Desde antes del triunfo de la insurrección armada sobre la dictadura somocista, que diera paso a la Revolución Popular Sandinista, el proceso revolucionario en Nicaragua tuvo enemigos a muerte, tanto en el exterior como en el interior del país, que van desde expresidentes de los EEUU, funcionarios de la administración USA y senadores, hasta traidoras agrupaciones políticas y vendidos medios de comunicación locales.
Durante sus períodos presidenciales (1981-1989), Ronald Reagan ilegalmente armó y financió una guerra en contra de la revolución, a pesar que el Congreso de su país se lo tenía prohibido, misma política hostil y fuera de ley retomada por su sucesor George W. Bush. En tanto, funcionarios, políticos y senadores, como Jeanne Kirpatrck y el militar Oiver Stone, entre otros, se confabulaban descaradamente contra Nicaragua.
Con la derrota electoral del FSLN en 1990 y la llegada de noveles y ultraderechistas al Congreso USA, como Ileana Ros-Lehtinen, promotora de la injerencista Ley Nica Act, Marco Rubio y otros, sus secuaces locales aglutinados en grupos políticos, supuestos organismos de la sociedad civil y medios de comunicación como La Prensa, salieron envalentonados a vociferar que el FSLN nunca más volvería al poder.
A estos traidores se sumaron renegados que fueron fieles defensores del sandinismo cuando estuvo en el poder, pero que una vez pasadas las elecciones del 90, enseñaron su verdadero rostro, vendiéndose a la conveniente “democracia” norteamericana y obviamente a los organismos que utiliza la administración EU para financiar lo que ellos llaman “lucha por la libertad, los derechos humanos y la democracia”.
Es así que, además de los enemigos jurados de la Revolución, se unen nuevos grupos políticos y organizaciones, que durante todo este trayecto han desaparecido y aparecido con nuevos nombres, pero las mismas caras oportunistas. Ahora no solo reniegan del sandinismo, sino que ocupan su “oposición” al FSLN como un provechoso modus vivendi, que por cierto les deja cuantiosas ganancias.
Las millonadas de dólares destinadas a grupos políticos como el FAD y el MRS, ONG opositoras como el CENIDH, ANPDH, la CPDH, IEEPP y Fundación Violeta Chamorro, entre otros, y medios de comunicación como La Prensa y Confidencial, los convierten en sus muy bien pagados herederos ideológicos, cuyo fin será el mismo de sus antecesores: la inexorable caída.
Para recordar un poco de historia, a Ronald Reagan, presidente USA, no bastándole el baño de sangre infligido al pueblo nicaragüense, “se lanzó las trancas” y de forma desvergonzada ratificó su apoyo a la Contra, por lo que 18/11/1987, fue encontrado culpable por el delito de corrupción por el Irangate, que bien pudo ser un caso de traición a la patria porque había una prohibición de vender armas a Irak.
Pero Reagan ni fue destituido ni condenado «por falta de pruebas suficientes» (¿?). La Administración Reagan organizó una operación de venta de armas a Irán para financiar a la “contra nicaragüense”, y derrocar al FSLN. Objetivo secundario de la operación era amistarse con Irán para liberar a rehenes estadounidenses secuestrados en Líbano.
Sin embargo, el Congreso estadounidense prohibió a organizaciones gubernamentales financiar las actividades de la “contra” nicaragüense. Pero funcionarios del gobierno de Reagan violentaron la ley desde el Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés). Además, estaba vigente el embargo comercial a Irán.
El escándalo se descubrió en 1986 cuando periódicos libaneses revelaron la operación. La investigación determinó que Ronald Reagan y George Bush estaban al tanto de lo ocurrido y lo encubrieron. Pero nunca pudo se estableció su grado de responsabilidad para evitar que pudieran seguir con sus carreras políticas.
Este asunto de Líbano solo fue una cortina de humo para ejecutar una operación clandestina desde el gobierno EU, que quedó expuesta a principios de noviembre de 1986, la prensa gráfica libanesa publicó noticias sobre la venta de armas USA a Irak para financiar los crímenes de la contrarrevolución en Nicaragua.
Ante la imposibilidad de ocultar el escándalo político, el presidente Ronald Reagan comunicó el cese de Oliver North, miembro de la dirección del Consejo Nacional de Seguridad, implicado en el suministro clandestino de armas tanto a Irán y a los contras, y la dimisión de su superior inmediato, el vicealmirante John Poindexter.
La idea de la venta de armas había sido diseñada por el anterior consejero de Seguridad, Robert Mcfarlane, aunque hay indicios de que fue sugerida por los servicios de inteligencia de Israel con el objetivo de aproximarse al régimen de los ayatollah. La venta de armas comenzó en julio de 1985.
Rob Mcfarlane fue sustituido por Poindexter a finales de aquel año, pero el operativo siempre controlado por el teniente coronel Oliver North continuó hasta que ocurrieron las revelaciones en la prensa libanesa.
La crisis del Irangate expuso que la administración Reagan violó las leyes promulgadas por el Congreso estadounidense en diciembre de 1983, que prohibían expresamente –Enmienda Boland– la participación del Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier otra agencia del gobierno en la ayuda militar a la contra nicaragüense.
La Casa Blanca eludió las limitaciones del Congreso a través del Consejo de Seguridad Nacional, organismo que no estaba incluido en la Enmienda Boland. La Administración Reagan, obsesionada por derribar el gobierno sandinista, consideró que vender armas a Irán le permitía acercarse a los moderados iraníes para lograr la liberación de rehenes en Líbano y obtener dinero para la ‘contra’.
El gobierno sandinista tras el escándalo Irangate liberó al mercenario estadounidense Eugene Hansefus, capturado el 05/10/1985, cuando fue derribado el avión en el que transportaba armas y pertrechos a la ‘contra’.
El gesto propagandístico de Managua golpeó muy duro a la administración EU en plena crisis. Pero el informe final, entregado, en febrero de 1987, culpó de la operación a los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, criticó duramente al jefe del gabinete presidencial, Donald Regan, al director de la CIA, William Casey, y criticó al Presidente por su irresponsabilidad y ligereza al no estudiar las consecuencias de la operación.
Ronald Reagan en una intervención televisiva aceptó que la venta de armas a Irán “fue un error”. USA creó hasta una explicación teórica de su rol, llamada ‘política de Doble Contención‘: lograr que ambos países se debilitaran lo suficiente como para no constituirse en potencia hegemónica de la zona, y el fin justificaba los medios (¡…!).
Resultó harto polémico que, mientras Rudollah Jomeini acusaba a USA de ser el «Gran Satán», aceptó comprarle armas para la guerra contra Irak. Para pasar en limpio, USA vendía armas a Irán para la guerra con Irak, pero a su vez vendía también a Irak para desgastar a la República Islámica y así alimentar aún más la compra de armas. Y el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon, se dirigía a Irak como «el enemigo de Israel», pero era negociador en la venta de armas estadounidenses a Saddam Hussein.
El desastre es mucho mayor aún porque el Irangate incluyó hasta a un hermano de Osama Bin Laden, Salem Bin Laden, quién colaboraba con el coronel Oliver North, y falleció en extrañas circunstancias en 1990, cuatro años después de que se destapara la trama.
En 1986, en una de las transacciones, la CIA hizo llegar a Osama Bin Laden, el hermano de Salem, mil 680 misiles Stinger para su utilización contra a las tropas soviéticas. Sin embargo, un informe posterior del MI6 británico identificó estos misiles utilizados en atentados contra objetivos occidentales: USA financió atentados en su contra.
Negociar con Irán estaba terminantemente prohibido por el Congreso estadounidense. Lawrence E. Walsh, el fiscal especial para el caso, publicó su informe el 18 de enero de 1994. Pero el informe de Walsh, al que había dedicado 7 años de su vida, ya no tuvo demasiada importancia. Trascurría el segundo año de la presidencia de Bill Clinton.
Además, el Irangate, que en su día parecía un escándalo mayúsculo, comparable con el Watergate, devino en un episodio incómodo y embarazoso en el segundo mandato de Ronald Reagan, ante la incapacidad del Partido Demócrata de darle impulso político al descubrimiento. Y la prensa tampoco ayudó demasiado.
El dinero recaudado financiaba la ‘guerra sucia‘ contra los sandinistas. Del lado de la ‘contra’ llegaron a participar, como entrenadores, comandos argentinos veteranos de la ‘guerra sucia‘ local. Se estima que desde 1982 a 1990 los ‘contras’ recibieron US$ 900 millones para derribar al sandinismo. Pero el diario libanés «ahs Siraa« divulgó en 1986 las ventas de armas estadounidenses a Irán, y Reagan tuvo que admitirlo: «Como dicen en lo militar, ocurrió en mi guardia».
Reagan con su estilo directo y pendenciero, sin pedir perdón ni hacerse cargo de la situación, prometió cambios en la dirección de la política exterior, aseguró un acuerdo con la URSS de eliminación de euromisiles y designó a Howard Baker, como jefe del gabinete presidencial, y a William Webster, como director de la CIA. Prometió que ellos traían «nueva sangre, nueva energía, credibilidad y experiencia».
Y el teniente coronel Oliver North, de San Antonio, Texas, fue castigado. Ronald Reagan lo despidió en 1986 poco después de que el ex teniente coronel hubiera admitido que les había mentido al Congreso, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al general Richard Secord, a los iraníes, y que había falsificado cartas y destruido documentos oficiales necesarios para establecer la culpabilidad de Reagan y Bush.
Pese a todo, Oliver North nunca ingresó en prisión dado que su testimonio público le garantizaba la inmunidad. Es más, luego se dedicó a la política en Virginia.
Próximamente: La CIA y las drogas en el financiamiento a la “contra” (II)