¿Por qué no es una sorpresa que en el informe preliminar de la CIDH, ninguna de sus 15 recomendaciones señala el accionar violento, vandálico y homicida de los llamados “autoconvocados” y solo se dedica a señalar los “abusos y graves violaciones” a los derechos humanos por parte del Gobierno de Nicaragua?
Después de todo, se trata de un organismo que desde mucho antes de estos hechos recientes siempre ha querido sentar en el banquillo de los acusados al gobierno del presidente Ortega, y para constatar esto solo basta indagar en lo medios de comunicación, en especial de La Prensa y Confidencial, que han sido voceros solícitos de la CIDH en esta trama.
Lo cierto es que desde hace un buen tiempo, la CIDH se ha convertido en uno de los “paños de lágrimas” no solo de las autoproclamadas agrupaciones de derechos humanos en Nicaragua, sino que también de otros ONG opositores y movimientos políticos, como el MRS, que han convertido a ese organismo en un eje de ataque contra el gobierno.
La CIDH habla de 76 muertes por “represión gubernamental”, trato cruel con las personas que fueron arrestadas, desmantelar “grupos parapoliciales”, garantizar el pleno derecho a las protestas, entre otros puntos, pero en ninguno de ellos se refiere a los muertos que los “marchistas” han ocasionado en su vandálico accionar en todo el país.
El organismo internacional de derechos humanos apenas se refiere a las muertes que se han suscitado en el traslado de personas por parte de las ambulancias, producto de la intransigencia de quienes lideran lo tranques. Tampoco se refiere a las personas que fueron agredidos en defensa de mercados y otros centros de comercios amenazados con ser saqueados por los “autoconvocados”.
Todos estos hechos y muchas denuncias más, han sido omitidos por la CIDH en su informe preliminar, el que seguramente pasará a ser parte de la agenda de los grupos golpistas en el diálogo nacional.
El documento también hace mención a que se garantice el respeto a la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar censuras, cuando aquí los medios escritos, hablados y televisivos, han informado plenamente sobre el acontecer diario de la situación en el país.
Incluso, cabe destacar que en los medios de TV vimos a una gran cantidad de personas que fueron entrevistadas, acudir a los puestos de la CIDH a denunciar muertes, agresiones y saqueo a sus negocios por parte de los “protestantes”, pero estas declaraciones de parte de la ciudadanía nicaragüense parece que no le interesaron al organismo internacional o solo las recogieron como parte de un requisito.
Por otro lado, no es casualidad que el propio vicepresidente de los EEUU, Mike Pence, durante una comparecencia en la sede de la OEA, exigiera al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, permitir el ingreso de la CIDH al país. Tampoco es casualidad que este organismo utilice en su informe, las mismas palabras (represivo y cruel) pronunciadas por Pence en aquella ocasión, para referirse al gobierno nicaragüense.