta ahora por las tres semanas escasas de plazo y por la exigencia de una mayoría reforzada en el Senado (sesenta de cien).
Esto se traduce en que la ley de inmigración sólo saldrá adelante con un pacto bipartidista, de los líderes de la mayoría y la minoría. Y puede que ni eso sea suficiente. En un país donde la disciplina de voto no se exige, los trepidantes episodios vividos últimamente en el Congreso han alimentado la creación de un caucus compuesto por decenas de legisladores de ambos partidos, que, bajo el apelativo «Sentido Común», intentan erigirse en árbitros en la tramitación de las leyes.
A ello ha contribuido la caótica atomización en cada partido, que volverá a surgir con la ley de inmigración como un nuevo reto. Entre los republicanos, los más conservadores rechazan la legalización de los «dreamers», que tachan de «amnistía».
También entre ellos han surgido críticos con la construcción del muro, especialmente quienes recuerdan la promesa de Trump de que no iba costar «ni un dólar a los estadounidenses».
Los moderados reniegan de un proyecto que creen disparatado en presupuesto y en complejidad y se apoyan en la opinión de muchos expertos de la zona de la frontera con México, que advierten las numerosas reservas naturales que pueden verse afectadas al levantar un muro de cinco o seis metros de hormigón, en un ancho de terreno de cientos de metros y a lo largo de mil 900 kilómetros.
Esta teoría es compartida por los demócratas, que ya por principio se niegan a respaldar una versión tan agresiva del cierre de las fronteras. A cambio, insisten en la combinación de vallas de metal con un refuerzo de la vigilancia, tanto en recursos humanos como técnicos. Aunque la minoría en el Congreso muestra también discrepancias internas que deberá solventar.