La muerte de seis personas, incluidos dos niños, en un incendio provocado por grupos delincuenciales en esta capital, consternó a la sociedad nicaragüense, bajo acecho de una violencia desenfrenada hace dos meses.
Dicen quienes vivieron la dictadura de Anastasio Somoza antes del triunfo de la Revolución Sandinista (1979), que desde entonces Nicaragua no sufría hechos tan dantescos como el ocurrido contra esa familia.
El terror y el irrespeto por la vida humana invaden las calles de esta tierra de lagos y volcanes, donde erupcionan la violencia, el odio y el rencor azuzados por quienes pretenden desestabilizar el país.
Uno de los sobrevivientes al incendio, cuya identidad se abstuvo de revelar por seguridad, cuenta con tristeza que solo pudo salvar a dos primas, porque, al regresar, las llamas habían tomado la casa, mismo en el que funcionaba una fábrica de colchones con material altamente inflamable.
El negocio era de una familia sandinista del barrio Carlos Marx, en un sector asediado por vándalos desde el inicio de la crisis en el país. El joven, que pudo salir a tiempo de la vivienda de tres pisos, relató que delincuentes intentaron entrar con el pretexto de buscar supuestos francotiradores escondidos en la azotea.
Bombas molotov y morteros artesanales lanzados por individuos encapuchados, según refieren vecinos, trajeron la desgracia a esa familia, una de las víctimas de la ola de violencia, que ya cobró la vida de al menos 168 personas y provocó más de dos mil 100 lesionados, conforme a cifras oficiales.
Gran parte de la población vive en zozobra. Delincuentes con armas de fuego, morteros y bombas molotov realizan actos de terrorismo y propios del crimen organizado en varios departamentos, de acuerdo con la Policía. Los incendios, bloqueos de vías, agresiones y saqueos a la propiedad pública y privada se incrementan, pese al clamor por la paz.
El país atraviesa una crisis sociopolítica sin precedentes en las últimas décadas. La escalada de violencia estalló el 18 de abril en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
La espiral de violencia y los cierres de carreteras (tranques) generan severos daños al país, sobre todo para las familias pobres, aseguró el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez. Tal situación viola el derecho a la libre circulación, afecta el acceso al trabajo, centros de salud, escuelas, y el abastecimiento de alimentos y combustibles, según denuncias de pobladores.
La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua estima pérdidas de al menos 700 millones de dólares en la región centroamericana, a raíz del bloqueo de carreteras, donde llegaron a estar varados unos seis mil camiones de carga.
Analistas opinan que el impacto negativo de la crisis sociopolítica en la economía nacional es prácticamente irreversible. El Banco Central estimó pérdidas por valor de 260 millones de dólares en ingresos, 157 millones en inversión extranjera y directa, y 270 millones en exportaciones, solo en un recuento realizado hasta el 21 de mayo.
A ello se suman 58 mil empleos menos, grandes afectaciones al turismo y una desaceleración en la tasa de crecimiento en actividades agropecuarias por la no comercialización de productos, según valoraciones del ente emisor.
“Las familias están metidas en sus casas con una angustia espantosa y los sectores mediáticos que manejan esto desde un interés político pretenden lanzarnos a una guerra que ya vivimos (…) El diálogo nacional es la última alternativa para salir adelante”, expresó el periodista Absalón Pastora.
El camino a la paz y sus detractores
El gobierno afirmó que la situación de violencia delincuencial que generan grupos políticos de oposición con agendas específicas, constituye una conspiración que viola la Constitución de la República, y pretende destruir la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses.
También rechazó las acusaciones de esos grupos que ‘en una provocación demencial y sin precedentes en el país, se confabulan para denunciar ataques inexistentes, y luego agreden y producen víctimas para culpar a las instituciones del orden público’. ‘Es totalmente perverso, abominable provocar el dolor, el crimen, la aberración, y después acusar. Cuánto descaro o cuánta maldad’, denunció la vicepresidenta Rosario Murillo, al lamentar la muerte de los seis ciudadanos en el incendio y el asesinato de un sandinista, cuyo cuerpo fue profanado.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia inculpó al gobierno por los siniestros. En respuesta, Pastora denunció que la misma ‘está cumpliendo una agenda eminentemente política, y no para cambiar la nación, sino para el quítate vos para ponerme yo, a nombre de las vidas perdidas’.
El presidente Daniel Ortega reconoció que tienen el derecho de criticar, pero no de conspirar para destruir, promover la violencia y peor aún buscar en Estados Unidos a los grupos políticos más extremistas, racistas, exterminadores, para que financien planes de desestabilización en el país.
A su vez, en las redes sociales se lleva a cabo una intensa campaña de desinformación y manipulación, replicada por medios de comunicación afines a la derecha, para generar confusión y exacerbar las tensiones, según advierten internautas, observadores, académicos y analistas políticos.
Frente a esa situación, Ortega pidió seguir trabajando por el diálogo nacional, la paz, la justicia y la democracia en la nación; en tanto, la oposición propone agendas que conducen a un golpe de Estado, según advirtió el canciller Denis Moncada.
Mientras el gobierno trata de dialogar con los sectores opositores para superar la crisis en el país y desarrolla un cronograma para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, mediante la implementación de recomendaciones de la Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La administración asegura que ha trabajado aspectos relativos a la configuración y composición del Consejo Supremo Electoral (CSE), como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y comicios libres, justos, democráticos y transparentes. En ese camino, la Asamblea Nacional aprobó la renuncia del presidente del CSE, Roberto Rivas, una de las demandas de la oposición.
Con la Conferencia Episcopal de mediadora y testigo, la mesa de diálogo acordó recientemente la pronta presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OEA y una misión de la Unión Europea, para aportar a la salida de la crisis.
A pesar de que se acordó el cese de la violencia, los agresiones continúan y con ellas la zozobra, el temor y la desesperación. “Nuestro mayor compromiso, nuestra obligación es luchar y defender la paz que tenemos que recuperar. El desafío es hacer camino al andar hacia la paz’, aseguró el mandatario
A dos meses del inicio de la ola de violencia, los nicaragüenses cifran sus expectativas en los resultados del diálogo nacional, considerado única alternativa para devolver la tranquilidad, el entendimiento y la estabilidad al país.
La autora es corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.