La mandataria aprovechará el escenario para exponer frente a decenas de jefes de Estado la crisis en la que se encuentra Brasil y además hablar de su propia situación. Temer ocupará la presidencia en forma interina durante dos días.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, viajará el jueves a Nueva York para llevar a la ONU la denuncia por un intento de golpe que la oposición le prepara con el juicio político que podría llevarla a la destitución. Durante su ausencia, el vicepresidente, Michel Temer, asumirá la jefatura de Estado al menos por unas 48 horas.
El viaje de Rousseff se confirmó ayer y tiene como propósito la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en cuyas negociaciones Brasil participó activamente y es uno de los principales actores mundiales. La mandataria aprovechará el escenario para exponer frente a decenas de jefes de Estado la crisis en la que se encuentra Brasil y además hablar de su propia situación. Será la primera vez desde que hace tres semanas Temer se declaró del lado de la oposición, que Rousseff abandonará el país. “Hasta último momento se discutió sobre las consecuencias de hacer el viaje, pero la presidenta aprovechará el foro internacional para denunciar un golpe”, dijo un portavoz del gobierno.
La presidenta tiene planes de regresar a Brasilia el viernes por la noche, tras asistir al acto de la ONU. A pesar de haber culpado a su vicepresidente de ser una de los responsables del golpe y con quien ha roto relación, Temer será el que ocupará su cargo en forma interina durante los dos días de viaje. Asimismo, es el primero en la línea de sucesión en caso de que se apruebe la destitución de Rousseff y permanece recluido en su casa de San Pablo donde hay una incesante peregrinación de políticos. Temer recibió ayer a los llamados caciques del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), entre ellos el senador Romero Jucá, para delinear una estrategia mediática internacional para divulgar que lo que ocurre en Brasil según ellos no es un golpe, sobre todo después del pavor de los medios extranjeros al ver el contenido que tuvo el domingo la aprobación del juicio político. “La posición de Dilma compromete la imagen del país. Estamos preocupados por este tipo de mensaje que es equivocado y maléfico a los sectores internacionales que pueden ser engañados con el intento de pasar la imagen de que existe algún tipo de golpe”, sostuvo Juca. Este desfile de dirigentes de varios partidos, economistas y personalidades de diversos ámbitos, ha llevado a la prensa local a afirmar que Temer está en plena conformación de un eventual gobierno que podría asumir en la primera quincena de mayo.
Los apoyos internacionales a Rousseff, sin ninguno a favor de Temer, han aumentado el volumen de críticas hacia los líderes regionales que entienden, como el Partido de los Trabajadores (PT), que el juicio político por decretos sobre prioridades en el presupuesto puede configurar una excepción al Estado de Derecho. Temer moviliza una campaña en Estados Unidos para transmitir el mensaje de que no existe un golpe en marcha en el país y manifestó indignación frente al respaldo que la mandataria obtuvo de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y de la OEA (Organización de los Estados Americanos), informó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Aloysio Nunes, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
El futuro de Rousseff dependerá de la decisión que tome el Senado sobre el proceso y estará en manos de una comisión especial que será instalada probablemente el lunes en la Cámara alta. Analizarán las acusaciones remitidas por la Cámara de Diputados, que se refieren a maniobras fiscales irregulares y luego elaborarán un informe que se prevé que será votado en el pleno del Senado alrededor del 10 de mayo. Si se inclinan por instaurar el juicio político, la presidenta será separada del cargo durante los 180 días que dure el proceso. Los partidarios de la destitución han presionado al presidente del Senado, Renan Calheiros, cercano a Rousseff, para que comenzara a establecer los plazos y evitar así cualquier retraso en el proceso de juicio político, informó el diario O Globo. Calheiros, que choca con la posición de su partido, el PMDB (a favor del impeachment), se mostró molesto por la urgencia de la oposición. “No podemos transformar el proceso en el Bolero de Ravel, que no termina nunca, o como en 1992 (cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Fernando Collor) que todo se hizo en el mismo día”, defendió Calheiros y advirtió que no anticipará decisiones por motivaciones políticas para no incurrir en los errores del pasado. “Mi compromiso con la historia no me permitirá ser tildado de canalla. No voy a tener ese papel en la historia de Brasil”, sostuvo.
La comisión de 21 senadores, presidida seguramente por un legislador del PMDB, que lidera Temer, tendrá derecho como primera minoría en la cámara, con 18 de los 81 escaños. La instrucción del caso deberá recaer en la segunda minoría, que con 11 escaños cada uno constituyen el PT de Rousseff, y el PSDB, el más enconado opositor del Gobierno. El PSDB ha reclamado esa responsabilidad sobre la base de que el PT es parte interesada en el proceso, por lo que una vez que sea instalada la comisión ese asunto deberá dirimirse, posiblemente con el nombramiento para ese cargo de un senador del Partido Socialista Brasileño (PSB), que tiene la tercera minoría con siete escaños.
La instauración del juicio político dependerá de que lo apoye la mitad de los 81 senadores, mientras que la votación definitiva sobre el posible impeachment requerirá una mayoría de dos tercios (54 votos). En cualquiera de los casos, después del contratiempo que el Gobierno lleva en la Cámara de Diputados, en la que el proceso avanza con una clara mayoría de 367 votos frente a 137, las cosas parecen cuesta arriba para Rousseff en el Senado.
Sondeos hechos en la prensa local en la Cámara alta indican que al menos 46 senadores ya han manifestado su intención de votar a favor del juicio, en tanto que unos 20 estarán en contra y el resto indecisos. Más allá de eso, de los 17 partidos representados en el Senado, 12 votaron el pasado domingo en la Cámara de Diputados por la continuación del proceso y sólo cuatro lo rechazaron.