Con la expectativa de regresar al poder a la oligarquía, una página en Facebook creada bajo la autoría de un “grupo público” está promoviendo con mucha antelación a Cristiana Chamorro Barrios para que se postule en los comicios del 2021, con la esperanza de que corra con igual suerte que su madre, Violeta Barrios de Chamorro, y retorne la supremacía clasista al Gobierno de Nicaragua.
Para todos es conocido lo que representó la familia Chamorro en el poder y es por eso que no resulta descabellado afirmar que el Gobierno de la señora Violeta Barrios abrió las puertas, entre 1990 y 2006, a tres regímenes políticos “demócratas” que durante 17 años de practicar un sistema de corte neoliberal facilitaron impunemente a un grupo de empresas privadas extranjeras desmantelar el Estado, saquear a la nación y empobrecer a su población.
Los mecanismos que utilizaron en esos años por los gobiernos tanto de Violeta Barrios, como de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños Geyer fueron el total desmontaje del fisco, la privatización de las empresas y servicios públicos, el endeudamiento del país y la corrupción de sus funcionarios, el desempleo de los trabajadores y la descapitalización de los productores.
Desmantelamiento y regresividad fiscal
Lo primero en hacer fue desmantelar la protección arancelaria, eliminando impuestos a la importación de mercancías competitivas con la producción nacional, dejando en el desamparo a nuestros productores, beneficiando, por supuesto, a los importadores y sobre todo a las empresas estadounidenses y europeas que pudieron invadir nuestra economía con mercancías desgravadas.
Las actividades más sufridas fueron las alimentarias y artesanales. Nicaragua comenzó a ser invadida de alimentos, muebles o zapatos y nuestros productores comenzaron a resentir fuertemente dicha competencia. De igual forma a las grandes corporaciones transnacionales se les exoneró de todo tipo de impuestos: impuesto sobre la renta, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto al valor agregado, etc.
Se calcula que el fisco dejó de percibir, en ese entonces, por año, aproximadamente la cantidad de 500 millones de dólares en exenciones y exoneraciones impositivas, al igual que por reducción de los aranceles externos. Las corporaciones extranjeras se enriquecieron y Nicaragua entera se empobreció. Es así que Nicaragua tuvo la tributación más regresiva del mundo, pues el sector privado apenas pagaba el 10 por ciento de nuestras recaudaciones, mientras que el pueblo aportaba el 90 por ciento del Presupuesto Fiscal de la República.
Privatización, endeudamiento y corrupción
Alrededor de 400 empresas del Estado se vendieron a precio de guate mojado, en las que se incluyen bancos estatales como el Banco Nacional de Desarrollo, Banco Popular, entre otros. Muchas de estas empresas habían sido confiscadas a los somocistas y a los enclaves extranjeros: empresas de comunicación, energéticas, mineras, ganaderas, algodoneras, tabacaleras, cafetaleras, arroceras, cañeras, industriales y comerciales.
Esta privatización benefició a los dueños, a quienes también se indemnizó con sumas millonarias pagadas por el presupuesto nacional, lo que comenzó a agrandar la deuda interna del país. Se calcula que el patrimonio público perdió alrededor de mil millones de dólares por haber vendido con facturas subvaluadas las 400 empresas, tanto de la Corporación Nacional del Pueblo (CORNAP) como las públicas nacionales, sin contar con las ganancias que el Estado ha dejado de percibir.
Asimismo, estos gobiernos privatizaron los servicios públicos como la educación, salud, el servicio eléctrico, la telefonía, el agua, entre otros. Inmediatamente, por supuesto, las tarifas de estos servicios comenzaron a aumentar para la población. La privatización de empresas productivas y comerciales del Estado, la quiebra de empresas nacionales y de los bancos privados, generó una gran corrupción donde participaron empresarios extranjeros, empresarios nicaragüenses y funcionarios de gobierno.
Desempleo masivo, descapitalización y migración
Llegando al poder, los gobiernos neoliberales comenzaron a despedir a cientos de miles de asalariados. Lo primero que hicieron en este sentido fue despedir a 90 mil personas de las fuerzas armadas que vivían de su salario. Inmediatamente después despidieron a 50 mil trabajadores de las empresas de las corporaciones estatales, pues tenían que entregarlas libres de sindicatos y prestaciones sociales a los antiguos dueños antes de privatizarlas.
De los ministerios despidieron a más de 30 mil empleados, entre ellos 11 mil maestros, pero el desempleo más fuerte se generó en el seno del campesinado y del artesanado, al cortarles el crédito a los pequeños productores del campo y la ciudad. Recordemos que Nicaragua es un país donde los trabajadores por cuenta propia son la mayoría de la población laboral. A estos desmanes y muchos más apuestan quienes promueven el regreso de los Chamorro al poder.
En síntesis, en esos 17 años que iniciaron con el gobierno de doña Violeta Barrios, los ingresos del Estado disminuyeron, los gastos del Estado se destinaron a pagar servicios de la deuda interna, que disminuyó grandemente el monto de servicios en educación, salud, electrificación, agua, carreteras y caminos, crédito a los campesinos.
El resultado de toda esta situación se refleja en la precipitación abrupta del Índice de Desarrollo Humano de Nicaragua, el que descendió del escalón 60 en que lo dejó el gobierno sandinista (1990), al escalón 112 en que lo dejaron los gobiernos neoliberales (2006).