El gobierno eliminó medidas de control a familias de acogida de niños centroamericanos.
Una investigación reveló esta semana que más de dos decenas de niños centroamericanos que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países, han sido abusados sexualmente y maltratados después de ser reubicados por el gobierno estadounidense en casas de acogida.
La investigación mostró que la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud bajó los estándares mínimos para examinar a las personas que asumieron el cuidado de los menores. Se dejó de tomar huellas dactilares, no se pidieron partidas de nacimiento originales para verificar la identidad e incluso se dejó de llenar formularios con información personal de las familias de acogida.
En 2014 la ola de menores no acompañados colapsó el sistema más allá de la frontera, donde los niños eran arrestados. El Departamento de Salud no estaba preparado para procesar y cuidar a los más de 89,000 menores que llegaron al país, por lo que habría respondido agilizando considerablemente el proceso.
«Los menores estaban siendo entregados mucho más rápido, por lo que había una preocupación de fondo respecto a posibles cambios en los estándares, pero no había conocimiento específico sobre esto», explicó Megan McKenna portavoz de la organización Kids in Need of Defense.
En el refugio para niños Saint Peter Saint Joseph (St PJ’s) de San Antonio no acostumbran a comentar cuál de sus 10 edificios alberga a menores centroamericanos que cruzaron la frontera ilegalmente por temor a que las organizaciones criminales lleguen a ellos. El centro es uno de los albergues que utiliza el gobierno para hospedar temporalmente a los menores antes de que sean entregados a su patrocinador, que en la mayoría de los casos es un familiar.
Pero en este refugio existe una preocupación permanente por las acciones de grupos criminales contra estos niños. Beth Green, directora de desarrollo del refugio, no entrega detalles sobre la localización específica de los menores y sus rutinas. Su temor es el mismo que organizaciones de derechos civiles han compartido por años. Los problemas de abuso y tráfico de menores indocumentados dentro de Estados Unidos no se asocian exclusivamente a la crisis de 2014. El tema ha sido una preocupación permanente para quienes buscan mayores protecciones para este grupo.
«Antes de las crisis de 2014 también teníamos miedos sobre esto. Sobre a quién se le estaban dando los niños y si estaban siguiendo los casos para velar por su bienestar», explicó Michele Brané directora de la Comisión de Mujeres para Refugiados (WRC). «Uno podría decir que cuando el procedimiento se hace más rápido, como en 2014, habrá más problemas, pero no tenemos pruebas concretas de que haya subido la incidencia desde que empezó la crisis», agregó.
Ahora, miembros del Congreso estadounidense están poniendo en duda si el Departamento de Salud es la agencia gubernamental indicada para hacerse cargo de este proceso. El senador republicano de Ohio Rob Portman, presidente del Comité de Investigaciones realizará una audiencia este jueves sobre el programa.
Con el título «Adecuación Del Departamento de Salud y Servicios Humanos en sus esfuerzos para proteger a los menores no acompañados extranjeros del tráfico humano» el grupo bipartidista de senadores debatirá por al menos tres horas sobre el desempeño del gobierno. El panel está integrado por demócratas conservadores y republicanos de la altura del ex candidato presidencial John McCain.
«Esto tiene que ver con quien tiene la responsabilidad. Para nosotros es importante acordarse de que aunque hay críticas, el proceso es mucho mejor ahora de lo que era hace varios años cuando estaban bajo la custodia de inmigración», aseguró Bramé.
Organizaciones de derechos civiles coinciden en que se debe invertir más en la supervisión que se les da a los menores una vez que son entregados a sus patrocinadores. De acuerdo a Associated Press la actual secretaria de salud Sylvia Burwell pidió al Congreso 400 millones de dólares adicionales para hacer mejoras en el programa actual, pero la petición fue denegada.
«Muy pocos niños tienen acceso a servicios sociales que les aseguren asesoría legal, acceso a salud, bienestar. Hay un tremendo hueco en las protecciones que se le dan a estos infantes», explicó Megan.
Por ahora el gobierno insiste que se han realizado cambios importantes. Una fuente del Departamento de Salud aseguró a EL PAÍS que están «analizando y actualizando los procedimientos de entrega de los niños».
«Se ha incluido una llamada de bienestar 30 días después que el niño es entregado a un patrocinador. En julio de 2015 comenzamos un proyecto piloto para evaluar la implementación de un servicio de supervisión para todos los menores que se van con un familiar lejano o una persona sin lazo sanguíneo», agregó.
También destacó la implementación de una nueva línea telefónica que ayuda a los padres a localizar a sus hijos cuando están en la custodia de la Administración para niños y familias del Departamento de Salud.
Brané destacó que es necesario fortalecer la asesoría legal de los menores y tener un programa de seguimiento riguroso. «Sabemos que si un niño cuenta con asesoría legal hay mucho menos probabilidad de que vaya a quedarse en una situación peligrosa. Deben poner fondos y programar servicios de seguimiento para todos los niños. Ahora lo hacen en un porcentaje muy pequeño», dijo.
Al terminar 2015 el gobierno abrió dos nuevos albergues en Texas y uno en California para recibir a los menores. Cifras de la Patrulla fronteriza mostraron que en octubre y noviembre se habían detenido 10,588 niños solos en la frontera, un aumento de 106% en comparación con el mismo periodo en 2014, donde se arrestaron a 5,129 niños.
Aunque el gobierno se concentró en la campaña “Conoce los hechos” para alertar a las comunidades inmigrantes sobre los riesgos del viaje y aclararles que la mayoría de los que llegan son deportados, los menores continúan llegando al país.