El Congreso de Guatemala aprobó quitarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Con esta medida considerada histórica, el mandatario podrá ser juzgado por acusaciones en su contra por corrupción y defraudación aduanera. La decisión, que demandaba al menos 105 votos a favor, fue aprobada por los 132 diputados presentes en la sesión (hubo 26 ausentes, no se registraron votos en contra) y contó con el apoyo de los legisladores oficialistas. Pérez Molina fue acusado de encabezar una trama de corrupción que permitía, a cambio de sobornos, evadir impuestos a las importaciones en la aduana.
Por esas denuncias, la ex vicepresidenta Rossana Baldetti está en prisión. Ahora el caso vuelve a la Suprema Corte de Justicia, que debe remitir el expediente a un juez, que podría solicitar su detención en caso de considerarlo necesario. Pérez Molina, cuyo mandato de cuatro años finaliza en enero, presentó esta semana un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, que aún no fue resuelto.
En un día decisivo para la institucionalidad de Guatemala, un grupo de sindicalistas bloqueó el ingreso de los diputados, hecho calificado en algunos medios de prensa como un golpe bajo de la bancada oficialista del Partido Patriota (PP) y de la principal oposición, Líder, para que la sesión no tuviera lugar. Finalmente, el debate se inició con la presencia de 114 legisladores y 44 ausencias. Las dos caras de Guatemala llegaron a las puertas del Palacio Legislativo: los que exigieron que Pérez Molina termine su mandato y quienes quieren verlo en la cárcel. “Exigimos al Congreso destitución de OPM”, rezaba una cartulina alzada por estudiantes de la Universidad de San Carlos. “Queremos 105 votos. Háganlo, Don Pueblo, su jefe, se los exige”, esgrimía otro cartel, sostenido por Ronald Castellanos, estudiante de derecho de 21 años, en la entrada principal del Parlamento. En otro de los tres accesos de la sede del Congreso, mujeres, hombres y niños, muchos de ellos indígenas que apenas hablaban español, se apostaron con banderas y palos para pedir lo contrario.
Pese a que el presidente Pérez Molina dijo que se ajustaría a la Justicia y que no tenía pensado renunciar para garantizar las elecciones del próximo domingo, su abogado pidió una medida cautelar contra la denuncia del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que acusan al mandatario de encabezar una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. El portal SOY 502 señaló que tal como se había advertido la semana pasada, un grupo de manifestantes –que quería impedir el antejuicio contra Pérez Molina y respondía a la Unidad de Acción Popular Sindical (UASP), que reclama la realización de las elecciones del 6 de septiembre– se instaló en las afueras del Congreso para evitar el ingreso de diputados a la sesión.
“Bloques legislativos y ciudadanía en general califica de golpe bajo la estrategia que el PP y Libertad Democrática Renovada (Líder) crearon (con ese bloqueo) para no conocer el antejuicio contra Otto Pérez Molina”, dijo el portal, que atribuyó ese accionar a las dos fuerzas, que impidieron un primer intento semanas atrás para que se le quitara la inmunidad al presidente. El embajador estadounidense, Todd Robinson, circuló un comunicado en el que señaló: “El Congreso necesita reunirse para abordar los temas importantes para el país. Esperamos que el Congreso se reúna hoy (por ayer), como está programado”.
La principal central empresaria del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Universidad de San Carlos (USAC) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) exigieron a los diputados despojar de inmunidad al presidente para que enfrente a la Justicia. “Al Congreso hacemos un llamado contundente a que asuma su responsabilidad, ya que tienen un papel histórico que jugar. Deben reunirse a la brevedad posible para proceder a habilitar el antejuicio al presidente”, reclamó Jorge de León Duque, titular del PDH (también pidió la renuncia de Pérez Molina), para garantizar la gobernabilidad del país.