Dicen algunos en la jerga popular que todo «está inventado» ya. Puede que quienes lo afirman tengan razón.
Las guerras no convencionales puestas en práctica por EE. UU., por ejemplo, son de bastante nueva data; pero sus métodos sucios resultan los mismos de varias décadas atrás. La guerra sucia imperial es vieja.
Ahora mismo, la manera en que Washington aspira a derrocar al Gobierno de Daniel Ortega —respaldado masivamente por los miles de nicaragüenses que se movilizaron este 19 de julio—, se parece mucho al modo en que sacaron a la Revolución Sandinista del poder en el ya lejano año de 1990.
En aquella época los grandes medios ya tergiversaban, aunque no tenían tanto poder como para implementar las verdaderas guerras de mentiras que protagonizan hoy, y mediante las cuales los victimarios acaban por ser víctimas a los ojos de la población y del mundo, y viceversa.
Entonces la agresión resultó más brutal, hablando en términos estrictamente materiales, y manipuló en buena medida a la población de Nicaragua.
Para fines de los años de 1980, la que muchos identificamos como «guerra no declarada» de EE. UU. contra esa nación se desarrollaba en dos flancos, arteros por igual.
Por un lado, Washington decretaba un bloqueo naval y económico que hizo pasar penurias al Estado y la ciudadanía —para 1985 afectaba al 90 por ciento de la infraestructura productiva— y resultó el remate al punto de ataque principal: la promoción de un cuerpo contrarrevolucionario y mercenario que se conoció como «la contra», y cuyos feroces ataques armados desangraban a la nación, al tiempo que eran minados los puertos, entre otros ataques terroristas.
Ante la magnitud de la agresión, miles de jóvenes nicaragüenses alistados en el Servicio Militar debieron enfrentarlos, y muchos fueron sus víctimas.
La propaganda imperialista que, como no había entonces redes sociales ni internet, llegaba en las voces de los mismos inquilinos de la Casa Blanca, identificó al sandinismo con la guerra.
Sí, como ahora, la agresión imperialista manipulaba desde entonces los símbolos. La administración de EE. UU. dejaba claro que los nicaragüenses no tendrían paz mientras la Revolución dirigida por Daniel Ortega estuviera en la presidencia.
De modo paralelo, los esfuerzos pacificadores de los gobiernos de la región se alinearon con Washington. Así, la mediación regional para que la contra se desarmara quedó sujeta a la condición de que el sandinismo adelantara las elecciones.
Cuando se toma en cuenta el contexto, cualquiera puede deducir que aquellos fueron comicios amañados toda vez que se celebraron bajo guerra y bloqueo. Y las madres y las familias nicaragüenses no querían que sus hijos siguieran muriendo.
Fue así como Daniel Ortega y el FSLN «perdieron» las elecciones del 25 de febrero de 1990, adelantada por la voluntad de paz de la Revolución, frente a una coalición de gastados partidos de derecha juntada por el quehacer estadounidense, y con su dinero, que les llegaba mediante instituciones injerencistas como la NED, el IRI, o la Usaid. Y claro, la mano de la CIA.
Casi 30 años después, Washington reedita la campaña. Quien aún dude de que la «represión» gubernamental que se presenta por los emporios mediáticos y sus seguidores en las redes sociales forman parte de un plan urdido para entregar el poder a la cúpula empresarial derechista nicaragüense y a EE. UU., solo tendría que atender los pasos de sus personeros.
Quizá lo más reciente y elocuente sea la resolución condenatoria al Gobierno sandinista aprobada en la OEA, precisamente la víspera de las masivas demostraciones populares de respaldo a la Revolución, del día 19.
Las «costuras» del plan no podían ser más visibles. Mientras dentro del país los grupos violentos cierran vías, toman instalaciones del Gobierno y secuestran, queman vivas a personas (mejor si son sandinistas) y asesinan, el cuadro armado por quienes les asesoran es utilizado, precisamente, para presentar ante la comunidad internacional a un país en crisis por la «mano dura del ejecutivo», y al que es preciso «ayudar» a volver a la estabilidad con la injerencia.
Desde adentro, otras manos labran el camino para esos fines. El diálogo nacional al que el propio Gobierno convocó en busca de salidas de paz y que se realiza, a duras penas, de la mano de la Iglesia, sirve a los propósitos interventores. No se ha exigido jamás el levantamiento de los cierres de calle ni el cese de los ataques contra el sandinismo, en tanto lo que se quiere imponer al ejecutivo es la misma turbia receta de 1990: un adelanto de las elecciones presidenciales.
La identidad de quienes fungen como contraparte en las accidentadas pláticas resulta ilustrativa para conocer el terreno que se pisa.
Del lado de allá de la mesa está sentada la llamada Alianza Cívica, que dice representar a la sociedad civil y defender los derechos del pueblo, y está conformada por enemigos de clase del sandinismo, aunque recientemente este haya gobernado en alianza con algunos de ellos: el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada); AmCham (la Cámara de Comercio); Faganic (la Federación de Asociaciones Ganaderas); una llamada Coalición Universitaria donde se agrupan representantes de los centros de altos estudios utilizados para hacer estallar las protestas en abril, y no el grueso del estudiantado; miembros del sector rural que se dicen representantes del movimiento campesino aunque no lo sean, y Funides (la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico), una entidad que se presenta en su página web como un centro de pensamiento para el desarrollo económico y la reforma institucional, y que proclama sin pudor haber sido fundado por la estadounidense Usaid, de cuyos afanes subversivos en América Latina sabemos de manera sobrada.
Su único interés en las conversaciones es el adelanto para 2019 de las elecciones presidenciales previstas para 2020. Se trata de un cronograma electoral que busca realizar los comicios en el contexto enrarecido de un país casi llevado a la guerra civil por la ferocidad de los violentos aupados desde fuera que se presentan como «oposición política» a un ejecutivo y fuerzas del orden que, si no ponen orden, serán acusados de dejar proliferar el caos; y si levantan las barricadas de los sembradores del pánico y el terror, son tachados de «represivos».
Los pedidos de la Alianza Cívica respaldada por la Conferencia Episcopal de permitir la presencia en el país de observadores de la perniciosa e imperialista OEA o de su instrumento, la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que han tenido la anuencia del Gobierno, como gesto de buena voluntad—, solo han buscado, como podía presumirse, brindar asideros a la intervención foránea. Sus informes, los usados por el Consejo Permanente de la OEA para aprobar resoluciones condenatorias, no reflejan la realidad de un pueblo sometido a la guerra sucia.
Daniel Ortega y el FSLN resultaron electos en los comicios de noviembre de 2016. Aceptar ahora los condicionamientos que se le quieren imponer en el diálogo sería poner el peldaño al paso ulterior de la guerra sucia, que con el apoyo de la OEA busca otra derrota del sandinismo en las urnas.
Para conseguirlo, los violentos y los implementadores de la agresión mediática, ya han hecho el trabajo burdo. El corolario sería el deseado voto de castigo de una población que tiene «en vena», hace décadas, el rechazo a la violencia y a la guerra, lo que pretende sumarse a eventuales errores de los que nadie está desprovisto.
Las marchas del 19 de julio junto a la impresionante manifestación popular que conmemoró el aniversario del triunfo sobre el dictador Anastasio Somoza constituyen, sin embargo, una evidencia de que las masas reconocen la paz en el sandinismo.
Y esa demostración de fe debe respetarse.
El imperio no se resigna
La agresión contra Nicaragua se inscribe en el viraje buscado por una derecha continental (mandatada por los sectores reaccionarios de Estados Unidos) que pretende retrotraer la región a la América Latina neoliberal de los años de 1990.
Obviamente no les han tranquilizado los esfuerzos del sandinismo, a partir de su vuelta al ejecutivo en 2008, por llevar adelante un proceso caracterizado por las alianzas y la Reconciliación y la Unidad Nacional (que ese es su nombre), de modo de sellar el lastre social, y no solo político, que han dejado allí los rigores de la guerra de los años de 1980.
No es solo un desempeño nacional que, como quiera, ha privilegiado a los desposeídos.
Tal vez lo que más preocupe sea el carácter antimperialista radical de la ejecutoria sandinista, que ha sido y es eslabón importante del ALBA, fiel compañera de luchas de la satanizada Venezuela, promotora de una multipolaridad que no para mientes en encomendar a China la construcción de un canal interoceánico.
Por ahí pueden hallarse las motivaciones de esta nueva y no declarada guerra.