Esta semana, el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil deberá resolver si eleva al pleno una moción que presentó la defensa del expresidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, para que su cliente sea puesto en libertad.
La resolución que cuestionan esos abogados establece que se puede encarcelar a personas acusadas una vez que su condena es ratificada en segunda instancia a pesar de no haber agotado todas las etapas de apelación, circunstancia que permitió el arresto del antiguo mandatario el pasado 7 de abril.
Sin embargo, los letrados del dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) sostienen que el STF estipula que «puede» haber arresto, no que «debe» haberlo. Eso depende de que haya argumentos suficientes y, por tanto, del criterio de cada magistrado.
«El Supremo no autoriza la prisión sin fundamento, por eso la prisión de Lula es ilegal», declaró días atrás el abogado Evandro Pertence al diario Folha de Sao Paulo.
En principio, esa petición fue dirigida a Marco Aurélio Mello, magistrado del STF que votó a favor del ‘habeas corpus’ preventivo a Lula y quien normalmente se encarga de las acciones genéricas sobre encarcelamientos tras condenas en segunda instancia. Sin embargo, el caso terminó en manos de Fachin por sorteo.
En enero, Lula da Silva fue condenado a 12 años de prisión en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y los sobornos que pagó la constructura Odebrecht.
En concreto, al exmandatario lo acusan de aceptar un lujoso departamento tríplex frente a la playa ubicado en el condominio Solaris de Guarujá (Estado de San Pablo) a cambio de beneficiar a la constructora OAS en sus contratos con la estatal petrolera. Sin embargo, durante el juicio no se logró demostrar que sea el propietario del inmueble y tampoco se identificó cuál sería el acto o la omisión (delito de «corrupción pasiva») que habría dado origen a que recibiera esa residencia.
Para poner de manifiesto que consideran la situación injusta, este lunes diversos integrantes de movimientos populares ocuparonesa vivienda. «La denuncia por la cual fue condenado Lula es una farsa judicial», asegura Guillherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST) y precandidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Al respecto, ese aspirante estima que «si el departamento es de Lula, puede ser ocupado por el pueblo» y «si la gente no puede estar ahí, que expliquen por qué está preso».