La Organización de Naciones Unidas (ONU) desenmascaró y puso en evidencia la falsaria campaña de políticos y ONG opositores, sobre todo aquellos autollamados de defensa de los derechos humanos, que afirman que en Nicaragua se violentan estos preceptos. La ONU hizo público un informe donde revela una lista de países en el que según los resultados del estudio sí existen represalias e intimidaciones, pero no nos incluye.
A diario, medios de comunicación derechistas como La Prensa, con el coro de políticos y ONG opositores, al igual que grupos como el CENIDH, la CIDH y la ANPDH, arremeten en contra del Gobierno de Nicaragua porque aseguran les “cercena” los derechos humanos a los nicaragüenses. Sin embargo, la investigación realizada por la ONU no da cuenta que en Nicaragua se persiga a organismos o activistas que trabajen en pro de los DDHH.
Y es que el secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, presentó el miércoles 20 de septiembre un nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en el que da cuenta de represalias e intimidaciones contra activistas, que van desde la prohibición de viajes a la congelación de activos, la detención o la tortura.
El documento menciona a 29 países donde se han documentado casos de represalias e intimidación. Se trata de Argelia, Baréin, Burundi, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Honduras, India, Irán, Israel, Mauritania, México, Marruecos, Birmania (Myanmar), Omán, Pakistán, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Tailandia, Turquía, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Venezuela.
Gilmour manifestó estar al tanto de casos en los que activistas con los que la ONU estaba hablando fueron secuestrados, detenidos, mantenidos incomunicados o desaparecidos, a la vez que indicó que hay «muchos casos» de detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y malos tratos.
En un caso hubo tratamiento psiquiátrico forzado y en otros había confinamientos solitarios y asaltos sexuales y violaciones durante la detención, tanto de hombres como de mujeres, recalcó. El informe, el octavo de su tipo, recoge casos ocurridos entre junio de 2016 y mayo de 2017.
El número de casos de represalias e intimidaciones es mucho mayor en realidad, dado que se han omitido varios por razones de confidencialidad o seguridad de la víctima, explicó Gilmore. Según la ONU, muchos ataques contra activistas son «perpetrados o consentidos por funcionarios» y otros incidentes no se denuncian por miedo a más repercusiones.
El informe dice que el patrón de algunos casos sugiere que algunos países «tienen una estrategia para prevenir a la gente de cooperar con la ONU en materia de derechos humanos».
«Más allá del grave impacto en la vida de las personas afectadas y en la de sus familiares, la intimidación y la represalia también socavan sistemáticamente la acción de la ONU en materia de derechos humanos y la confianza de sus socios en la organización», señala el informe de Gilmore.
El documento insta a todos los Estados miembros a cesar las represalias, investigar las denuncias, proporcionar indemnizaciones eficaces y adoptar e implementar medidas para asegurar la no repetición.