La Fiscalía ha mantenido su criterio sobre Leo Messi y ha evitado señalarle como responsable penal por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda. La fiscalía sí acusa al padre del jugador, Jorge Horacio Messi, y pide que sea condenado a un año y medio de cárcel por tres delitos fiscales cometidos entre 2007 y 2009. Según el escrito, Jorge Horacio organizó un entramado societario en paraísos fiscales que permitió al astro argentino eludir el pago de impuestos.La institución también le exige el pago de una multa de dos millones de euros.
La Fiscalía ha pedido que se archive la causa contra Leo Messi y considera a su padre el único responsable del entramado que simuló la cesión de derechos de imagen del jugador a empresas ubicadas en paraísos fiscales. La artimaña permitió al delantero del Barça eludir el pago de 4,1 millones de IRPF que debería haber abonado por la explotación comercial de sus derechos de imagen. Durante los tres años investigados,Messi ingresó 10,1 millones en contratos publicitarios con grandes compañías.
Messi, sin embargo, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. La Fiscalía no le señala, pero sí lo hace la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de Hacienda. Esta institución también ha presentado ya su escrito de acusación en el juzgado de Gavà que lleva el caso.
El pasado junio, la estrella azulgrana perdió la última oportunidad de evitarse el mal trato de ir a juicio. La Audiencia de Barcelona desestimó el recurso de sus abogados, quienes argumentaron –en sintonía con la Fiscalía– que el jugador desconocía el fraude y que su padre gestionaba su fortuna. Messi “jamás ha dedicado un minuto de su vida a leer, estudiar o analizar” los contratos que regulan “la riqueza que él crea con su trabajo”, recogía el anterior escrito de la Fiscalía. El jugador lo dijo de otra forma aún más clara cuando declaró como imputado ante el juez: “De la plata se encarga mi papá y yo confío en él”.
La Audiencia de Barcelona consideró que hay indicios de que Messi se “benefició” de la trama. Sobre si conocía o no el entramado, los magistrados consideran que, en todo caso, es algo que deberá decidirse tras la vista oral.