Una lección de oportunismo y manipulación constituyó la ponencia de Carlos Fernando Chamorro Barrios durante un encuentro sobre elecciones realizado en San Salvador, El Salvador, en mayo de 2011.
Por un lado descalifica la candidatura de Daniel Ortega esgrimiendo opiniones pseudo jurídicas, mientras por el otro, reconoce que no existía posibilidad de que otro candidato, incluyendo al de su preferencia Fabio Gadea, ganara dichos comicios.
Era un escenario parecido al de este 2016 y tan similar, que Chamorro Barrios expuso en San Salvador que “…un importante sector del electorado se pregunta si vale la pena votar…”, es decir, él y el grupito que tienen los ojos puestos en el poder y que obviamente se desaniman a ir a las urnas al ver que no tienen ninguna posibilidad de desplazar al FSLN.
Pero no se conforma con eso. Carlos Fernando desbarata en su trabajo a la oposición política y a las instituciones ligadas al proceso electoral, y vaya coincidencia de coincidencias, alaba el surgimiento de “una emergente pero beligerante sociedad civil, medios de comunicación independientes que fiscalizan la corrupción pública…”.
Hay que concederle que es un campeón del marketing político y económico. La “emergente” y “beligerante sociedad civil” está compuesta por las ONG opositoras, varias de las cuales son lideradas por Chamorro Barrios, quien además triangula fondos para otros de esos grupos a cuya cabeza se encuentran sus amigos.
Se refiere además a “…medios de comunicación independientes que fiscalizan la corrupción pública…”, y por supuesto que esos son Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, las publicaciones con las que obtiene jugosas ganancias personales con el cuento de que “fiscalizan” a Daniel Ortega.
En días anteriores hemos publicado lo que hace Chamorro Barrios cuando lo fiscalizan a él y a sus empresas. No acepta que le señalen ninguna falla, pese a que los auditores le han enrostrado los abusos y el mal manejo de fondos cometidos.
Este es el documento obtenido por Nicaleaks:
NICARAGUA: ESCENARIOS ELECTORALES 2011
By: Carlos F. Chamorro
Commissioned for the fourth meeting of the Central America Working Group sponsored
by the Inter-American Dialogue, FUSADES, and FUNDE.
May 12th -13th, 2011 – San Salvador
1) Resumen.
Las elecciones del 6 de noviembre en Nicaragua han estado precedidas de un largo e intenso debate en torno a tres temas fundamentales a) La legalidad y legitimidad de la reelección del presidente Daniel Ortega, que está prohibida por la Constitución. b) La falta de credibilidad y confianza en el árbitro electoral, el Consejo Supremo Electoral que fue acusado de fraude en las elecciones municipales del 2008. c) La dispersión de la oposición y sus dificultades para presentar un proyecto político alternativo, para disputarle el poder al autoritarismo político de Ortega.
A seis meses de la fecha electoral, el desenlace de estos tres factores favorece ampliamente al partido de gobierno, y pocos dudan en Nicaragua de que Daniel Ortega será el próximo Presidente de la República.
A continuación analizaremos por separado cada uno de estos factores.
2) La reelección.
El artículo 147 de la Constitución de la República establece que “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales”. La candidatura de Ortega está, por lo tanto, doblemente prohibida, porque ya fue Presidente una vez (1984-1990), y porque no está permitida la reelección consecutiva. Ese candado legal sólo puede ser modificado por una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional. Y como el FSLN no logró obtener la mayoría calificada de 56 votos para hacer la reforma, entonces recurrió a la Corte Suprema de Justicia controlada por su partido.
En octubre del 2009, Ortega introdujo un recurso de amparo ante el Consejo Supremo Electoral, en contra de ese artículo Cn.. En cosa de horas el Consejo trasladó el recurso a la Corte Suprema de Justicia, y en tiempo record de 48 horas la Sala constitucional de la CSJ, integrada exclusivamente por magistrados de su partido, declaró “inaplicable” el articulo 147 alegando que viola el principio de igualdad ante la ley.
Un año después, en septiembre 2010 una corte plena, integrada de forma ilegal por conjueces –ante la ausencia de otros magistrados liberales que se retiraron en protesta–, ratificó lo actuado por la Sala Constitucional. Finalmente, la candidatura de Ortega fue inscrita ante el Consejo Supremo Electoral y en abril de este ano, el Consejo no solamente la aceptó como legal sino que rechazó las impugnaciones de los partidos políticos, argumentando que la sentencia de la Corte Suprema es de ineludible cumplimiento.
A lo largo de los últimos años se han presentado todos los cuestionamientos jurídicos a este procedimiento ilegal, que pone en entredicho la credibilidad del proceso electoral, y la legitimidad de una eventual presidencia de Ortega. Los juristas más connotados del país, incluidos ex presidentes de la Corte Suprema, de la Asamblea Nacional, del Consejo
Supremo Electora; los partidos de oposición, los medios de comunicación, la sociedad civil, la Iglesia, han protestado y cuestionado hasta la saciedad este procedimiento, y se preparan para recurrir ante instancias internacionales.
Pero el hecho político fundamental es que las protestas de la oposición y la sociedad civil, no han sido capaces de generar una crisis política en el parlamento o en las calles, mientras que el gobierno mantiene una movilización permanente de su maquinaria política en respaldo a su proyecto reeleccionista. En consecuencia, a la candidatura a la reelección de Ortega se ha impuesto las vías de hecho, amparada en una dudosa legalidad, con la bendición de instituciones controladas por el partido de gobierno. Pero su principal legitimidad se deriva del hecho de que los partidos que aspiran a liderar a la oposición, reconocen esa candidatura como un hecho consumado y no pueden darse el lujo de abstraerse de la competencia electoral.
3) El árbitro electoral.
Hace 21 años Nicaragua emergió de las elecciones de 1990, en que Ortega y el FSLN fueron derrotados por Violeta Barrios de Chamorro, con un sistema electoral dotado de altísima credibilidad. El sistema empezó a deteriorarse a raíz del pacto político Alemán-Ortega en 1999, que estableció un control bipartidista sobre ese y otros poderes del estado. A raíz del proceso judicial contra Alemán por corrupción (2001) y del retorno del FSLN al poder (2006), el partido de Alemán, el PLC, se convirtió en un socio minoritario del pacto.
En las elecciones municipales del 2008, se produjo un fraude a favor del FSLN en 44 de los 146 municipios del país, incluida la capital y las principales cabeceras departamentales. El fraude fue documentado por organizaciones de observación electoral como Etica y Transparencia, Ipade, la Unión Europea y el Centro Carter.
Otra carencia del Consejo Supremo Electoral que encabeza Roberto Rivas, un aliado del cardenal Obando y Bravo señalado de varios casos de corrupción, es que los magistrados no tienen facultades legales para mantenerse en sus cargos. A los magistrados se les venció su período hace varios meses, y se mantienen en sus cargos en virtud de un decreto presidencial emitido en enero 2009 que les prorrogó su mandato sin tener facultades para hacerlo. Sin embargo, la Asamblea Nacional no ha podido elegir a los nuevos magistrados, ni tampoco pudo reunir los votos para derogar el decreto de Ortega.
Vamos a elecciones, entonces, con un Consejo Electoral de facto, denunciado por fraude, controlado por el partido de gobierno, que incluso ha prohibido la observación electoral.
Pero, a final de cuentas, la participación de los partidos, aunque sea bajo protesta, legitima el proceso electoral.
4) Los candidatos y las tendencias electorales
En la competencia presidencial de noviembre participan cinco opciones. i) La alianza que encabeza el FSLN, con el presidente Ortega de candidato. ii) La alianza PLC-Partido conservador con el expresidente Arnoldo Alemán de candidato. iii) La alianza PLI-
Vamos con Eduardo-MRS, con Fabio Gadea como candidato. iv) ALN, con Enrique
Quiñónez, de candidato. (ALN es el partido que lideró Eduardo Montealegre en el 2006,
y como fue la segunda fuerza ahora le corresponde una cuota de poder importante en las estructuras electorales. Pero Montealegre perdió los sellos legales de ALN como resultado de una maniobra político, y ahora lo controlan diputados desertores del PLC y Vamos con Eduardo. v) La quinta fuerza es un partido minoritario APRE, con Miguel Ángel García de candidato
Según una encuesta de la firma M y R realizada en la última semana de marzo, cunado los candidatos ya estaban inscritos, el punto de partida de la competencia es el siguiente:
Ortega (FSLN) 47.8%
Voto oculto: 31.8%
Gadea (PLI) 12.8%
Aleman (PLC) 5.7%
Quinonez (ALN) 1.2%
García (APRE) 0.8%
Estos datos son consistentes con los de otras firmas encuestadoras, que revelan que en los últimos 10 meses, el gobierno de Ortega y su candidatura ha tenido un incremento en su base de apoyo de unos 10 puntos porcentuales. Durante los primeros tres años de gobierno logró mantener el apoyo de su base electoral oscilando entre 35 al 38%. En septiembre del 2010 saltó a 43%, y en las últimas dos mediciones diciembre y marzo, puntea entre 47 y 48%.
La encuesta revela que por primera vez Ortega está logrando un apoyo importante entre el sector independiente, o sin partido, que representa el 47.6% del electorado.
Tradicionalmente, los independientes han sido antisandinistas y han votado contra Ortega. Según esta encuesta, mientras el 54% de los independientes no revela por quien votará, el 23% están apoyando a Ortega, y el 14.5% apoyan a Gadea.
La otra ventaja clara para Ortega es que en una elección donde prevalece la desconfianza en el árbitro electoral, y un importante sector del electorado se pregunta si vale la pena votar, los partidarios del FSLN son los más decididos a votar. En este momento, el 55.4% del electorado está decididos a votar y 28.4% dice que tal vez. Entre los independientes, solo el 32% está decidido a votar, pero entre los que respaldan a Ortega el 81% ya decidió votar.
5) Las fortalezas de Ortega.
El incremento en el apoyo a Ortega se explica por una combinación de factores económicos y políticos. Se trata de un gobierno autoritario en lo político, populista en lo social, y pro-mercado en lo económico, envuelto en una retórica revolucionaria y a la vez religiosa. Un gobierno que ha demolido la institucionalidad democrática, concentrando todos los poderes en un modelo estado-partido-familia, que está cooptando a la policía y al ejército y se apoya en una maquinaria política permanentemente movilizada y aceitada con abundantes recursos económicos.
El factor clave de soporte ha sido la privatización de la cooperación venezolana otorgada por Chávez, que representa un promedio de 500 millones de dólares anuales. Esto equivale al monto del total de la cooperación que recibe el país de otras fuentes multilaterales y bilaterales, y representa el 20% de los ingresos del presupuesto, con la particularidad de que estos fondos se manejan fuera del presupuesto, de forma discrecional y sin ninguna rendición de cuentas al estado porque se alega es un fondo privado. Con los recursos del ALBA, Ortega financia programas clientelista de asistencia social –bono productivo, alimentos, microcrédito, materiales de construcción, viviendas, ajustes salariales, etc– así como el subsidio de transporte y energía. Además, dispone de recursos para las campañas partidarias del FSLN, para la compra y cooptación de adversarios, y para financiar los negocios privados del grupo económico ligado a la familia presidencial, que ha adquirido canales de televisión, hoteles, empresas agropecuarias y otros negocios.
En el ámbito económico, el modelo de Ortega promueve un manejo responsable y prudente de la macroeconomía, cobijado por un programa con el FMI; respalda el desarrollo del sector privado y mantiene una relación privilegiada con el gran capital, sin amenazarlo con expropiaciones. A pesar de ser un año electoral el 2011 será un buen año de inversión extranjera directa y se espera un crecimiento económico favorable del 3.5%.
Electoralmente, Ortega también se ha beneficiado de la manipulación del sentimiento nacionalista desatado en torno al diferendo con Costa Rica en torno al Río San Juan en octubre 2010. El balance de la estrategia de Ortega ha tenido un impacto político neto favorable para el FSLN. El país registra una reducción de pobreza extrema en el sector rural, mientras se mantiene un alto nivel de desempleo y ha crecido el subempleo. En otras palabras, a contrapelo del autoritarismo y la corrupción, hay una tendencia de crecimiento económico modesta, insuficiente para lo que verdaderamente el país necesita para combatir la pobreza, pero le permite a Ortega satisfacer sus objetivos políticos de corto plazo.
6) Las debilidades de la oposición
La otra cara del éxito de Ortega son las debilidades que exhibe la estrategia de la oposición política. Durante los primeros tres años del gobierno de Ortega, los partidos de oposición se jactaban de que Ortega era un Presidente minoritario, y que sólo había ganado por la división de la oposición en el 2006. Pero no pudieron capitalizar el 62% del voto que recibieron en la Asamblea Nacional, y terminaron perdiendo la mayoría legislativa.
Tampoco pudieron defender su voto en las calles ante el fraude electoral del 2008, frente a una estrategia de violencia callejera de las fuerzas de choque de Ortega, combinada con la anulación de la fuerza policial en su responsabilidad de preservar el derecho de movilización de la oposición. El fraude desató una crisis política y sanciones económicas internacionales que incluyeron la suspensión de importantes programas de ayuda económica. Pero la oposición no demostró capacidad para generar un movimiento de presión popular y concentró sus expectativas en que la presión externa modificaría el comportamiento del gobierno. Sin embargo, Ortega logró compensar la presión externa con los recursos económicos de Venezuela y superó la presión interna con una combinación de represión y cooptación política, incluyendo el sobreseimiento a Arnoldo Alemán por los cargos de corrupción a cambio del control de la directiva de la Asamblea Nacional.
La debilidad de los partidos políticos, el colaboracionismo con el FSLN, y la persistencia del pacto Alemán-Ortega en el control de las instituciones del estado, ha sido uno de los principales factores que dificulta el surgimiento de una alternativa opositora. Mientras tanto, una emergente pero beligerante sociedad civil, medios de comunicación independientes que fiscalizan la corrupción pública, y una Conferencia Episcopal crítica del autoritarismo, representan un importante factor de presión, pero no pueden ni se proponen sustituir al liderazgo de los partidos políticos.
El otro problema estructural que enfrenta la oposición es su falta de vinculación con la agenda social. En un país donde más del 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza en una situación de sobrevivencia, el liderazgo opositor ha centrado su estrategia casi exclusivamente en la denuncia del autoritarismo político, los atropellos a la legalidad y la institucionalidad democrática, pero se proyecta desconectado de las demandas sociales de la gran mayoría pobre y desempleada del país.
7) Dos posibles escenarios el 6 de noviembre.
a) Una victoria holgada de Ortega, con posibilidades de fortalecer la legitimidad de la reelección. b) Una elección competitiva, y eventualmente polarizada entre Ortega y Fabio
Gadea de la alianza PLI.
En el primer caso que en este momento el más probable, no se puede descartar que al acercarse el período electoral, Ortega adopte medidas que para mejorar la imagen del
Consejo Supremo Electoral, y que incluso autorice la observación electoral. De hecho, el principal objetivo del gobierno es resolver el déficit de legitimidad de la reelección de
Ortega, y lograr una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita hacer cambios constitucionales para modificar el sistema político.
Es prematuro, proyectar como sería un tercer gobierno de Ortega sin conocerse las condiciones en que obtendría la victoria. Sin embargo, cualquier proyecto de consolidación a largo plazo de su régimen requiere la permanencia del apoyo económico del gobierno de Chávez.
En el segundo caso, la posibilidad de una elección polarizada depende de que uno de los candidatos se desmarque claramente y se convierta en la alternativa de la oposición. De acuerdo a las encuestas, el que tiene más potencial para lograrlo es Fabio Gadea, de la alianza PLI de centro derecha-centro izquierda.
Alemán posee una maquinaria política importante a través del PLC, pero enfrenta un altísimo nivel de rechazo como candidato.
Gadea, en cambio, tiene un potencial de crecimiento. Sin embargo, para polarizar la elección con Ortega, Gadea primero tiene que cumplir tres requisitos. Primero, desplazar claramente a Alemán y al PLC ante los ojos del electorado; segundo, generar esperanza en el electorado y confianza en el voto será respetado; tercero, ganar el respaldo de los votantes independientes. Estas tres tareas requieren recursos económicos, estrategia y un buen desempeño como candidato. Y en caso de que en los próximos meses lograra desafiar a Ortega y forzar una elección competitiva, Gadea tendría que vencer un cuarto obstáculo aún mayor que es el control absoluto que ejerce el FSLN en el Consejo Supremo Electoral, y el peligro de un nuevo fraude electoral.
*Periodista nicaragüense. Director de Esta Semana y Confidencial. Presidente de Cinco.
[email protected], 505 22775134