El agente de la CIA y director de la dependencia de la “compañía” conocida como Freedom House, Carlos Ponce, continuó con su campaña en contra de funcionarios y empresarios nicaragüenses, a quienes pretende intimidar con sanciones provenientes del Congreso de los EEUU por el simple hecho de formar parte o apoyar al Gobierno de Nicaragua.
Resulta que Ponce actualmente se está dando a la tarea de elaborar su “lista negra” de funcionarios y empresarios nicaragüenses que forman parte o se relacionan económicamente con el gobierno del presidente Daniel Ortega, y en su manoseo a nuestra soberanía mencionó a Roberto Rivas, Presidente del CSE; a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y César Zamora, como candidatos a sanciones.
Ponce sentenció (¿?) que ellos podrían ser los primeros en engrosar la lista de personas que serían sancionadas a través de la Ley Magnitsky Act, por medio la cual el presidente Trump tiene el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas, así como congelar activos y pasivos en jurisdicción de los EEUU.
La Ley Magnitsky, que fue aprobada por el Congreso USA en el 2012 y reformada en 2016, consiste en establecer sanciones a quienes se relacionan económicamente con gobiernos que no son del agrado del sistema Norteamericano, en otras palabras, a las personas que estén ligadas a Gobiernos que consideren “corruptos” y “violadores” de los Derechos Humanos, argumento con lo que Ponce justificó su “lista negra”.
Por si fuera poco, Ponce alentó a los grupos políticos y ONG opositores en Nicaragua a que le ayuden a “nutrir” su lista negra con nombres de empresarios y funcionarios afines al Gobierno que a su juicio estén ligados a la violación de los Derechos Humanos y a la corrupción, ya que de esta forma los senadores la puedan presentar en el pleno del Congreso, a fin de aplicar las sanciones correspondientes en cada caso.
En el caso específico del empresario César Zamora, el Presidente del Cosep, José Adán Aguerri rechazó las pretensiones del agente de la CIA Carlos Ponce y lo calificó como un irresponsable, ya que Zamora es ciudadano estadounidense y precisamente por su vinculación empresarial en Estados Unidos, de forma anual tiene que firmar el certificado de anticorrupción.
El director de Freedom House ha conspirado abiertamente durante distintos períodos electorales en los que pensó ver una puerta abierta en Nicaragua, por lo que vino para participar en reuniones conspirativas con grupos políticos y ONG opositores, hasta que el Gobierno le negó la entrada.
Aunque Ponce se quejó, por los antecedentes de Freedom House no queda ninguna duda de que quiso estar presente para las elecciones presidenciales, enviado como avanzada para -haciendo uso de su fachada de organización de derechos humanos- descalificar al gobierno del presidente Daniel Ortega, teniendo como coro bien afinado a las ONG opositoras y a los medios de comunicación que están en la misma sintonía.