Tras ser develado recientemente un plan de golpe de Estado en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el mandatario norteamericano Barack Obama, emitió una orden presidencial que declara a la nación bolivariana «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos».
En un mensaje que suena a declaración de guerra, el secretario de Prensa gringo advierte que la orden se implementará y ampliará contra, a criterio del gobierno gringo, “violen los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y que se involucren en actos de corrupción pública no serán bienvenidos” a Estados Unidos.
En Venezuela, al igual que lo hace apoyándose en algunos grupos en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos impulsa acciones desestabilizadoras cuyo fin es destruir la alianza de naciones conformadas en torno a los ideales bolivarianos de la Patria Grande.
Todo apunta a que al ver desmantelados sus planes golpistas, el gobierno gringo optó por recurrir al asedio directo, recurriendo a amenazas que buscan convertir a sus víctimas en victimarios gracias al poder de los medios de comunicación derechistas que controla en el mundo.
En un discurso más que manido y que conocemos de sobra en Nicaragua, el gobierno de Obama manipula el “respeto por los derechos humanos” del grupo que patrocinan, despreciando el derecho de los millones de venezolanos que apoyan el proyecto socialista iniciado por Hugo Chávez.
Los arrestos y la respuesta institucional del gobierno de Nicolás Maduro ante los intentos golpistas y de desestabilización sostenida, son traducidos por el imperio gringo como “persecución de oponentes políticos”, y “abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno”, entre otras manipulaciones.
La declaración del gobierno de Obama señala que “ahora tenemos las herramientas para bloquear sus bienes y su uso de los sistemas financieros de EE.UU”.
La medida, se explica, fue tomada por la preocupación de que el gobierno de Nicolás Maduro esté incrementando la intimidación de sus oponentes políticos.
“Los problemas de Venezuela no se pueden resolver al criminalizar la disidencia”, dice el comunicado, que hace un llamado a liberar “a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición, Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
“La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”, subraya el comunicado.
Para el gobierno gringo, que apaga a sangre y fuego cualquier tipo de disidencia interna–simplemente los acusan de traidores y matan o los entierran de por vida en sus cárceles-, los elementos que atentan contra gobiernos legalmente electos como el de Venezuela, son solo “disidentes” que han sido criminalizados.
En Nicaragua los calificaban de “campesinos confiscados”, a como todavía los ven los somocistas y miembros de la oligarquía que acompañó a ese régimen, pese a que los llamados “Contras” llenaron de sangre, luto y dolor los cuatro puntos cardinales de nuestro país en los años 80, situación que algunos sueñan con reeditar.
La orden de Obama se enfoca en aquellos que el Departamento del Tesoro determine, mediante una consulta con el Departamento de Estado, que estén involucrados en:
acciones o políticas que debiliten los procesos o institutos democráticos; actos significativos de violencia o conductas que constituyan un serio abuso o violación de los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales en Venezuela a partir de febrero de 2014; acciones que prohíban, limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión o reuniones pacíficas; o corrupción pública de los altos funcionarios dentro del gobierno de Venezuela.
La orden presidencial también autoriza al Departamento del Tesoro, a enfocarse en cualquier persona determinada a: ser un líder actual o ex líder de cualquier entidad que tiene, o cuyos miembros se hayan involucrado en cualquier actividad descrita en la orden presidencial o de una entidad cuyas propiedades e intereses en propiedades estén bloqueados o congelados de conformidad con la orden presidencial; o ser un funcionario actual o ex funcionario del gobierno de Venezuela.
La declaración termina recordando que Estados Unidos sigue comprometido con mantener “vínculos fuertes y duraderos” con la gente de Venezuela y abierto para mejorar la relación con el gobierno venezolano.
Y por supuesto, que la declaración contra Venezuela debe ser interpretada como una amenaza en contra de los demás países del Alba, organismo regional que se ha convertido en el principal dolor de cabeza para los Estados Unidos, que no se resigna a perder su hegemonía en su otrora “patio trasero”.