Antes de acusar a Obama de ‘espionaje’ durante la compaña presidencial, Trump «no consultó en el seno del Gobierno» la veracidad de esta información.
Las acusaciones del presidente de EE.UU. Donald Trump a la Administración Obama de haber interceptado sus comunicaciones antes de las elecciones presidenciales podrían acarrear al nuevo inquilino de la Casa Blanca algunos problemas legales, informa NBC News.
Aunque la ley ofrece amplias garantías al discurso político, esta no alcanza todos los casos, informa la cadena. «Básicamente [Trump] afirma que Obama cometió delitos, y declarar que alguien ha cometido un delito cuando es falso es claramente difamatorio», señala Benjamin Zipursky, profesor especialista en difamación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York. A su juicio, en este caso «hay pruebas de imprudencia» por parte del nuevo mandatario.
Además, la cadena estadounidense subraya que es difícil para las figuras públicas salir airosas de casos de difamación pues la mayoría de los tribunales suelen condenarlas porque en su condición asumieron hacer sus vidas públicas, lo que significa que se hablará de ellos.
«Lo que el demandante tiene que demostrar es que el acusado ha dicho, escrito o tuiteado algo que constituya una declaración o hecho falso que dañe la reputación del acusado«, aseguró Jay Wexler, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Boston (Massachusetts). Sin embargo, Wexler indicó que, puesto que Obama es un funcionario público, «uno tiene que demostrar» que las declaraciones se han hecho «con algún tipo de intención de dañar».
Asimismo, un alto funcionario estadounidense afirmó a NBC News que Trump «no consultó con la gente en el seno del Gobierno de EE.UU. que pudiera saber [si la información era cierta] antes de hacer la declaración».
A pesar de la posible querella, es poco probable que Obama demande a Trump por difamación ya que los predecesores tienden a dar al presidente sucesor «una buena cantidad de espacio» al tiempo que este goza de «protección ante juicios civiles», recalca la cadena citando la decisión de la Corte Suprema de 1982.