* La petición a la ONU se realizó en 2016 y aceptada en octubre de ese mismo año, pero el organismo hizo oficial la investigación este martes.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció este martes que investiga formalmente las violaciones contra las garantías fundamentales de las que ha sido víctima el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, también informó que decidió rechazar la petición de sus abogados de dictar una medida cautelar a su favor para evitar su permanencia en prisión pero que, pese a esto, continuará con el proceso investigativo.
«Para que se pida a un Estado que se establezcan medidas cautelares se debe demostrar que éste está violando de forma irreparable a la persona y basándose en la información que Lula ha aportado al Comité, no ha demostrado que estuviera en riesgo de sufrir un daño irreparable de esas características», explicó una de las miembros del organismo, Sarah Cleveland.
La académica añadió que aunque el Comité ha rechazado esa petición -realizada el 6 de abril por la defensa del exmandatario-, Lula puede presentar otra solicitud de medidas cautelares, «si entiende que hay nuevos elementos que demuestran que va a sufrir un daño irreparable».
No obstante, el organismo alertó a las autoridades brasileñas que cualquier acto de obstrucción «que impida o frustre el análisis del Comité» es incompatible con las obligaciones asumidas por Brasil en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Si bien la petición para investigar las violaciones carcelarias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había sido solicitada a la ONU en julio 2016 y aceptada en octubre de ese mismo año por el organismo, y ya estaba siendo investigada, recién este martes se hizo oficial.
«El órgano de Naciones Unidas admitió juzgar el caso a la luz del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que asegura a todo ciudadano la posibilidad de participar ‘sin restricciones infundadas’ y el derecho de ‘votar y ser electo en elecciones periódicas, auténticas y realizadas por sufragio universal'», anunció la defensa de Lula.
Las evidencias presentadas en el comunicado se remiten, entre otras cosas a:
– La privación de la libertad por cerca de 6 horas impuesta a Lula el 4 de marzo de 2016, por medio de una conducción coercitiva sin previsión legal.
– La filtración de materiales confidenciales para la prensa y la divulgación de enlaces interceptados, incluso entre Lula y sus abogados
– Varias medidas cautelares autorizadas injustificadamente.
– El hecho de que el juez Sergio Moro haya asumido en un documento enviado al Supremo Tribunal Federal, el papel de acusador, imputando crímenes a Lula doce veces, además de anticipar el juicio de valor sobre asuntos pendientes del juicio.