Yanet Llanes Alemán | Prensa Latina
Conocida como la ciudad de las Flores, Masaya pasó de la prosperidad al caos golpista, tras ser alcanzada por la violencia desatada en Nicaragua hace más de 40 días.
A 28 kilómetros al sur de Managua, en esa localidad los habitantes denuncian que sufren los estragos y el recrudecimiento de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril.
La violencia delincuencial alcanzó niveles insospechados cuando individuos armados irrumpieron en un hospital y amenazaron e intimidaron a paciente y trabajadores, según denunció el viceministro de Salud, Enrique Beteta.
Sin un mínimo de respeto por la tranquilidad de los enfermos y el personal del hospital Humberto Alvarado, sujetos encapuchados, con morteros y armas blancas, invadieron el centro con la excusa de buscar policías antimotines, relató.
En clara violación de los derechos del pueblo y con una actitud agresiva, inspeccionaron las salas de la institución y exigieron identificación a pacientes y familiares, lo que creó terror, angustia y alteración en la condición de salud de los hospitalizados, aseveró el funcionario.
Al comentar los sucesos ocurridos durante horas de la madrugada, Beteta denunció que amenazaron a médicos y enfermeras con quemarles sus viviendas, y les hicieron saber que son vigilados.
Esta situación de inestabilidad, inseguridad y vandalismo la viven los pobladores de Masaya desde hace más de 40 días, de acuerdo con la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Guiomar Irías.
En opinión de Irías la localidad sufre el azote de grupos opositores calificados por el gobierno de delincuenciales, mientras medios de comunicación afines a la derecha los consideran ‘manifestantes pacíficos’, desde el inicio de la escalada de violencia contra reformas al seguro social, ya derogadas.
Con un significativo peso en la economía nacional, la llamada ciudad de las flores luce hoy mustia, desolada, sumida en el vandalismo por la derecha, quienes queman y arrasan con la propiedad pública y privada, atemorizando a la ciudadanía.
La destrucción y la falta de abastecimiento de productos básicos por los tranques y bloqueos de vías perjudican y violentan los derechos a libre circulación de la ciudadanía, que rechaza la violencia y aboga por la paz.
De acuerdo con el comisionado mayor Ramón Avellán, la llamada oposición paga a los delincuentes de 300 a 500 córdobas (entre nueve y 16 dólares, respectivamente) para arruinar la ciudad, actos que realizan bajo los efectos del alcohol o drogas, según dijo.
Ensañados con la cuna del folclore y la artesanía nicaragüense, individuos encapuchados saquearon y quemaron más de 140 negocios, además atacaron viviendas e instituciones como la delegación de la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, el Juzgado de la Familia y la Alcaldía.
Según Avellán, la Policía está comprometida con la búsqueda de soluciones para devolver la tranquilidad a las familias, tras la frustración de dos acuerdos de paz entre diversos sectores sociales.
El gobierno denunció que la situación de violencia delincuencial es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución.
La Conferencia Episcopal, mediadora y testigo del diálogo, decidió de manera unilateral congelar las conversaciones debido a actos de violencia, de los cuales responsabiliza a partidarios del Ejecutivo, a pesar de que la administración rechazó esas acusaciones.
Ante esa situación, el presidente Daniel Ortega pidió seguir trabajando por el diálogo, la paz, la justicia y la democracia en la nación, en tanto, la oposición propone agendas que conducen a un golpe de Estado, según advirtió el canciller Denis Moncada.