El estado libre asociado a EE UU podrá reestructurar sus 70.000 millones de deuda.
Estados Unidos ha echado finalmente un capote a Puerto Rico, el estado libre asociado con el que mantiene una complicada relación jurídica y que atraviesa una dura crisis económica. El presidente, Barack Obama, firmó este jueves la ley por la que la isla podrá reestructurar una deuda pública de unos 70.000 millones de dólares que no puede pagar. El paquete aprobado, que incluye una junta fiscal bipartita para controlar las cuentas públicas puertorriqueñas, no impedirá que este viernes se produzca un nuevo impago.
El Senado estadounidense dio luz verde al proyecto legislativo, cuyas siglas forman curiosamente la palabra PROMESA, después de una larga negociación entre demócratas y republicanos. El partido conservador quería evitar a toda costa que el plan se convirtiera en un rescate que conllevara dinero público y el debate se complicó por la campaña electoral. Finalmente, lo que Puerto Rico ha conseguido es algo equivalente a la ley de quiebras a la que se pudo acoger la ciudad de Detroit en 2013, cuando suspendió pagos, renegoció sus pasivos, y salió de esa bancarrota un año después.
La isla caribeña, legalmente, no podía acogerse a ese esquema. En verano de 2015 su gobernador, Alejandro García Padilla, reconoció que después de una década de crisis las arcas públicas no daban más de sí y no eran capaces de asumir ese volumen de deudas que equivale a más de 100 % de su producto interior bruto (PIB). El primer impago se produjo en agosto y desde entonces se han repetido. Tampoco este viernes pondrá asumir el vencimiento de 2.000 millones de dólares.
«El pueblo de Puerto Rico tiene que saber que no los olvidamos, son parte de la familia estadounidense», dijo Obama al firmar la ley en el Despacho Oval. «Como consecuencia de su incapacidad de reestructurar la deuda, hemos visto hospitales incapaces de operar, ambulancias sin operar, servicios básicos que se suspendían y trabajadores del Gobierno sin pago. Ha generado enormes dificultades para el pueblo de Puerto Rico», indicó.
La junta de supervisión fiscal tendrá amplios poderes sobre Puerto Rico, le podrá obligar a despedir funcionarios, vender activos públicos o incluso derogar leyes -como la del salario mínimo- si considera que incumple Promesa. Esta capacidad de maniobra ha desatado las críticas del aún precandidato demócrata Bernie Sanders, quien ha tachado la ley de «colonialista».
Los problemas de Puerto Rico se deben en parte a la endiablada situación jurídica en la que se encuentra: debe cumplir muchos requisitos y regulaciones económicas del nivel de Estados Unidos, cuando compite con países vecinos caribeños mucho más baratos. Mientras ha perdido ya una parte importante los incentivos fiscales que la hicieron atractivas para las inversiones extranjeras durante muchos años.