El presidente del FC Barcelona y su antecesor abandonan la Audiencia Nacional tras ratificarse en sus declaraciones anteriores.
El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, declaran este lunes en la Audiencia Nacional como investigados –nueva denominación para los tradicionales imputados– por delitos de corrupción entre particulares y estafa derivados de los contratos de traspaso del delantero brasileño Neymar firmados entre el club catalán y el brasileño Santos, equipo del que procedía el jugador. Rosell y Bartomeu, que entraban a declarar a las 10.00 y a las 11.30 respectivamente, han llegado juntos a la sede de la Audiencia Nacional, en la calle Génova de Madrid, sobre las 9.50.
Apenas una hora y media después, hacia las 11.20, ambos abandonaron la Audiencia sin hacer declaraciones a los medios. Los dirigentes se han acogido a su derecho a no declarar y se han ratificado las declaraciones hechas en el mismo juzgado por la causa de los delitos fiscales asociados al fichaje del delantero brasileño, según fuentes jurídicas. Josep Vives, director de Comunicación del club ha negado que el Barça haya cometido irregularidad alguna en el traspado de Neymar. «Tenemos tranquilidad y confianza en la justicia. Se ha hecho todo bien», ha asegurado el portavoz culé.
La causa deriva de una querella interpuesta por la entidad Dis, propietaria del 40% de los derechos federativos de Neymar durante su etapa en el Santos, y que vio cómo la maraña de contratos firmados entre los clubes, y entre el Barça y la sociedad del padre de Neymar, para garantizarse el fichaje por 40 millones de euros, le produjo un perjuicio económico al atentar contra el principio de libre competencia.
Este lunes, además de los directivos culés, prestarán también declaración los representantes legales del FC Barcelona y del Santos, imputados ambos como personas jurídicas, así como Luis Álvaro de Oliveira y Odilio Rodrigues, directivos del Santos en el momento del fichaje. Mañana martes está previsto que declaren, también como imputados, el propio Neymar, sus padres y el representante legal de la entidad N&N, que representa al jugador.
El juez, al abrir la causa el pasado 17 de junio, acogió la tesis de la empresa querellante respecto a que «si el jugador Neymar aceptó del FC Barcelona la cantidad de 40 millones por fichar por este club podría haber alterado de esta manera el libre mercado de fichaje de futbolistas y perjudicado también al querellante”. Según el escrito de apertura de la causa, Dis “se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso”.
La estafa se concretó, según la querella, por que los 13 contratos para el fichaje de Neymar eran una “simulación, pues pretendían disfrazar lo que en realidad era pago por la transmisión de los derechos federativos con otros conceptos que no obedecían a la realidad”. El juez De la Mata afirma que existen al menos dos partidas de los contratos que hacen pensar que son ficticios: el fichaje de tres jugadores del Santos por el Barça, que no se ha producido pese a haberse pagado la cantidad fijada y un partido amistoso entre ambos clubes que tampoco se ha celebrado.
El juez estima que los contratos simulados se realizaron “con la finalidad de adquirir [los derechos de Neymar] fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su fichaje por valor inferior al de mercado, y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes podrían estar dispuestos a pagar”. De la Mata sostiene que Neymar estaba obligado por contrato a colaborar con la empresa querellante Dis, y recuerda que en Brasil, donde se produjeron los hechos, “cualquier transferencia de un deportista profesional depende de su consentimiento formal y expreso”.
El hecho de que el Barça introdujera una cláusula de penalización por la que Neymar debería pagar 40 millones al club catalán si fichara por un equipo distinto revela, para el juez, la “intención clara del FC Barcelona” de “quebrar la libre competencia del mercado de fichajes, al amarrar definitivamente la voluntad del jugador”. De este modo, afirma el magistrado, el Barça “se convirtió de hecho en el titular de todos los derechos federativos y económicos del jugador, por cuanto si algún competidor quería adquirirlos necesariamente tenía que pasar por abonar al FC Barcelona la cantidad de 40 millones de euros”.
Por su parte, Neymar, afirma el juez, “aceptó y recibió” del Barça un “beneficio injustificado de 40 millones” por “favorecer” al club sus derechos federativos “sin tener que competir con el resto de clubes interesados” ni “pagar a sus legítimos titulares la cláusula de rescisión de 45 millones de euros”. Al actuar así, el jugador incumplió sus obligaciones como empleado del Santos al rechazar en su propio beneficio y “por razones espurias” todas las ofertas de traspaso de los clubes, reteniendo los 40 millones comprometidos con el Barça.
Esta causa se suma a la ya abierta en la Audiencia Nacional y que se juzgará en la Audiencia de Barcelona sobre los delitos fiscales derivados del fichaje del delantero brasileño. En esta causa la fiscalía solicita dos años y tres meses de prisión y 3,83 millones de euros de multa para Josep Maria Bartomeu, y más de siete años de cárcel y 25,15 millones de sanción para Sandro Rosell, que dimitió de la presidencia del Barcelona por este escándalo, por delitos fiscales y societarios en la contratación del jugador Neymar.
También reclama el ministerio público una multa de 22,2 millones de euros para la entidad blaugrana, imputada como persona jurídica. Además, como responsabilidad civil, el fiscal solicita 9,55 millones de euros para Rosell y el club solidariamente y 1,9 para Bartomeu y la entidad conjuntamente, según el escrito de acusación. Entre multas e indemnizaciones, los dirigentes y el club líder de la Liga se enfrentan a tener que abonar un total de 62,66 millones de euros. El coste del futbolista, impuestos incluidos, fue de 94,8 millones.