Mientras el Gobierno y la Comisión de la Verdad hacen un llamado a la paz y el cese a la violencia a fin de evitar más tragedias innecesarias, los grupos golpistas de la derecha persisten en su accionar delincuencial provocando la destrucción, la zozobra, el dolor y el luto en las familias nicaragüenses en diversas regiones del país.
Al respecto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó que la mayoría del pueblo desea vivir en paz y con seguridad, derechos humanos que calificó de esenciales y los cuales el Estado debe procurar y garantizar.
“Tenemos derecho a la seguridad. Tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a vernos como hermanos, a vernos como prójimos. Tenemos derecho a sentirnos como familia nicaragüense. Tenemos derecho a la paz y al bien. Tenemos derecho al amor, al cariño”, expresó Murillo.
La vicemandataria sostuvo que tales derechos están recogidos en la Constitución de la República y como gobierno deben hacer cumplir, al tiempo que constituyen una prioridad para las familias en Nicaragua.
La seguridad, la vida, la paz, el derecho a trabajar y a movilizarnos están consignados en la carta magna, y al mismo tiempo en todas las convenciones de derechos humanos que hay en el mundo, reiteró. Nosotros, como gobierno, tenemos que trabajar para hacer valer esos derechos y velar se respeten los intereses de todas las familias nicaragüenses, subrayó.
Murillo denunció que desde el 18 de abril todos esos derechos comenzaron a ser violentado por grupos vandálicos. Dichos grupos, según señaló, han hecho que muchas familias padezcan violencia irracional, anticristiana, crímenes de odio, tranques con los que limitan la movilidad, secuestros, torturas, trato cruel, inhumano, humillante e indigno.
“Crímenes de odio, destrucción y saqueo de viviendas familiares, de instituciones de servicio público; profanación del cuerpo de hermanos que ellos han asesinado; además de la profanación de nuestra cultura y valores humanos de familia y comunidad cristina’, puntualizó.
Igualmente dijo que las permanentes intimidaciones, zozobras, extorsiones, vandalismos y asaltos nunca antes habían sido conocidas en el país. “Es el Estado nicaragüense el que tiene que velar por el derecho de los ciudadanos a vivir sin esa violencia criminal, sin esa inseguridad, a vivir con seguridad, en paz, con aliento y esperanza’, apostilló.
Asimismo, Murillo enfatizó que el presidente, Daniel Ortega, está comprometido en cumplir con el deber de asegurar a las familias, vida, seguridad y paz.
Por su parte, la Comisión de la Verdad y la Justicia de Nicaragua emitió este lunes un informe en el que informó que unas 194 personas han fallecido producto de los hechos violentos registrados por grupos opositores en el país desde el 18 de abril hasta el 25 de junio.
El informe detalló que unas 172 eran de sexo masculino (88,6 por ciento) y 12 (6,1 por ciento) de sexo femenino. Otras diez (5,1 por ciento) de los fallecidos eran menores de edad.
De las víctimas cuyas profesiones u oficios pudieron ser establecidas, 47 de ellas eran obreros, diez pertenecían a cuerpos policiales, nueve eran estudiantes universitarios, seis cursaban la secundaria y dos eran periodistas; entre otras ocupaciones registradas en el informe.
En otro orden, La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) informó que el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, y el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, viajarán hoy a Roma, donde sostendrán una audiencia privada con el papa Francisco para abordar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
La Conferencia Episcopal -la cual es presidida por Brenes- informó en un comunicado que el encuentro está programado como parte de Consistorio Cardenalicio convocado por el sumo pontífice, previsto para el venidero viernes.
“En dicha audiencia (Brenes y Álvarez), informarán al santo padre Francisco, la situación doliente y sufriente que vivimos los nicaragüenses y el impulso que le hemos dado al diálogo, en el que participamos a solicitud del gobierno y apoyados por la confianza de la población”, recoge el texto.
Asimismo, la jerarquía católica indicó que mientras los citados prelados estén ausentes, monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León, asumirá la presidencia interina de la comisión de mediación y testigo del diálogo nacional.