El Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de España, que solicita declarar nulos los acuerdos por los que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia de forma unilateral.
El pleno del Tribunal Constitucional de España ha suspendido la declaración de independencia de Cataluña aprobada el viernes pasado por el Parlamento catalán.
El Tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno, que solicita declarar nulos y sin efecto jurídico alguno los acuerdos por los que el Parlamento de Cataluña declaró la independencia de forma unilateral.
En concreto, en el incidente de ejecución presentado por el Ejecutivo español se solicita suspender las dos declaraciones aprobadas por el Parlamento, la de la declaración de independencia unilateral y la de inicio de un proceso constituyente.
El Gobierno de España argumenta que «la ejecución de estas previsiones» tanto por la Generalidad como por el Parlamento catalán «constituyen en sí mismo un incumplimiento evidente de previas resoluciones firmes del Tribunal Constitucional», el cual «genera una situación de perturbación extremadamente grave del orden constitucional».
La decisión del Constitucional se basa en el artículo 161.2 de la Carta Magna y garantiza la suspensión cautelar automática de las dos resoluciones. Asimismo, da un plazo de 24 horas a la Fiscalía y a la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña para que «formulen las alegaciones que estimen oportunas».
- Este 27 de octubre el Parlamento catalán proclamó unilateralmente la independencia, tras lo cual el Gobierno de Mariano Rajoy anunció la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
- Rajoy disolvió el Parlamento regional y destituyó al presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su Gabinete.
- El jefe del Gobierno español también convocó elecciones para el 21 de diciembre.
Puigdemont y cinco exconsejeros se refugian en Bruselas
Bruselas es un gigantesco imán para todo tipo de crisis. En un giro inesperado con aires de sainete tragicómico, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se trasladó ayer a Bruselas juntamente con cinco de sus consejeros, según fuentes del Ministerio del Interior. Puigdemont sopesa solicitar el derecho de asilo en Bélgica, o tratar de armar una estrategia de defensa que persiga dilatar los plazos o embrollar el procedimiento, según sus abogados. Hay pocos hechos comprobados de lo que alguno de sus colaboradores califica como exilio y de lo que fuentes españolas prefieren describir como una fuga. Pero la petición de asilo podría provocar un incidente diplomático, según las fuentes consultadas, amén de abrir una crisis política en Bélgica.
Más allá de las consecuencias políticas de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el desafío independentista catalán se ha llevado dos reveses en los últimos días: el sonoro portazo de la Unión Europea y la huida de empresas y bancos —que han puesto pies en polvorosa para evitar la incertidumbre— han convertido el relato secesionista en un cúmulo de malas noticias, que ayer tomaron forma de sainete vodevilesco. Con los partidos soberanistas preparando ya las elecciones del 21-D tras la aplicación del 155, Puigdemont y cinco de sus consejeros protagonizaron una espantada, una fuga, un traslado o un exilio —aún no está del todo claro— camino de Bruselas. El presidente catalán busca una salida en Bélgica: podría solicitar asilo político o intentar esbozar una estrategia de defensa destinada a dilatar al máximo un proceso judicial que se adivina largo y espinoso.
Nadie en el entorno del exdirigente catalán aclaró el motivo último de ese viaje. Pero la llegada a Bruselas de Puigdemont y sus consejeros —Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC)— se produjo apenas unas horas después de que el secretario de Estado belga Theo Francken abriera la puerta a la solicitud del estatuto de asilado para el ya expresidente de la Generalitat. Francken pertenece a la N-VA: nacionalistas flamencos —al filo del ala ultra en materia de migración y otros asuntos— que han mostrado una y otra vez sus simpatías por el procés. El domingo, el primer ministro belga, el liberal Charles Michel, le llamó al orden de inmediato, en un conato de crisis de Gobierno al que se sumaron sus otros dos socios de coalición. La crisis de Estado española se traslada así a Bélgica, que tiene sus propias cuitas con los nacionalismos desde hace años.
El presidente catalán pretende explotar las tensiones políticas en el seno del Gobierno belga. Pero aún no tiene claro si finalmente solicitará asilo: Puigdemont se reunió ayer con un abogado belga especializado en derechos humanos, Paul Bekaert, que hace unos años evitó la extradición de la etarra Natividad Jáuregui. “No hay nada decidido sobre la petición de asilo”, aseguró a EL PAÍS, “pero sí puedo decirle que mañana [por hoy] habrá una comparencia pública”. El abogado barcelonés de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, apuntó en esa misma línea. “Puigdemont no se ha ido a Bruselas para esconderse; dará la cara en algún momento”, dijo a este diario.
Fuentes diplomáticas apuntaron que Puigdemont habría sido invitado por europarlamentarios flamencos, pero la N-VA negó durante todo el día cualquier relación con ese viaje. “Si finalmente Puigdemont no solicita el asilo, la lectura directa será que Bélgica le ha avisado de que no se lo va a conceder porque eso provocaría inmediatamente una crisis política belga y europea”, explicaron fuentes diplomáticas. España cree que no hay caso: la figura del asilo diplomático o territorial es inaplicable, más aún entre Estados de la UE, concluye un informe del Ejecutivo español.
“Si se le concediera el asilo se produciría una controversia importante entre los dos Estados [Bélgica y España], ya que sería tanto como poner en tela de juicio la consideración de España como Estado seguro y despreciar el esencial principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión”, avisa el citado informe.
Casi todo lo demás fue una extraña muestra de surrealismo, en un episodio envuelto en una espesa bruma de mala novela policiaca. Mientras el líder de ERC Oriol Junqueras preparaba las elecciones o el consejero Josep Rull acudía a su despacho, el diputado de Junts pel Sí Luís Llach dio por hecho en las redes sociales que Puigdemont es ya de hecho un “exiliado”, y calificó ese traslado a Bruselas como “una denuncia contra España ante los estamentos europeos e internacionales”. El distrito europeo de Bruselas, semivacío en una semana de escasa actividad, ni se inmutó: “Puigdemont no es bien recibido en las instituciones”, indicó una alta fuente de la UE. El exjefe del Govern jugaba al despiste por la mañana con una fotografía en Instagram en la que daba a entender que estaba en el Palau de la Generalitat, pero después trascendió que se desplazó en coche junto a sus consejeros hasta Marsella, para después coger un avión a Bruselas, informa Efe, e instalarse en un entorno “seguro y discreto”, según explicó TV3.
Puigdemont se centra ahora en su estrategia procesal. En la tarde de ayer se reunió con su abogado belga, Dekaert, que adujo “secreto profesional” para no dar detalles de esa conversación. En la tarde del domingo, el expresidente mantuvo con Alonso-Cuevillas, su letrado barcelonés, otra charla en su domicilio de Sant Julià de Ramis (Girona), durante la cual Puigdemont no le anunció su intención de salir de España, pero sí le mostró su enorme preocupación por las manifestaciones de protesta que se podían derivar si él o los miembros de su Gobierno ejercían una resistencia institucional a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y acudían a trabajar a sus despachos institucionales y hubieran sido desalojados por los Mossos d’Esquadra. Alguno de sus consejeros así lo hizo: no sucedió nada.
“No sé si volverá a España, porque es consciente de que si regresa podría acabar en la cárcel”, explicó el letrado. “No confío en un juicio justo”, reconoció sin reparos Alonso-Cuevillas, que fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona y que se mostró sorprendido por lo que calificó como “un uso desproporcionado del Derecho Penal”. “Un jurista serio como [el fiscal general del Estado] José Luis Maza no puede decir que Puigdemont cometió un delito de rebelión como se dice en la querella”. Alonso-Cuevillas calificó de “persecución política” la querella presentada ayer contra Puigdemont y los que fueron sus consejeros y anunció que inicia este proceso judicial con la intención de acabar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Independentismo acata la intervención
Solo dos de los exconsejeros que tuvo Carles Puigdemont acudieron ayer a la sede de sus departamentos
No hubo resistencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el primer día laborable tras la intervención de la Generalitat. Los exconsejeros del Gobierno catalán optaron ayer de forma mayoritaria por no acudir a trabajar a sus despachos oficiales y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dio por disuelta la Cámara al desconvocar la reunión de la Mesa prevista para hoy. Los Mossos no tuvieron que intervenir en ningún momento.
Solo dos de los exconsejeros que tuvo Carles Puigdemont acudieron ayer a la sede de sus departamentos a recoger sus enseres personales. Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad y uno de los pocos activos electorales que le quedan al PDeCAT, optó por una entrada discreta pero con el golpe de efecto de una foto en las redes sociales.
Rull abandonó el despacho al cabo de unos minutos para acudir a la reunión de su partido después de que dos agentes de los Mossos d’Esquadra entrasen para advertirle de que no podía permanecer en su despacho. A la salida fue jaleado por un grupo de funcionarios al grito de “conseller, conseller”.
El otro exmiembro del Gobierno que acudió, aunque brevemente, al que había sido su despacho oficial, fue Oriol Junqueras, hasta el viernes vicepresidente de la Generalitat y titular de Economía. Según fuentes del departamento, Junqueras se limitó a saludar a los funcionarios y se marchó. Previamente había participado en la reunión de la permanente de Esquerra Republicana, el partido que preside.
El resto de los consejeros que tuvo Puigdemont no se dejaron ver por sus despachos, aunque después se supo que algunos de ellos habían viajado hasta Bruselas, siguiendo el mismo camino que el expresidente catalán.
El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ya adelantó a primera hora de la mañana que los Mossos d’Esquadra permitirían a los antiguos miembros del Gobierno catalán entrar a los que fueron sus despachos para recoger sus pertenencias, como finalmente ocurrió. La policía autonómica tenía instrucciones de permitir el acceso y levantar un atestado solo en el caso de que los que fueron miembros del Govern se negaran a abandonarlo, cosa que finalmente no ocurrió.
La normalidad reinó en todos los despachos de la Administración catalana en el primer día de aplicación del artículo 155 que supone la intervención del autogobierno. Otros cargos de menor rango pero que, teóricamente, también han sido destituidos, acudieron a sus puestos de trabajo. Es el caso del número dos de vicepresidencia, Lluís Juncà, que llegó a la sede de Economía, en la rambla de Catalunya de Barcelona. También lo hizo Pere Aragonés, secretario de Economía. Y el secretario general de Interior, Cèsar Puig, que entró, se despidió de un conserje y volvió a salir. Puig aseguró que no se dará por cesado porque no le ha destituido el Govern, que fue quien le nombró.
Al Palau de la Generalitat también acudió Elsa Artadi, directora de la Coordinación Interdepartamental y una pieza clave de la Administración catalana.
En el otro edificio simbólico del autogobierno catalán, el Parlament, tampoco se produjo ninguna acción contraria a la nueva legalidad. La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, acudió a primera hora de la mañana a su despacho y escribió en Twitter un escueto mensaje: “Continuamos trabajando”. Del mismo modo, la secretaria primera de la Cámara catalana, la republicana Anna Simó, declaró a TV3 que acudía al Parlament a “preparar” la reunión de la Mesa habitual de cada martes y “analizar” la situación creada con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin embargo, nada de eso ocurrió y finalmente se constató que, dado que el Parlament “está disuelto” por decisión del Gobierno de Rajoy, la reunión de la Mesa prevista para hoy había quedado “sin efectos”.
Fuentes de la presidencia de la Cámara aseguraron ayer que Forcadell “siempre ha dejado claro que nunca pondrá en riesgo a los funcionarios y trabajadores” del Parlament y que esto seguirá siendo prioritario, por lo que toda medida que tome cumplirá con esta premisa.
Diputación Permanente
Forcadell seguirá siendo formalmente la presidenta de la Cámara hasta que se constituya la que surja de las nuevas elecciones del 21 de diciembre. Mientras, sigue activa la Diputación Permanente del Parlament, presidida por Forcadell y compuesta por 23 diputados. Este órgano mantiene unas competencias limitadas, como tramitar propuestas de resolución en relación con hechos de importancia especial sucedidos después de la disolución del Parlament.
El reglamento de la Cámara también concede a la Diputación Permanente funciones relacionadas con el Govern, como acordar la comparecencia de un consejero, aunque después de las destituciones acordadas por Rajoy estas funciones quedan anuladas.
En otras Administraciones como el Ayuntamiento de Tarragona, el alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ordenó retirar ayer a los retratos oficiales de Carles Puigdemont que había en el salón de plenos y el despacho de alcaldía. En el Ayuntamiento de Reus, sin embargo, decidieron mantenerlos, informa Marc Rovira.