«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?» es la pregunta.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que piensa convocar para el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña pese a no contar con el consentimiento del Gobierno del Estado. «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?» es la pregunta. Así lo ha anunciado hoy. Primero ante su Consell Executiu, reunido en el Palau de la Generalitat de forma extraordinaria. Después en una solemne declaración institucional, arropado por la mayor parte de los 71 diputados de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP, que tienen la mayoría absoluta en el Parlament pero que en las últimos elecciones autonómicas solo sumaron el 47,7% de los sufragios
El reloj de la vía unilateral del Ejecutivo catalán ha echado a correr. Diecisiete meses después de ser investido presidente de la Generalitat, Puigdemont desafía de nuevo al Estado al desvelar las dos cuestiones clave que el bloque independentista llevaba meses reclamando, “conjurarse para tener todas las garantías” que permitan que la consulta sea efectiva y comprometerse a “aplicar el resultado”.
El anuncio ha llegado precedido de dos duros discursos contra el Gobierno central. Puigdemont ha denunciado que el Gobierno de Mariano Rajoy “no ha querido participar en la solución real y profunda” a la reivindicación de Cataluña. Ha afirmado que con el “no quiero” reiterado del Ejecutivo central, “es mejor no ir al altar”, en referencia a la posibilidad de que la propuesta de referéndum de la Generalitat no vaya finalmente al Congreso, pese a que en los últimos días se había reabierto esa puerta desde el gabinete del president.
Puigdemont ha aprovechado el ejemplo del Estatut, refrendado por los catalanes en 2006 y posteriormente recortado por el Tribunal Constitucional, como un ejemplo de que pese a un “largo diálogo” con el Estado no se encontraron soluciones. Ha aprovechado y ha culpado de aquella situación a un tribunal de garantías altamente politizado, que, en su opinión, ahora “no es mejor” y ha recordado incluso las querellas presentadas contra los miembros de la mesa del Parlament por permitir votar resoluciones independentistas.
Antes que el presidente catalán, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha recordado que éste se ha negado “en 18 ocasiones” a negociar con el catalán y lo ha acusado de ejercer de “forma poco adecuada sus funciones”. Se ha referido al problema catalán, pero también a otros como el corredor mediterráneo, el fondo de reserva de la Seguridad Social e, incluso, el proyecto de almacén subterráneo de gas Castor.
Como estaba previsto se trata de una pregunta clara con respuesta de sí o no. Su redactado, acordado entre Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, contenta al PDeCAT, que reclamaba el uso del concepto “estado”, y a ERC y la CUP, partidarios de utilizar el término “república”.
El anuncio tanto de la fecha como de la pregunta se formaliza sin que haya certeza de que el referéndum vaya a poder celebrarse. Previsiblemente, el Tribunal Constitucional lo anulará, como ha hecho con otras resoluciones que desarrollaban la hoja de ruta secesionista aprobada en el Parlament el 9 de noviembre de 2015. Desde el Gobierno central ya se ha afirmado que “el referéndum no se va a celebrar” y que se utilizarán los mecanismos necesarios para evitarlo. De momento, el Gobierno catalán no ha aprobado ningún acuerdo que pueda ser recurrido, pese a que ha puesto en marcha concursos genéricos para comprar papeletas y urnas, si bien oficialmente son para elecciones autonómicas y otros procesos participativos. Está previsto que el decreto de convocatoria se apruebe en la segunda quincena de agosto.
El referéndum unilateral que ha puesto en marcha sigue a la negativa del Gobierno central a negociar una consulta independentista que depende, según argumenta, de “la soberanía nacional”. Los intentos de aproximar posiciones de ambas partes han acabado en un claro fracaso, con apenas dos reuniones entre los principales responsables de ambos ejecutivos: Mariano Rajoy con Puigdemont y los vicepresidentes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras. El definitivo intercambio de cartas entre los dos presidentes de hace un par de semanas cerró la remota posibilidad de un acuerdo.
Puigdemont también ha fracasado en su intento de que esta nueva etapa de su mandato tenga el apoyo firme de Catalunya en Comú, el partido impulsado por Adal Colau y Xavier Domènech. De momento, la nueva confluencia de izquierdas se desmarca de la vía unilateral y reclama conseguir las condiciones de una consulta efectiva, con garantías jurídicas. La Comisión de Venecia también ha recordado a Puigdemont que el referéndum debe pactarse con el Gobierno español.
Pese al anuncio de hoy, el Gobierno catalán no cierra la puerta a una salida pactada. Puigdemont dijo en su conferencia en Madrid su disposición a negociar “hasta el último minuto de la prórroga” y todavía es posible que recoja el guante del Gobierno central y acuda al Congreso para explicar sus intenciones. En el entorno soberanista todavía hay quien tiene esperanzas de que una oferta de último momento salve el choque de trenes.