*Los mapuches denuncian ser víctimas de montajes policiales en su contra realizados para criminalizarlos, como quedó demostrado tras ser desmontada la Operación Huracán.
Un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile reprimió a inicios de la semana a varios dirigentes mapuche y a numerosos manifestantes presentes en Santiago de Chile que protestaban por los distintos montajes policiales contra los dirigentes de su comunidad.
Quienes asistieron a la concentración exigieron la libertad de los presos políticos mapuche, como es el caso del machi Celestino Córdova, autoridad espiritual del pueblo Yeupeko en Chile, quien lleva 80 días en huelga de hambre tras ser condenado a 18 años de prisión.
“Celestino Córdova siempre ha sostenido que fue víctima de un montaje perpetrado por la Unidad de Inteligencia de Servicios Especiales de Carabineros, misma que la Fiscalía Nacional acusó recientemente de cometer un montaje en la llamada “Operación Huracán”, indicó Jorge Guzmán Tapia, abogado defensor del machi.
Los mapuches acusan a las fuerzas de seguridad de realizar montajes para criminalizar a sus dirigentes, enmarcados principalmente en los eventos ocurridos durante la Operación Huracán.
¿Qué es la Operación Huracán?
En septiembre de 2017, Carabineros ejecutó la Operación Huracán, en la que un total de ocho líderes mapuches fueron detenidos bajo el cargo de asociación ilícita terrorista, acusados de participar en ataques incendiarios.
Durante el operativo, la fuerza de seguridad expuso supuestos mensajes de las aplicaciones Whatsapp y Telegram de los comuneros en los que supuestamente coordinaban acciones violentas, por lo que procedieron a apresarlos de forma preventiva.
La búsqueda de antecedentes se realizó sin participación de la Fiscalía, en el marco de la Ley de Inteligencia, lo que permite a la institución policial chilena actuar de forma autónoma en las investigaciones que ejecuta.
¿De qué acusaban a los comuneros mapuches?
Inicialmente, la Fiscalía acusó a los comuneros del incendio de camiones y maquinaria agrícola en el sur del país, en las localidades de Lautaro, Temuco y Padre Las Casas.
Tras la detención, se expusieron como parte de las pruebas unas conversaciones de WhatsApp y Telegram entre los imputados, obtenidas supuestamente tras la incautación de sus celulares, en las que comentaban la posibilidad de ingresar armamento desde Argentina.
Según los mensajes, las armas en cuestión eran seis escopetas, diez revólveres, 12 pistolas, dos fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre nueve milímetros.
Irregularidades del caso
A medida que avanzaba la causa, la Fiscalía comenzó a dudar sobre la investigación de Carabineros y solicitó más pruebas. El cuerpo policial alegó que actuó al amparo de la Ley de Inteligencia y se negó a entregar la información.
Posteriormente, las pericias realizadas por el Ministerio Público determinaron que los teléfonos incautados habían sido intervenidos por organismos de inteligencia de Carabineros para incluir conversaciones en sus respectivos grupos de WhatsApp y Telegram.
A pesar de que la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo presentado por las defensas de los ocho detenidos, imputados por la quema de camiones de las empresas Calafquén y Sotraser, ocurridas en agosto pasado, posteriormente la Corte Suprema ordenó liberar a los detenidos.
De esta manera, el 25 de enero la Fiscalía cerró la causa contra los mapuches por manipulación de evidencias y abrió otra contra la institución de seguridad, que también es investigada por un desfalco de 44 millones de dólares. Ante esta situación, renunciaron el director de Carabineros, Bruno Villalobos, y el general de Inteligencia, Gonzalo Blu.
Mapuches denuncian montaje en su contra
Los dirigentes mapuche exigen garantizar el derecho a ejercer libremente su propia creencia espiritual y ceremonial, la restauración de sus tierras, indemnización y compensación por los daños causados durante años, así como la absolución de todos los perseguidos política y judicialmente por causa mapuche.
En este sentido, para el dirigente mapuche, Richard Curinao, las acciones contra los miembros de su comunidad se deben a que «las comunidades vienen de hace rato levantando la voz diciendo que se están atropellando sus derechos».
«Se les han usurpado sus territorios, las [empresas] forestales nos tienen sin agua, sin tierra ni medicina. Por eso la comunidad ha iniciado acciones de resistencia. Producto de esto, el Gobierno inició esta operación para responder al gran empresariado acá en Chile», aseguró el dirigente al momento de la detención de los ocho comuneros en el marco de la Operación Huracán.