* Los golpistas sabían que habría consecuencias si fallaban en sus intenciones de destruir el Estado e imponer un nuevo gobierno. Se pusieron ebrios de triunfo tras sus primeras marchas y lograron que los oportunistas de siempre se “prepearan” atacando o renunciando al trabajo que tenían en las estructuras estatales. La promesa era que obtendrían otro mejor.
A nadie le gusta perder el empleo. Es el peor golpe que puede recibir un ser humano, sobre todo si tiene familia y en particular hijos que dependan todavía de él. Conocemos al menos un par de casos de hombres que murieron en los últimos dos lustros tras ser despedidos pasados los cincuenta años de edad. La depresión los sumió en un pozo sin salida.
Por eso entendemos las protestas de los médicos a quienes les entregaron su carta de despido el viernes. Los entendemos, pero no compartimos su disgusto. Son corresponsables de las muertes de al menos dos centenas de nicaragüenses, de miles de heridos, de millonaria destrucción y de la pérdida de más de 200 mil empleos.
Nuestras malas acciones tienen siempre consecuencias que nos afectan. Es el principio universal de justicia que busca evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad.
Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla, debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga en su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos.
No tenemos capacidad real para sentar ante nuestros tribunales de justicia a los criminales que desde Estados Unidos y otras naciones, financian, entrenan y azuzan el crimen y las violaciones masivas a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Pero sí podemos juzgar a los culpables locales, a como efectivamente empezó a hacerse en la última semana. Perder el trabajo es la sanción más leve que enfrentarán quienes se convirtieron en cómplices, activos o pasivos, de las bandas delincuenciales golpistas controladas por el MRS, sus ONG satélites, empresarios del COSEP y un grupo de obispos católicos, entre otros.
Muchos de los despedidos deberían ser procesados penalmente por atentar contra las leyes del país y sus agentes, aparte de los asesinatos, torturas, vejaciones, profanaciones de cadáveres y un largo rosario de crímenes, a cual más espeluznantes.
Uno de los peores delitos de los médicos montados en el guion del “golpe suave”, fue lanzar mensajes a través de las redes sociales “denunciando” que el gobierno, a través de la ministra de Salud, había prohibido atender a los involucrados en los ataques a sandinistas y a la Policía.
Cuando eso se dio consultamos a un médico en el Manolo Morales, uno de los nosocomios mencionados en el rechazo, y alarmado desmintió tal especie. “Ni siquiera les preguntamos a qué bando pertenecen, atendemos igual a todo el que llega, es falso lo de esa orden”, nos dijo.
Los golpistas sabían que habría consecuencias si fallaban en sus intenciones de destruir el Estado e imponer un nuevo gobierno. Se pusieron ebrios de triunfo tras sus primeras marchas y lograron que los oportunistas de siempre se “prepearan” atacando o renunciando al trabajo que tenían en las estructuras estatales. La promesa era que obtendrían otro mejor.
Si abjuran del gobierno sandinista, lo más sencillo es que renuncien. Si después de dar ese paso les niegan las prestaciones a que tienen derecho, pueden reclamar.
Peor suerte que la de estos golpistas han tenido centenares de miles de trabajadores cuyos centros laborales colapsaron tras los dos primeros meses del golpe en gestación.
También les fue mal a los empleados de los grandes capitalistas, donde miles han sido echados a la calle o enviados a vacaciones forzadas de tres meses sin goce de salario, con la certeza de que transcurrido ese tiempo, serán despedidos irremisiblemente.
Contaba un ejecutivo medio de la Casa Pellas, que solo allí han despedido a más de 500 trabajadores alegando la estrepitosa caída de las ventas de automóviles, que pasaron de 500 mensuales antes del fatídico abril, a menos de veinte en los tres meses precedentes. Han cerrado cuatro o cinco sucursales en Managua e igual suerte correrán otras en varios departamentos.
Y la tendencia es a un mayor desastre si los bancos no cambian pronto su política de cero créditos para la adquisición de automóviles.
A los empleados que quedaron los obligaron –en contra de las leyes laborales-, a aceptar una reducción del 20 por ciento de su salario con la promesa de que les reducirían la jornada, lo que ha sido al revés debido a que tienen que asumir las funciones de los despedidos.
Los ejecutivos de Casa Pellas y otras empresas de grupos económicos que apoyaron a sus patrones golpistas jamás esperaron lo que les hicieron. Su nivel y calidad de vida disminuyeron de la noche a la mañana, pese a que les habían prometido lo contrario.
La inmensa mayoría de los corridos de la empresa privada no tuvieron nada que ver en el intento de golpe de Estado. Lo más que hicieron fue ir obligados a las marchas convocadas por sus jefes inmediatos, impelidos a su vez por los dueños de apellidos ilustres. Pero igual les quitaron el pan de la boca.
Como se ve, el despido les está saliendo barato a los que trabajando en el Estado violentaron las reglas de sus centros laborales y las leyes de la nación, sumándose a la ola terrorista que azotó al país como huracán apocalíptico. Se defienden mejor callados.