El pueblo nicaragüense y el gobierno sandinista padecen una violenta campaña de desestabilización, organizada con métodos similares a los practicados desde hace años en Venezuela, y que se acompaña con una agresiva campaña de prensa, llena de mentiras. Esa operación periodística pretende convencer a la población española de que Nicaragua está sometida a una sanguinaria dictadura, ejercida por Daniel Ortega, similar a la República Bolivariana de Venezuela, y cuyos objetivos son la imposición de sanciones y, con el pretexto de supuestas urgencias humanitarias, justificar una intervención militar exterior.
En Nicaragua se aprovechó una legítima protesta ciudadana contra la reforma de la ley de Seguridad Social para iniciar la violencia callejera y la desestabilización política, cuyo objetivo es derribar al gobierno sandinista. Esa estrategia ha quedado descubierta tras las últimas reuniones de la Mesa de Diálogo, donde tildan a Daniel Ortega (como a Maduro), de ser un dictador, para plantear después que la oposición llamaría a cesar la violencia callejera si el presidente adelanta las elecciones.
La violencia en las calles de Nicaragua no la ha causado el gobierno, sino agresivas bandas, grupos vandálicos, financiados y entrenados por poderes externos: encapuchados dotados de morteros y armas de fuego, iniciaron bloqueos en las calles y carreteras, quemaron edificios públicos (alcaldías, hospitales, escuelas) en un feroz terrorismo callejero que en Nicaragua ha culminado con el asesinato. Esa violencia, similar a la promovida en Venezuela en la primavera del 2017, busca derrocar a un gobierno legítimo y democrático, de Daniel Ortega, que obtuvo en las últimas elecciones casi el setenta por ciento del voto popular.
El gobierno sandinista ha tenido que enfrentarse a una violencia desmedida, que llegó a tomar una ciudad entera durante horas. Es revelador que en Nicaragua hayan sido asesinados veintidós policías por estas bandas, y el propio presidente Ortega ha declarado que está dispuesto a aceptar una investigación internacional de una comisión de la OEA, la ONU o la Comisión Interamericana de DDHH, sobre la violencia que se ha producido en los últimos dos meses, y a reconocer los excesos de las fuerzas de seguridad del estado si así se hubieran producido.
El gobierno sandinista se ha caracterizado por un constante llamamiento a la paz y el diálogo como forma de superar la violencia. La iglesia, el empresariado, los estudiantes, las fuerzas políticas se han sentado a la mesa para intentar llegar a acuerdos que desbloqueen la situación, pero los guarimberos no negocian, y han seguido imponiendo la violencia y cometiendo asesinatos. A diferencia de El Salvador o Guatemala, en Nicaragua no existían las maras o bandas delincuentes que hay en otros países, pero no hay duda de que el Departamento de Estado norteamericano está impulsando diversas estrategias de intervención en diferentes regiones latinoamericanas apoyando y financiando a partidarios de la derecha para desestabilizar a países donde gobierna la izquierda, sea reformista o revolucionaria. Es obvio que Estados Unidos tiene planes políticos para cada país, que pone en marcha o activa dependiendo de la coyuntura política. El mundo no vive en los años de la guerra fría pero el imperialismo norteamericano sigue aplicando estrategias de intervención y dominación a través de guerras u operaciones de baja intensidad que se ejecutan a través de golpes blandos o bien con la desestabilización y la violencia callejera, para derrocar gobiernos populares que no responden a los intereses de las élites y las oligarquías.
Nicaragua ha sido un país estable en los últimos años, con un crecimiento económico constante que le ha permitido reducir paulatinamente los índices de pobreza, con amplios acuerdos entre el gobierno y las fuerzas opositoras, así como con una práctica de consenso entre el gobierno, los empresarios y la Iglesia católica, lo que incluso ha motivado decisiones que no siempre han sido del agrado de las fuerzas progresistas, como la no legalización del aborto terapéutico. El anuncio de la construcción de un Canal Interoceánico en territorio nicaragüense, construido por empresas chinas, que podrían atravesar buques de gran calado que no pueden utilizar el canal de Panamá, y que no estaría controlado por Estados Unidos, supondría para Nicaragua alcanzar una posición estratégica privilegiada en América. Los intereses comerciales y geopolíticos de Estados Unidos se verían así seriamente afectados. Ese canal proyectado explica también la decisión de intervenir en Nicaragua y derrocar a su gobierno.
Coincidiendo con el anuncio de la construcción del Canal Interoceánico, con la campaña de ataques a UNASUR, a Venezuela, al Partido del Trabajo de Brasil y al expresidente Correa de Ecuador, ha aparecido la violencia en Nicaragua, a pesar de los llamamientos del gobierno nicaragüense a la negociación. En esa operación para derribar al gobierno de Managua se están utilizando ONGs, colectivos y movimientos estudiantiles, feministas y demócraticos, con un falaz discurso de defensa de los derechos humanos y de la paz… al tiempo que apoyan acciones violentas que ya han causado doscientos muertos en el país.
El Partido Comunista de España condena la violenta campaña contra el pueblo nicaragüense y contra sus legítimas instituciones, denuncia que tras ella están las manos del Departamento de Estado estadounidense.
– Exigimos que se respeten las decisiones soberanas de Nicaragua, a quien compete decidir su destino y elegir a sus gobernantes.
– Exhortamos a reiniciar el diálogo político, sin injerencias externas con objeto de superar la actual situación de violencia.
– Conminamos a las instituciones europeas, especialmente a la españolas, a que descarten la aprobación de sanciones contra el gobierno y pueblo nicaragüenses, y tomen medidas activas para facilitar el diálogo y para la recuperar la paz y la normalidad institucional en Nicaragua.
¡Nicaragua quiere la paz!