Durante los primeros ocho meses del 2012, la Unión Europea financió al Instituto de Estudios Económicos y Políticas Públicas (IEEPP), para que realizara actividades destinadas a “instruir” a diversos organismos reconocidos por sus acciones dirigidas a fomentar la desobediencia civil, y en ocasiones, hasta actos de violencia en contra de los Poderes de Estado.
Entre estos organismos están los infaltables Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras) y su hijo legítimo el Movimiento por Nicaragua (MpN), acompañándolos los putativos Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y la Red de las Mujeres contra la Violencia.
De acuerdo a un informe del propio IEEPP, con estas actividades no solo se trataba de apoyar las acciones improcedentes y anti cívicas que realizan estos grupos, sino de mejorarlas y para ello les anunciaron que desde el 2013 iban a contar con algo que denominaron “Fondos de Defensa y Protección para los Defensores (as)”
También se les informó que a este fondo podrían acceder todas aquellas organizaciones de la “sociedad civil” que por diferentes causas o tipos de situaciones lo necesiten. Como es de esperarse, todas las organizaciones se mostraron interesadas y comenzaron a llover comentarios de la difícil situación en que pasan muchos de sus “defensores (as)”.
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