El presidente de la Generalitat amenaza con «votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10»
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves en una nueva carta a Mariano Rajoy que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión», el Parlament «podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10». Con ello el presidente catalán insiste en la idea de continuar adelante con su plan independentista al tiempo que reconoce que la semana pasada no se declaró formalmente la secesión. La respuesta del presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lejos de abrir una puerta al diálogo no hace sino activar completamente la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución.
Las medidas para implementar el 155 se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario que se reunirá este sábado. El Gobierno ha constatado “a las diez horas de esta mañana, la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, dice el comunicado de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.
Puigdemont no ha querido valorar en su misiva la oferta de diálogo en el seno del Congreso que le lanzó el Gobierno ni la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que restaría autogobierno a Cataluña. La carta va en la misma línea que la enviada el pasado lunes. Puigdemont destaca que el diálogo que pide debería traducirse en una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En su nueva carta, Puigdemont sí subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament «no votó» ninguna declaración de independencia y recalca que su «suspensión continúa vigente», antes de añadir: «Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar». Con estos argumentos la Generalitat intentará frenar, como mínimo unos días, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.
La prisión provisional por un presunto delito de sedición aplicada a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural es utilizada por Puigdemont para insistir en la idea de que el Gobierno no quiere una solución política para Cataluña. «Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Omnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática», dice la misiva.
Ante la finalización del plazo para contestar el requerimiento y la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución con unas consecuencias imprevisibles, el Gobierno y el PSOE lanzaron el miércoles a Puigdemont un último salvavidas. Ambos se comprometieron a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el president convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas que «restablezcan el orden legal». Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien prometió informar de las medidas concretas que adoptará si finalmente activa el 155.
El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado “aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”. El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas “con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista”. Sendas delegaciones del Gobierno y del PSOE se reunieron a partir de las diez de la mañana, una vez conocida la respuesta de Puigdemont, para negociar estas medidas que también serán sometidas a la deliberación de Ciudadanos. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha leído el texto de respuesta del Gobierno en el Congreso, con alguna modificación.
Una intervención del 155 “muy muy limitada”
El PSOE de Pedro Sánchez quiere una intervención «muy muy limitada a la prestación de los servicios públicos, que no deben verse afectados en su funcionamiento» y durante el tiempo «más breve posible», como ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en comparecencia en la sede del partido en la calle Ferraz. El PSOE respalda la activación del 155 tras la respuesta de Carles Puigdemont, toda vez que «la democracia y el Estado de derecho no pueden ceder ante esa inadmisible amenaza» de votar una declaración unilateral de independencia, pero subraya que hasta que se aprueben definitivamente las medidas del 155 por el pleno del Senado están «abiertas todas las ventanas» para que el presidente catalán dé marcha atrás.
Miquel Iceta, primer secretario del PSC, considera que la “amenaza de declaración de independencia” anunciada por Puigdemont “hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución”.
Fernando Martínez-Maillo, coordinador nacional del PP, ha abierto la puerta a que el Gobierno despoje al presidente de la Generalitat de la competencia que le permite decidir cuándo serán los próximos comicios autonómicos en Cataluña. «La facultad de convocar elecciones es de Puigdemont, hasta que deje de tenerla», ha advertido. Esa es una de las medidas que baraja el Ejecutivo en sus negociaciones con el PSOE y con Ciudadanos. Los tres integrantes del frente constitucionalista consideran que el adelanto electoral aliviaría la tensión del enfrentamiento institucional que mide al Gobierno y al Govern, aunque difieren en los plazos de su aplicación.
Pablo Iglesias se ha mostrado en contra de la aplicación del 155 porque en su opinión la consecuencia sería «echar más leña al fuego» a la crisis catalana. «Aplicar el 155 después de que no haya habido declaración de independencia supondría una involución democrática», ha afirmado el secretario general de Podemos, muy crítico con el denominado frente constitucional que forman PP, PSOE y Ciudadanos.
«Una democracia no puede aceptar chantajes. No aceptamos chantajes el 23-F, no aceptamos chantajes con el terrorismo y no aceptamos chantajes ahora», ha afirmado Albert Rivera. «No hay ninguna novedad», ha añadido el presidente de Ciudadanos, que ha criticado que la Generalitat no se ha movido de su posición en todas estas semanas y ha acusado al Govern de situarse fuera de la ley.