Ante los actos delincuenciales de la derecha, las delegaciones del gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (de oposición), expondrán hoy sus propuestas de cómo frenar todo tipo de violencia en el país ante expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El equipo técnico de la CIDH forma parte del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, entre cuyas actividades se encuentra la asistencia a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el diálogo nacional.
Asimismo dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por esta organización regional, al tiempo que monitoreará la situación de los derechos humanos en la nación centroamericana.
En tanto, dicha Comisión de Verificación y Seguridad logró que las partes reconocieran el derecho a la vida como un derecho humano inalienable, que debe ser protegido. A su vez se discutió sobre la necesidad de crear un clima de paz, insistiendo en un cese de la violencia y lo que la oposición calificó como actos represivos.
En ese contexto, la delegación del gobierno exigió el retiro de los tranques y bloqueos de vías que impiden la libre movilización de las personas, así como la entrega de los recintos estudiantiles a las autoridades universitarias para el retorno a clases como un derecho constitucional.
Al respecto, el dirigente sindical y miembro de la representación oficialista Luis Barbosa aseguró que esos tranques generan violencia y delincuencia y no abonaban al clima de paz que requiere el país para avanzar en temas de la democratización.
Por otra parte, según recoge Informe Pastrán -cuyo director es miembro de la delegación gubernamental- el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, férreo defensor de los grupos golpistas, se pronunció abiertamente en favor los tranques.
En su contradictoria opinión, Aguerri, expresó que los tranques constituyen un derecho de autodefensa de los opositores, al tiempo que aseguró que Nicaragua está afectada por la inseguridad y se vive bajo una especie de Estado de Sitio después de las seis de la tarde, en que la población no puede salir libremente a las calles.
Nicaragua lleva más de dos meses sumergida en una severa crisis sociopolítica, que estalló en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, las que más tarde fueron derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Acorde con denuncias, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno. Desde entonces la Comisión de la Verdad y la Justicia contabiliza un total de 194 personas muertas, la mayoría ocurridas en la capital, con 101 casos registrados.