El 9 de noviembre ya se convirtió en una fecha señalada para el independentismo catalán. Justo un año después de que el entonces presidente del gobierno regional, Artur Mas, convocara una consulta popular por la autodeterminación de Cataluña, se aprobó ayer por mayoría parlamentaria la resolución propuesta por los partidos soberanistas para dar comienzo al proceso de ruptura con España.
Los 72 votos del bloque independentista formado por Junts pel Sí (la coalición que integran el grupo de Mas –Convergència– y Esquerra Republicana) y la CUP se impusieron a los 63 de los partidos de la oposición, dando por bueno el texto que declara solemnemente “el inicio de creación del Estado catalán independiente en forma de república”.
La resolución aprobada ayer prevé que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública” y proclama la “apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto”, para “preparar las bases de la futura constitución catalana”. Uno de los puntos (nueve en total) que plantea el documento establece, además, que “el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional (TC)”. El texto señala que el Constitucional es un órgano “deslegitimado y sin competencia” desde que en junio de 2010 emitió una sentencia en la que recortaba el Estatuto de autonomía catalán aprobado en referéndum en 2006.
Pese a esta rotunda declaración de desobediencia por parte del sector independentista, el presidente de la Nación, Mariano Rajoy, se mantiene imperturbable en su decisión de echar atrás todo intento de separación. Momentos después de la votación en el Parlamento catalán, el jefe de Gobierno puso en marcha el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la declaración independentista, firmado en Béjar (Salamanca), donde tenía un acto de partido, la solicitud urgente –en 24 horas– del dictamen del Consejo de Estado previo al recurso de inconstitucionalidad. Mañana se celebrará un consejo de ministros extraordinario y el gobierno solicitará “la inmediata suspensión de la declaración catalana” y de “todos sus posibles efectos”. Rajoy aseguró que va a solicitar, además, que “la suspensión, en caso de ser acordada, sea comunicada expresamente a la presidenta del parlamento catalán para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia”.
Por otra parte, el presidente español se reunirá hoy con el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, para coordinar con él una acción en contra del proceso soberanista, ya que –declaró– “aquí vamos juntos todos porque España es cosa de todos, pensemos como pensemos”. Sánchez leyó, a su vez, en la sede madrileña de su partido una declaración en la que da su pleno respaldo al gobierno en la presentación del recurso al TC, así como en la aplicación de las leyes necesarias para frenar el desafío independentista. “La resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña supone el mayor desafío al poder constitucional en España y el más grave desprecio a la democracia en este país”, manifestó el número uno de los socialistas.
Raül Romeva, el cabeza de lista de la coalición soberanista Junts pel Sí que ganó las elecciones regionales del 27 de septiembre, defendió por su parte que la resolución aprobada ayer responde a la “demanda masiva” que la población catalana plasmó en las urnas. “Se cuente como se cuente, en votos o en escaños, el resultado de las elecciones expresa una voluntad clara, incontestable”, dijo Romeva, para quien aquellos comicios fueron “el referéndum que no pudimos hacer”, por el veto del gobierno español a la consulta popular celebrada hace exactamente un año.
La declaración independentista aboga por “iniciar la creación del Estado catalán independiente en forma de república” y cuenta además con un anexo en el que se detallan las primeras “medidas a aplicar” en cuestiones sociales. Esas actuaciones se saltan suspensiones estatales para “blindar derechos fundamentales” y subrayan, por ejemplo, la necesidad de aplicar el decreto contra la pobreza energética, desoír la polémica ley Wert manteniendo el modelo de inmersión lingüística –que la norma educativa lanzada por el Partido Popular pretende anular– y hacer caso omiso de la “ley mordaza” o la actual ley de administraciones locales. También se propone revisar la legislación actual sobre refugiados y aborto, y poner en marcha la financiación de un plan de choque social y gestión de la deuda pública.
La confluencia de izquierdas Catalunya sí que es Pot (CSQP), en la que se integran Izquierda Unida, Podemos e Iniciativa per Catalunya Verd, votó en contra de la resolución propuesta por el bloque independentista y presentó su propio plan para resolver la cuestión territorial, un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado para 2016 que sólo obtuvo el apoyo de sus once diputados. El portavoz de la fuerza de izquierda alternativa, Joan Coscubiela, acusó a los soberanistas de presentar un documento que no es más que una “declaración de insurgencia inviable” que no hace más que alimentar el “choque de trenes” que a su parecer sólo conviene al PP y a los independentistas.
La votación en el Parlamento catalán se produjo horas antes de que empezara el debate de investidura con el que Artur Mas intenta repetir como presidente del gobierno autonómico. Para conseguirlo, necesita el apoyo de la fuerza independentista y anticapitalista CUP, quien lleva meses insistiendo en que no lo hará y, por tanto, se prevé que el martes –cuando se reanude el Pleno– no le brinde su voto. Durante su discurso de hora y media, el presidente de Cataluña en funciones advirtió –en un guiño claramente dirigido a la CUP– que “sin investidura el proceso puede quedarse encallado” porque “de nosotros depende que se orienten las velas aprovechando el viento del 27-S”.
Artur Mas también aprovechó su larga intervención en la Cámara catalana para arremeter contra el gobierno español y su “seudodemocracia”. Evocando los ejemplos de Escocia y del Quebec –donde los soberanistas con mayorías menos amplias consiguieron celebrar referéndums de autodeterminación– el mandatario catalán denunció que “en las democracias de calidad se adecuan los marcos legales para dar salida a los mandatos democráticos y en las de baja calidad o las seudodemocracias se utilizan la fiscalía, la policía y los tribunales para frenar o abortar la voluntad popular”.