El juez ordena que el exmandatario y seis de sus excolaboradores permanezcan en prisión preventiva.
El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) y seis de sus excolaboradores han sido enviados este miércoles a juicio por la supuesta malversación de más de 300 millones de dólares —unos 254 millones de euros— del presupuesto estatal. El juez Rigoberto Chicas ha ordenado que todos los imputados se mantengan en prisión preventiva y sus bienes materiales y cuentas bancarias permanezcan embargados durante la fase final del proceso judicial que se inició en octubre de 2016.
Junto a Saca, la justicia salvadoreña ha enviado a juicio a su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes, y los colaboradores Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía sostiene que Saca y los demás implicados operaban una estructura desde la Presidencia que movió más de 300 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez. De estas cuentas, posteriormente retiraron al menos 116 millones de dólares en efectivo y, de ellos, blanquearon seis millones.
El juez estableció el pasado 16 de abril la audiencia preliminar contra Saca y el resto de acusados y programó para este miércoles la lectura de su fallo. «Tenemos que analizar y leer [la resolución] para ver qué elementos son objeto de apelación», ha explicado Mario Machado, el abogado defensor del expresidente.
El exmandatario, que gobernó bajó la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) entre 2004 y 2009, ha defendido su inocencia durante todo el proceso y este miércoles ha señalado que su futuro está «en manos de Dios». Si es hallado culpable, podría ser condenado a hasta 25 años de cárcel, según ha afirmado el fiscal Mario Huezo.
Saca es el segundo expresidente de la historia reciente de El Salvador en ser enviado a esa instancia judicial. El primero fue el difunto exmandatario Francisco Flores (1999-2004), que perteneció al mismo partido. Flores estaba acusado de malversación sobre un fondo de entre 10 y 15 millones de dólares que el Gobierno de Taiwán donó a El Salvador para ayuda social a los damnificados por el terremoto de 2001.
La corrupción en El Salvador se lleva cada año sumas millonarias en un país donde más del 40% de la población es pobre. Solo por evasión y elusión de impuestos no llegan a las arcas del Estado unos 2.000 millones de dólares, casi la mitad de los Presupuestos de la Nación.