La primera y larga gira internacional de Donald Trump, pese a toda la atención mediática que concentra, no ha dado tregua a la tormenta política derivada de la llamada trama rusa que lleva meses agitando Washington. Altos cargos políticos y del servicio de Inteligencia del Kremlin estuvieron debatiendo cómo ejercer influencia sobre Trump a través de sus asesores antes de celebrarse las elecciones presidenciales de noviembre, según publicó este miércoles The New York Times citando tres fuentes del espionaje estadounidense.
La Inteligencia de EE UU recopiló la información en verano. En concreto, según el rotativo, los espías americanos interceptaron conversaciones en las que estos cargos rusos citaban a dos hombres a los que se podría utilizar para influir en Trump: a Paul Manafort, jefe de la campaña de Trump en aquel momento, y Michael Flynn, el general que asesoraba al ahora presidente y acabó nombrado consejero de Seguridad Nacional. Ambos tuvieron que borrarse del círculo de Trump precisamente por sus vínculos con Rusia, Manafort antes de los comicios y Flynn a principios de febrero y en medio de una grave polémica, ya que había mentido sobre sus contactos con agentes rusos además de omitir intereses económicos relevantes.
La información se alínea con la declaración que John Brennan, director de la CIA en esas fechas, hizo el martes ante el Comité del Senado que investiga la llamada trama rusa: la injerencia de Moscú en las elecciones americanas con el fin de favorecer la llegada de Trump a la Casa Blanca y la posible connivencia de miembros del círculo del republicano en esa estratagema.
El Times señala que algunos de esos funcionarios rusos -miembros del espionaje y políticos- se jactaron de lo bien que conocían a Flynn y otros plantearon sacar provecho de sus vínculos con Viktor Yanukovych, el expresidente prorruso de Ucrania, para quien el lobista Manafort trabajó llegando a cobrar 12 millones de euros. Manafort dimitió en agosto como jefe de campaña de Trump al conocerse esa relación.
Estos datos llevaron a los servicios de Inteligencia de EE UU a mover ficha y pasar la información al FBI, que abrió su propia investigación, aún en marcha. A primeros de octubre empezó a trascender que EE UU veía a Rusia como responsable de toda una serie de ciberataques sufridos por el Partido Demócrata. El pasado martes, el entonces director de la CIA contó por primera vez en público lo que había estado pasando: “Me encontré con información e inteligencia que revelaba contactos e interacciones entre funcionarios rusos y ciudadanos estadounidenses involucrados en la campaña de Trump que me preocupaban por los conocidos esfuerzos rusos por sobornar a esos individuos”, dijo.
Otro de los personajes salpicados por el caso ruso es el fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, que ha tenido que apartarse de la investigación por haber ocultado durante las audiencias del Senado para su confirmación que se reunió en dos ocasiones con el embajador de Moscú en Washington, Sergey Kislyak, mientras era senador. Según informó CNN esta tarde, tampoco lo contó al Departamento de Justicia durante el proceso de investigación previo a su nombramiento.
La supuesta trama rusa para influir en las elecciones presidenciales se basó en el robo y publicación de correos electrónicos del Partido Demócrata que perjudicaban a la candidatura de Hillary Clinton así como la difusión de noticias falsas negativas. A Clinton también le lastró especialmente la investigación por parte del FBI de su uso del correo personal cuando era secretaria de Estado de Obama.
Este otro episodio de la gran novela en que se han convertido las elecciones de 2016 también vio otra filtración de calado. Según The Washington Post, uno de los documentos que usó el FBI -procedente de la Inteligencia rusa- podría ser falso. Este revelaba que la entonces fiscal general, Loretta Lynch, habría tranquilizado a un miembro del equipo de Clinton que la investigación no iría demasiado lejos. Esto llevó al entonces director del FBI, James Comey, a cerrar la investigación sin la participación de Justicia con el fin de que, si trascendía el documento, el proceso no quedara invalidado.
Fuente: El PAÍS