José Eduardo Cardozo, confía en revertir el proceso de “impeachment”. Aseguró que es “un juicio puramente político que se justifica en una retórica mentirosa”.
El abogado Juan Eduardo Cardozo, quien encabeza la defensa de la mandataria brasileña Dilma Rousseff, en el proceso de impeachment aprobado por el Senado de Brasil, considera que las acciones implementadas hasta ahora son ilegales y afirmó que se trata de un golpe de Estado sin armas.
En entrevista realizada por El Espectador, Cardozo explicó que “Brasil tiene un sistema presidencial y nuestra Constitución es clarísima cuando dice que el presidente de la República solo puede ser apartado del poder cuando ocurre un delito de responsabilidad, cuando comete crímenes que atenten contra las leyes”.
En este sentido, recalcó que las acusaciones contra Dilma Rousseff no tienen nada que ver con haber recibido dinero ni desviado recursos, algo que sí es un crimen”. “Lo que ella hizo fue algo de manejo administrativo. Las acusaciones que se le hacen son dos: una, maquillar las cuentas fiscales de 2014, y dos, retrasar los pagos al Banco Central. Nada de eso ocurrió”, aclaró.
Aseguró “que todo esto es un pretexto jurídico, una situación que no es legalmente sustentable, un juicio puramente político que se justifica en una retórica mentirosa”.
“El país está perdiendo su credibilidad, su imagen nacional e internacional. Esto es una vergüenza, por tanto, creo sinceramente que vamos a revertir la situación. No es posible que una presidenta que no tiene acusaciones reales sea apartada de su cargo. Se hace ahora un golpe que no es con tanques, con armas, sino con retórica jurídica”, subrayó.
Temer pasó a ser el presidente interino de Brasil luego de que la mandataria Rousseff, elegida con 54 millones de votos populares, fuera separada de su cargo por seis meses para enfrentar un juicio político, pese a que no existen pruebas en su contra de supuesta tergiversación de cifras durante su Gobierno.
El Senado aprobó el proceso de impeachment en la madrugada de este jueves con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado.
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables «ilegales» para «maquillar» los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.