Los fiscales generales de Maryland y Washington denunciarán este lunes al presidente de EE UU por violar la cláusula anticorrupción de la Constitución, según el ‘Washington Post’
El dinero persigue a Donald Trump. Su incapacidad para desvincularse de su imperio inmobiliario y su negativa a hacer pública su declaración fiscal han empezado a jugar en contra. Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, ambos bajo la égida demócrata, van a presentar hoy, según The Washington Post, una demanda contra el presidente de Estados Unidos por supuesta violación de la cláusula constitucional que impide a los altos cargos aceptar emolumentos de gobiernos extranjeros.
La polémica, de fuerte carga política, no es nueva. Al igual que los fiscales, grupos civiles ya han llevado ante los juzgados esta presunta incompatibilidad financiera. Los abogados de la Casa Blanca, en su respuesta a estas reclamaciones, han señalado que los pagos foráneos que reciben las empresas de Trump son legales. Entre estas percepciones estarían incluidos los efectuados por Kuwait, Arabia Saudí y Turquía a través de reservas en hoteles y su contratación para actos.
“Ni la Constitución ni la historia legal de la cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de aquellos negocios del presidente que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”, ha indicado en un escrito del Departamento de Justicia. Esta postura ha sido avalada por algunos expertos jurídicos, que subrayan que el veto fue incluido en la Constitución con el objetivo de evitar que los altos cargos estadounidenses fuesen empleados de potencias extranjeras.
Las fiscalías de Maryland y el Distrito de Columbia consideran que el presidente ha entrado en colisión con la ley al no haberse desvinculado plenamente de su emporio, sino de haber transferido simplemente su gestión a sus hijos Donald y Eric. Con esta maniobra, según el ministerio público, Trump mantiene cierto control sobre sus negocios, como demuestra que siga recibiendo informes de sus estados financieros. Esta dependencia le haría susceptible de ser influido por los pagos de gobiernos extranjeros a sus compañías.
Tras la presentación de las demandas, el caso aún deberá ser admitido a trámite por un juez. Los fiscales han prometido que están dispuestos a investigar hasta qué punto el presidente sigue ejerciendo la dirección del conglomerado y también van a solicitar sus declaraciones de Hacienda, uno de los secretos mejor guardados de la Casa Blanca.