Ya son varios días de manifestaciones violentas en la nación. Tanto el perfil del mensaje político como el comportamiento de los medios, además del empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la propia historia de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en distintas oportunidades, indican que estamos en la presencia de un nuevo intento de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores.
Con respecto a los objetivos y su pragmática global, nada nuevo. Socavar la paz de Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de acoso geopolítico se dibujan como los propósitos inmediatos de la operación.
Insurgencia 2.0
Roberto López, presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunció el lunes 16 de abril una serie de reformas con el fin de aumentar los aportes de trabajadores y empleadores a la seguridad social, también informó sobre la creación de un tributo especial a las pensiones del 5%.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba «incertidumbre» y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.
Que específicamente este sector haya sido el primer doliente debería decirnos bastante sobre el cuerpo de «demandas» e intereses que inicialmente promovieron las manifestaciones. Un evidente ejercicio de solidaridad de clase. El país todavía hasta ese día estaba en calma total.
Al día siguiente de la información de las reformas surgió una cuenta en Twitter llamada #SOSINSS, el nombre en sí genera dudas sobre la razón particular de vincular la señal internacional de socorro (recurso operativo típico de las revoluciones de colores en redes sociales) con el Instituto de Seguridad Social. Su propio curso de acciones disiparía toda sospechas 24 horas después.
En principio moldearon el sentido político que promovería la agitación. Las publicaciones iniciales construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a las reformas, que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se colocaba en aparente confrontación con el Estado, razón por cual tenía un sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.
Este relato configuró un esquema de apoyo público inicial en los sectores medios y bajos a los intereses de la clase empresarial que luego se ampliaría hacia los medios locales (Confidencia, La Prensa, entre otros) y los internacionales (CNN, Reuters, BBC, El País, etc.).
Después saltaron a instrumento de movilización y convocatoria. Apartando cualquier responsabilidad se volcaron como medios de difusión y convocatorias de «plantones» en edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del INSS, los cuales se transformarían en los puntos de partida de una violencia callejera en ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del #SOS. Los conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida pero focalmente.
El uso de esta cuenta parece haberle permitido a agitadores profesionales y sus nexos con capas de la criminalidad operar con flexibilidad en el terreno, suprimir la identificación con algún frente político ligado con la oposición nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje de una acción ciudadana acciones de violencia extrema contra centros de salud, sedes de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios gubernamentales. Ya el jueves y viernes el país estaba en tensión y trifulcas callejeras.
Los «plantones» no sólo fueron expandiéndose hacia varios puntos de la geografía nacional (en 8 departamentos aproximadamente), sino que fueron mutando progresivamente a cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de armas de fuego no convencionales para el intensificar el choque fuerza de seguridad, la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque armado contra distintos espacios públicos.
La cuenta #SOSINSS, que ya había cumplido su papel como articulador de las protestas y convocante de primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad hacia el control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como víctimas a los actores que protagonizaban los choques con la fuerza pública y servir de fuente primaria para la prensa internacional, un aspecto fundamental en la posterior cartelización de cifras manipuladas en torno los hechos.
Protestas marca USAID, criminalidad y el discurso del cambio de régimen
Como parte de la cartilla globalizada que describe una revolución de colores, las protestas en apariencia han sido ciudadanas, protagonizadas por los jóvenes, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y en principio con fines reivindicativos.
Lo que empezó con algunas manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS adquirió un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de colores en busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado y lo coloquen en una situación defensiva.
En lo narrativo parece estar la intención de configurar un frente político (postmoderno) donde puedan articularse un conjunto de «demandas» gremiales prefabricadas por la USAID, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de la oposición ampliando su base de apoyo político hacia «la juventud» y los «descontentos». Es por esa razón que las protestas tienen un corte juvenil y universitario, son los extras que necesitan para desviar la atención de los grupos armados que inflingen los ataques más graves.
Porque el signo USAID en este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua no sólo está en el profuso financiamiento que entrega a organizaciones políticas opositoras y ONG locales, fondos que pudieron tener como destino probable el adiestramiento en tácticas de subversión y guerra urbana. Un total de 31 millones de dólares entregados nada más en 2016 han recibido bajo la cobertura de «Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil».
Eslogan que puede ser útil para útil para promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país.
Este aspecto representa la porción más grande del financiamiento a estas organizaciones gestionado por la USAID en Nicaragua, esta institución resalta públicamente que el dinero entregado tiene como finalidad desarrollar la gobernanza civil utilizando los medios de comunicación en el país centroamericano.
En esa exposición de motivos se ubica la sustancia política marca USAID en el curso de las protestas violentas. Muestra de ello es el Departamento de Estado de EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente en las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua, emplea una narrativa de promoción de la libertad de expresión, la democracia y de mayor participación de la sociedad civil como condiciones «naturales» que deben imperar, animando claramente a la oposición a socavar el gobierno de Ortega mediante el uso de los medios de comunicación y con manifestaciones violentas.
La utilidad práctica de la «gobernanza» a la que se refiere la USAID.
Como si se tratara de una imagen pasando por una fotocopiadora, los primeros «plantones» que rechazaban las reformas del INSS mutaron hacia un movimiento insurreccional que justifica su existencia en las mismas demandas del Departamento de Estado, agregando por supuesto la agenda «anticorrupción» y la ausencia de libertad de expresión, que también provienen de la oferta de productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia reivindicativo, la razón política de la movilización se trasladó hacia exigencias de cambio político.
Y es que detrás de esa neolengua presentada como escala de valores indispensable para cualquier sociedad (la democracia liberal, la libertad de expresión, etc.), que pasa por encima del contexto cultural y político de cada país, se camuflan los nuevos atributos del poder global: la ampliación de la zona de control y sometimiento sobre el cuerpo social, político, económico e institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas (ONG, medios de comunicación, programa de cooperación económica privada, etc.) que pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la sociedad a las preferencias del capital financiero transnacional.
Geopolítica: El Canal, la Nica Act acelera los motores y la avaricia del «poder blando»
A diferencia de las protestas, también violentas del año 2015, dirigidas a simular un escenario de rechazo generalizado al Canal Interoceánico, estas de 2018 reflejan un cambio de naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles de los últimos años de financiamiento de la USAID: el adiestramiento y proliferación de los medios y las redes sociales en Nicaragua fueron armas utilizadas para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera vez con ese nivel de eficacia, capacidad y resonancia.
En aquel momento fue el Movimiento de Renovación Sandinista, quien buscaba perfilarse como una opción electoral seria para la oposición, la cara visible que organizó parte de las movilizaciones y asumió una pronunciada direccionalidad política.
Una realidad totalmente contraria a la luz de un movimiento de laboratorio que emergió de las redes sociales, que se organizó en la calle con agitadores con conexiones no visibles, adquirió un barniz juvenil y encontró su propia forma de oxigenarse empleando rumores y operaciones de propaganda para ablandar a las fuerzas de seguridad e inducir mayor inestabilidad.
Es así como se han agregado expresiones musicales juveniles y frentes de estudiantes universitarios como vanguardia ideológica y moral, y sobre todo como coberturas gremiales, de la operación de cambio de régimen. Sensibilizar a la opinión pública y utilizar las redes sociales para glorificar la violencia, toda vez que en el terreno los agentes criminales hacen el trabajo sucio, forma parte del manual global de las revoluciones de colores. Nada nuevo, salvo la adaptación de sus fines en lo local.
En tanto método de laboratorio sus objetivos son múltiples y no caminan siempre en una dirección lineal, sino adaptado a las condiciones y límites del Estado-víctima. Es por eso que las manifestaciones violentas no parecen tener un objetivo final en sí mismo, más bien podrían apuntar a generar condiciones de inestabilidad y «rechazo» interno con la suficiente resonancia para impulsar una operación de acoso geopolítico.
Por esa razón han concurrido a respaldar el choque violento en las calles y a tildar como «violenta» la contención de las manifestaciones, ONG de la talla (por su presupuesto en dólares proveniente de Estados Unidos, nada más) de Amnistía Internacional de Human Rigths Watch, ambas escoltadas por la Secretaría General de la OEA, la Unión Europea y los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica.
Por medio de esa persuasión se intenta estandarizar el tratamiento en torno a los choques callejeros, negando las propias coordenadas de la personalidad nicaragüense que asume la política con varios decibeles de intensidad, a su vez que glorifica como víctimas a los instigadores que dirigieron las manifestaciones a la violencia profesional.
Es probable que está maniobra interna pueda servirle al Senado de los Estados Unidos para acelerar la aprobación de la Nica Act, una ley dirigida a cerrar los canales de financiamiento del país en el sistema financiero internacional dominado por Washington. Según sus promotores, los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, entre otros, la razón de su aplicación es la falta de elecciones libres, violaciones a la Ley, los derechos humanos y la corrupción del Gobierno nicaragüense.
Ahora la oficialización del bloqueo financiero contra el país centroamericano podría venir bajo la excusa de defender a los manifestantes o para evitar una «mayor represión» por parte del sandinismo, haciendo uso de la ventaja comparativa que le da tener a la USAID como acto reflejo de la «sociedad civil» en «defensa de la democracia».
«No voy a dejar de defender la democracia, eso es parte de nuestra política y seguirá siendo parte de nuestra política», apoyándose esa misma premisa el embajador gringo Paul Trivelli se justificaba ante la prensa cuando 2016 ofrecía públicamente millones de dólares a todas las organizaciones que buscaran hacerle oposición, electoral o no, al gobierno de Daniel Ortega.
La capa fundamental de este nuevo intento de cambio de régimen en Nicaragua está parece estar atravesado por una condición inalterable y sumamente conflictiva: su ubicación geográfica y el interés binacional entre Nicaragua y China por construir un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá como única arteria comercial entre los dos océanos.
La culminación y entrada en funcionamiento de este mega proyecto en el mediano plazo significaría una pérdida tangible en el control financiero y comercial de Estados Unidos, lo que tendría implicaciones tanto en su posición de dominio sobre la región, como también en su estatus de rector comercial a nivel mundial justo cuando emprende una guerra financiera de larga duración contra China.
Lo que se está jugando Estados Unidos en Nicaragua es fundamentalmente la ventaja geoestratégica que desde principios de siglo XX le ha dado el Canal de Panamá. Y la urgencia geopolítica por impedir que el proyecto avance tiene su medida en el financiamiento entregado a la oposición durante años y la sobredosis de violencia armada en los últimos días. Es indispensable un cambio de gobierno en Nicaragua para colocar una nueva administración que desista del Canal Interoceánico.
No en balde uno de los ganchos narrativos de las manifestaciones es la oposición férrea al proyecto, un aval político prefabricado pero no por eso menos útil para que la Nica Act cierre los grifos de financiamiento hacia el Canal.
Lo atestiguamos en la Primavera Árabe, durante El Maidán ucraniano, en el marco de las protestas en Brasil y en 2014 y 2017 específicamente en Venezuela, las operaciones de cambio de régimen no culminan cuando lo hacen las protestas, sino que mutan y asimilan un conjunto de frentes que le dan una continuidad más agresiva desde el poder formal.
Lo ocurrido en los últimos días puede ser instrumentado para dar forma a sanciones económicas, complicar el posicionamiento diplomático del país y desmovilizar los objetivos políticos prioritarios del gobierno de Daniel Ortega mediante el acoso foráneo. Y esa es el cálculo inicial de fabricar una primavera a la nicaragüense adaptada a las capas de criminalidad y crimen organizado que tienen vida en el país y que pueden ser empleados si la agenda política propuesta se presenta como rentable.
Mientras esta etapa germinal va agarrando una tonalidad más sobresaliente, los medios locales e internacionales ya cometieron sus respectivos crímenes elevando la cifra de muertes a 10, cuando en realidad murieron cinco – entre ellos un efectivo policial y el periodista del Canal 6 Ángel Gahona- para luego trasladar la responsabilidad de todos los hechos al gobierno de Daniel Ortega mientras se finge demencia por los daños humanos y materiales generados por los grupos violentos. Ninguna de las víctimas participaba en las protestas.
La fábrica globalizada de fake news se pone a prueba en Nicaragua y al servicio de grupos armados profesionales que ejecutan actos de violencia extrema. Y la siguiente maniobra de los medios está en pleno desarrollo: crear un mártir que evite una desmovilización de la violencia y otorgue una carga simbólica para mantener la agenda a flote en caso de un reflujo. Pareciera que Ángel Gahona cumple con las características necesarias en medio de la urgencia por una muerte política que le dé cuerpo físico a la confrontación.
La clase empresarial por su parte hace suya la violencia en las calles y opera en función de lograr una concesión del Gobierno que luego sea vendida como una «victoria del pueblo». Esto nos deja una fotografía lo bastante nítida para describir la técnica política el golpe blando y/o revolución de colores.
Parafraseando: no se busca la caída del régimen por métodos directos, sino a partir del uso de las herramientas culturales, tecnológicas y políticas de la globalización, así como su propio discurso reivindicativo, para provocar un cambio político que no tenga las huellas de un poder extranjero.
«Un Estado y una política que no los deja constituirse como ciudadanos y un mercado que no les permite realizarse como consumidores (…) y si pudieran emigrar para mejorar sus condiciones de vida, lo harían».
Esto dice una nota publicada en el medio local El Confidencial, quien ha intentado manufacturar un carácter juvenil de las protestas. Más que una acotación al aire, es quizás una demostración de que la política marca USAID tiene una capa social donde calar culturalmente, pues cobran políticamente las crisis existenciales de la juventud emergente y globalizada, únicamente preocupada por el desarrollo de su «talento individual» y acomodarse en un lugar de «éxito» dentro de la sociedad de consumo global.
Es la vía del poder blando por donde avanzan los rasgos más distintivos de la destrucción de la conciencia nacional, de su cuerpo social y ético, el sandinismo y el chavismo bajo la misma zona de peligro en lo cultural.
Otro desagradable guiño con Venezuela, por cierto, donde la base opositora (centrada en la clase media) que también fue víctima de la revolución de colores, hoy se debate entre irse del país, pedir una intervención extranjera a gritos o frustrarse a sí misma absteniéndose en las próximas elecciones presidenciales, todo ese peso mientras siente en carne viva los daños económicos de la agenda posterior que resultó de las convocatorias de movilización y «plantones» que ella respaldó.
Traumas sociales que quedan sin resolver, toda vez que también sirve un activo político para un poder global igual de demente.
El porcentaje poblaciones de acceso internet en este país roza apenas el 19 por ciento, quedará esperar a ver si más allá de las redes sociales la grieta que dibujan los medios es tal o si su alcance ya es suficiente para que opere el poder de verdad que financió la violencia.