El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito emitió anoche un fallo que revoca dos medidas clave en materia migratoria del gobierno del presidente Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados. La Casa Blanca anunció que apelará ante la Corte Suprema.
El gobierno del presidente Barack Obama informó que cuestionará ante la Corte Suprema la decisión de una tribunal de apelaciones que mantuvo el bloqueo a las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre del año pasado.
El gobierno «no está de acuerdo con el fallo adverso» del tribunal de apelaciones «y pretende solicitar una revisión por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos», expresó el vocero del departamento, Patrick Rodebush, en una nota oficial.
Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias. Se mantendrá así durante al menos varios meses (hasta que la Corte Suprema se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).
DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que los decretos ley de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso. Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.
El gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son «exclusivamente» federales.