La caravana de migrantes centroamericanos que hace un mes partió del sur de México ya vislumbra Estados Unidos. Pese a reducirse considerablemente en este tiempo, entre 300 y 400 personas han llegado a Tijuana, localidad fronteriza con San Diego, desde donde tenían pensado partir hacia la garita de San Ysidro. Allí, según los organizadores, algunos comenzarían sus trámites para pedir asilo en Estados Unidos.
El via crucis del migrante, como se conoce a la caravana que desde hace años transita entre la indiferencia desde México a Estados Unidos para visibilizar la situación de miles de centroamericanos, ha supuesto en esta ocasión un quebradero de cabeza para las autoridades mexicanas, después de la iracunda reacción del presidente Donald Trump, que aseguró que amenazaba la seguridad del país.
Ante el avance de la caravana, el inquilino de la Casa Blanca ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en los límites fronterizos, una medida de presión más para que México frenase a los más de 1.000 migrantes centroamericanos –entre ellos unos 300 niños-, la mayoría de ellos hondureños, que salieron desde la frontera con Guatemala.
Asediados por los focos y la relevancia mediática que propiciaron los ataques de Trump, las organizaciones que convocaban la marcha decidieron disolverse a su llegada a Puebla, en el centro de México, donde se informó a los migrantes de las diversas salidas legales que tenían. En un primer momento, las autoridades mexicanas se habían comprometido a otorgar visas de corta estadía –de unos 20 días- para facilitar el tránsito de los migrantes. Después de que pase ese lapso de tiempo, pueden ser detenidos en las calles de Tijuana.
La decisión de los organizadores de frenar el avance de la caravana satisfizo a Trump, que llegó a celebrar el fin de caravana y agradeció las duras leyes contra los migrantes centroamericanos que imperan en México, el azote favorito de Trump. La promesa de un gran muro fronterizo y el fantasma de los peligros de la inmigración irregular son una constante en la retórica del presidente de Estados Unidos.
Cada año transitan por México en dirección al vecino del norte 400.000 personas, la mayoría centroamericanas. En 2017, mientras Estados Unidos deportó a 96.000 migrantes, México hizo lo mismo con 147.000, a un ritmo de 293 diarios. Sin embargo, el 60% de los deportados por EEUU han cometido algún delito. En el caso de México, muy pocos de los expulsados tienen antecedentes penales, según datos de la Cruz Roja.
Al menos tres centenares de ellos, no obstante, decidieron continuar rumbo a Estados Unidos, su objetivo inicial. Las autoridades estadounidenses se preparan para recibir las peticiones de asilo. Algunos deberán esperar en México. Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, es el caso de aquellos que traten de entrar sin la documentación apropiada y en caso de que estén repletas las instalaciones donde se retienen a los inmigrantes indocumentados. Cuando se alcance la capacidad máxima en el puerto de San Ysidro, solo podrán entrar personas sin documentos «cuando las condiciones de seguridad lo permitan», asegura el comunicado.
La llegada de los últimos resquicios de la caravana de los migrantes coincide en tiempo, aunque no en lugar, con la decisión del vicepresidente de Trump, Mike Pence, de visitar esta semana la frontera para supervisar los trabajos de la Guardia Nacional desplegada.