De la defensa férrea de los tranques y barricadas, pasan ahora a minúsculas marchas demandando la libertad de criminales que llaman “reos políticos”. Una falacia del tamaño de la catedral donde los obispos escondieron a sus compinches golpistas para que desde ahí salieran a cometer sus tropelías.
¿Presos políticos los que están siendo juzgados por diversos delitos, entre ellos terrorismo? Nada que ver.
La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos solicitó al diputado Christoph Streasser, en 2012, la explicación de este concepto: “Un preso, es un preso político, cuando su encarcelamiento y condena vienen en contra de las garantías fundamentales, en particular la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y la libertad de asociación, cuando la detención ocurrió por razones puramente políticas, no relacionadas con un delito…”.
Y Wikipedia lo define así: “Un preso político o prisionero político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado, sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea”.
Como se aprecia, en ambos casos se precisa que deja de ser “preso político” cuando está de por medio un delito, y es lo que abundó en el fallido “golpe suave” en Nicaragua. Las autoridades policiales y judiciales cuentan con innumerables pruebas para demostrar los delitos cometidos por los detenidos y por otros que eluden la cárcel porque huyeron del país.
El MRS, los empresarios, los obispos golpistas y el grupito de estudiantes que se lanzaron a la aventura golpista, cometieron graves delitos como terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento del servicio público, asesinato, incendio, secuestro, extorsión, robo con intimidación, etc.
Ahora que están derrotados y sin tranques ni barricadas, buscan darle largas a su inevitable encuentro con la justicia, inventando persecuciones masivas que solo habitan en su malévola imaginación.
Igualmente, intentan vender hacia el exterior una imagen distorsionada de los terroristas y delincuentes detenidos, haciéndolos aparecer como “patriotas” que enfrentaban a la imaginaria dictadura que han edificado.
Volviendo con Wikipedia, ahí señalan que debido a que las “opiniones o actitudes no suelen ser objeto de legislación, suele ser difícil determinar exactamente quiénes son prisioneros políticos a partir de los cargos que se les imputan; una excepción la constituyen los acusados de traición o espionaje, que sin embargo no se cuentan generalmente como presos políticos”.
Y si esta fuera realmente una dictadura o al menos un gobierno con leyes más severas, muchos de los que participaron en el frustrado golpe de Estado deberían estar detenidos por alta traición, al existir abundante evidencia de que se confabularon con naciones extranjeras y hostiles a Nicaragua, en busca de tumbar un gobierno constitucional y progresista. En Estados Unidos, su principal aliado, por un caso similar los hubieran condenado a cadena perpetua o la muerte.
Vean qué curioso: Amnistía Internacional, que anda movilizada por todo el mundo en apoyo a los golpistas y demandando la libertad de los “reos políticos”, generalmente “solo aboga por la liberación de los prisioneros de conciencia, que son aquellas personas que son privadas de libertad por su procedencia étnica, tendencia sexual, creencia religiosa, origen nacional o social, u otras circunstancias, y no han utilizado la violencia ni abogado por ella”.
Para los que hayan propugnado o utilizado la violencia, Amnistía Internacional pide juicios justos. Y pese a que eso es lo que están teniendo en Nicaragua, insisten en sus posiciones debido a que sus postulados son aplicables solo en países subordinados a la política exterior de Estados Unidos.
Así que por donde se le mire, los golpistas están sin argumentos, por lo que, conscientes de eso, han cifrado todas sus esperanzas en una intervención extranjera de cualquier tipo, ya sea armada -que sería su preferida-, o una menos violenta expresada en sanciones económicas, a la que no dejan de tenerle miedo porque también afectará gravemente a los empresarios involucrados en la aventura sangrienta.