Legisladores del Congreso de los EEUU insisten en su afán de instituirse como los grandes jueces sobre temas vinculados a la democracia y los derechos humanos, cuando la verdad es que no son más que el reflejo de una política injerencista de un sistema que pretende arrasar de cualquier forma con los Gobiernos que no son de su agrado.
La última prueba de ello es la moción que en conjunto realizaran un grupo de senadores Republicanos y Demócratas, exigiendo a su Gobierno a tomar sanciones más fuertes contra la administración del presidente venezolano Nicolás Maduro, tal como lo pretenden hacer en contra de Nicaragua con el reingreso al Senado de la injerencista ley conocida como Nica Act.
Por si fuera poca esta descarada intromisión en los asuntos internos de otros países, este grupo bipartidista de senadores también demandó del Departamento de Estado y sus organismos financieros endurecer todo un “esfuerzo regional” en busca de una salida, en una clara alusión a que insistan con mayor firmeza en concretar el “golpe suave” en estos países.
La “prepa” de los traidores
Como fachada en su propuesta intervencionista, también solicitan que se le permita al Departamento de Estado actuar a total discreción sobre la “ayuda humanitaria” que brindan junto con sus organismos financieros, a fin de que la derecha en los países latinoamericanos con Gobiernos de izquierda, sigan recibiendo con mayor afluencia grandes sumas de dinero.
En nuestro país, la derecha, conformada por grupos elitistas de políticos y ONG opositoras, no solo ve con agrado la moción de los senadores, sino con avidez y hasta envidia, ya que a pesar de recibir grandes desembolsos, quisieran echar manos de los 10 millones y 9. 5 millones de dólares que los congresistas proponen que se les entregue a Venezuela en “ayuda humanitaria” y a organismos de Derechos Humanos, respectivamente.
El financiamiento solapado que sucesivos Gobiernos de los EEUU, a través del Departamento de Estado y las entidades financieras bajo su cargo, no solo llega a políticos corruptos de derecha y a ONG opositoras, sino que esta “inyección de dinero” se hace extensa a quienes consideran unos aliados importantes: los medios de comunicación afines a sus intereses.
Los periodistas “independientes”
Este descarado financiamiento que recibe la derecha criolla del país, no es solo con propósitos político-partidistas. Otro de los flancos en los que han podido disfrutar de cuantiosas contribuciones es en lo tocante a medios de comunicación y capacitación para distribución de contenidos a través de las redes sociales, a fin de masificar el mensaje que conviene a sus patrones locales y extranjeros.
En Nicaragua es de todos conocidos cuáles son esos medios de prensa, tanto escritos, radiales como programas y noticieros televisivos que se benefician de esta “ayuda humanitaria” proveniente del Departamento de Estado o sus filiales financieras, a través de organismos que sirven de fachada aquí en el país como fundaciones y ONG opositoras, así como de grupos de políticos que adversan al Gobierno.
Reparten miles de dólares como caramelos
Según documentos desclasificados entre 2007 y 2009, el Departamento de Estado financió de manera soterrada a periodistas latinoamericanos en países como Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Se autorizaron solo en la nación caribeña 700.000 dólares en becas de periodismo y programas vinculados, así como recursos para reclutar a jóvenes reporteros a través de ONG como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).
El resultado salta a la vista. En los últimos años, pese a la supuesta falta de «libertad de expresión» que denuncia la oposición, han proliferado los medios digitales.
Así, en un caldo noticioso donde abundan las noticias falsas, los rumores y la información «sin confirmar», existe una caja de resonancia mediática que ha contribuido a ofrecer una imagen única de la coyuntura política, que silencia de manera adrede las voces de estos gobiernos e, incluso, las sataniza.