De manera forzosa y lamentable, tenemos que referirnos nuevamente, desde La Habana, a malas noticias provenientes de Colombia que se han vuelto cotidianas en el desenvolvimiento de la vida nacional, y que impactan negativamente sobre el proceso de paz.
Hemos puesto todo nuestro empeño y optimismo en sacar adelante, hasta ahora, dos acuerdos parciales que abrirían caminos hacia la justicia social y la democracia real; uno es el referido al histórico problema de la tenencia y uso de la tierra, y el otro, a la Participación política ciudadana, los cuales de una u otra forma han sembrado esperanzas de reconciliación. Pero frente a la terrible realidad de los asesinatos contra los reclamantes de tierra, la represión contra quienes claman por la concreción de la reforma agraria, la persecución y los encarcelamientos amparados en liberticidas normas de seguridad ciudadana; la admisión descarada de la intervención de la CIA en el conflicto interno; en fin, frente a la mano tenebrosa del imperio, frente a la guerra sucia y el terrorismo de Estado que no cesan, nos preguntamos si se puede seguir confiando en la posibilidad cierta de encontrar la paz tras la firma de un acuerdo final.
Las amenazas contra la UP, contra la Marcha Patriótica (que desde el año pasado ya suma 30 integrantes asesinados), contra la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), contra juristas y activistas defensores de derechos humanos, contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, contra dirigentes de raigambre popular como Piedad Córdoba, Jaime Caicedo, Carlos Lozano, Aída Abella, César Pachón, David Flórez, Andrés Gil… entre otras decenas de líderes políticos y sociales, son la reedición de la Guerra de Baja Intensidad y de la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional en general, que durante décadas ha protagonizado el militarismo en Colombia.
Una institucionalidad que funciona a punta de mermelada corruptora (manejo doloso del erario público) dentro de la cual, todos los días estallan escándalos de venalidad y deslealtades, de rapiña clientelista y de intereses grupales y personales, no logra generar confianzas para depositar en ella los destinos del país. ¿Quién chuza a quién? ¿“Sala gris”? ¿“Andrómeda”? ¿Quién espía a quién? Quién manda asesinar a quién, y por qué? ¿Rastrojos?¿Águilas Negras?¿Paramilitarismo? Los viejos instrumentos de la guerra sucia, los escuadrones de la muerte actuando.
Pareciera que la gobernabilidad ha entrado en crisis, que el caos abraza al régimen en su conjunto.
A pesar de todo, nuestra disposición a encontrar los puntos de entendimiento que den solución a los profundos problemas sociales y pongan fin a las causas de la guerra, todavía espera una actitud sensata de la contraparte que frene la indolencia y los atropellos contra el pueblo y sus organizaciones sociales y políticas. El gobierno de Juan Manuel Santos debe sentar una posición clara de compromiso con la solución política y social, entendiendo que la vía más conveniente, para trazarnos el futuro está en la movilización del país, en la intervención del soberano, lo que obliga, sin más demoras a convocar la Asamblea Nacional Constituyente por la Paz.
La CELAC ha llamado a hacer del continente un zona de paz, manifestando además, con la firma de casi todos los presidentes de Nuestra América, su respaldo al proceso de diálogos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP en La Habana. De nuestra parte estamos dispuestos a jugarnos por esta causa humanitaria y altruista. Por eso, ante el peligro en que se encuentra este nuevo intento de reconciliación, llamamos a que toda la ciudadanía, en cada rincón de la patria actúe con todas sus potencialidades, en defensa y salvación del proceso de paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP