Periodistas y activistas acusan al Gobierno de Peña Nieto de espionaje

Un informe documenta 88 intentos de infección de ‘malware’ a móviles de informadores y defensores de derechos humanos.

 

El pasado jueves, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en Los Pinos a empresarios de medios de comunicación y periodistas que su Gobierno está comprometido para “generar las mejores condiciones para el ejercicio libre de su profesión”. Después del evento, el presidente saludó sonriente y se fotografió con varios comunicadores, entre ellos Carlos Loret de Mola, un presentador de Televisa. Este lunes, este periodista ha denunciado junto con otros comunicadores y defensores de derechos humanos, los intentos del Gobierno mexicano por espiarlo. «El espionaje abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los asesinatos… Es claro que quieren que sepan que nos están espiando, que somos vulnerables, que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales», dijo Loret de Mola en un mensaje transmitido en una conferencia de prensa esta tarde en la Ciudad de México.

Loret recibió siete mensajes en su teléfono en las mismas fechas en la que realizaba una investigación de la matanza de Tanhuato, un enfrentamiento en Michoacán entre policías y narcotraficantes que dejó 42 supuestos criminales muertos en mayo de 2015. Este lunes, el periodista denunció junto a comunicadores, activistas y defensores de derechos humanos una operación sistemática de espionaje con malware. En un informe, adelantado por The New York Times y Buzz Feed News, los denunciantes documentaron 88 intentos de infección entre 2015 y 2016 a través de un programa informático llamado Pegasus, que se descarga en los teléfonos móviles.

Esto abona al clima de violencia que existe en México contra los informadores. “Es inaceptable que espíen periodistas y que hayan asesinado a Javier Valdez y Miroslava Breach. No sabemos si ellos fueron espiados, pero tenemos derecho a pensarlo”, dijo la periodista Carmen Aristegui, otra de las que han denunciado el intento de espionaje. “El Gobierno mexicano espía a sus críticos. Utiliza el dinero de todos nosotros para cometer este tipo de ilícitos”, agregó Aristegui en la conferencia de prensa que responsabilizó al Gobierno de Enrique Peña Nieto de los ataques.

El Gobierno de México ha negado las acusaciones. «No hay prueba alguna de que las agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje», escribió Daniel Millán, el responsable de medios internacionales de la presidencia. «Condenamos cualquier intento de de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona», dice el comunicado que el funcionario envió a The New York Times.  

El equipo de reporteros de Aristegui Noticias, que reveló el conflicto de interés de Peña Nieto con su mansión, recibió más de 50 mensajes de texto con contenidos provocativos o intimidantes. Estos venían acompañados por un enlace. Si se oprimía el vínculo el malware Pegasus se descargaba en el aparato.

Los reporteros Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena recibieron estos mensajes. Pero los textos también llegaron al teléfono del hijo de Carmen Aristegui, menor de edad. “¿Qué sigue para este Gobierno si es capaz de llegar hasta el extremo de espiar a un adolescente? Presidente: ¿no le parece siniestro?”, cuestionó Aristegui, que fue despedida de la radio por sus reportajes críticos con el Gobierno. Y agregó: “Peña Nieto tiene que dar explicaciones”.

Solo dos de los casi 90 objetivos de espionaje fueron infectados por el programa de robo de información. Los denunciantes, sin embargo, han hallado un patrón. “No es una vigilancia aleatoria, es un hostigamiento sistemático de actores incómodos para el Gobierno”, aseguró Ana Ruelas, presidenta de Artículo 19, una organización que vela por la libertad de expresión en el mundo. La denuncia realizada esta mañana es la más importante hasta el momento. Se han documentado 76 intentos que se suman a otros 12 denunciados a finales de mayo por investigadores y activistas que fueron espiados cuando el poder legislativo discutía los impuestos a las bebidas azucaradas.

Los mensajes no solo fueron recibidos por periodistas. Mario Patrón, director del Centro Pro de derechos humanos, los identificó en su móvil siempre que su organización preparaba informes delicados como el de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la matanza del ejército en Tlatlaya (Estado de México) y la discusión legislativa sobre la ley general contra la tortura.

También han sido vigilados Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad, un think tank que ha exigido al Gobierno rendición de cuentas y transparencia. Ambos recibieron cuatro mensajes a finales de 2015 y en mayo de 2016 cuando preparaban la reforma anticorrupción, que generó mucha resistencia en grupos de poder cercanos al Gobierno.

La infección con Pegasus no tiene vuelta atrás. “Es prácticamente imposible deshacerse de él”, dijo este lunes John-Scott Railton, investigador de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto que investiga temas de tecnologías de la comunicación y seguridad digital. “El teléfono se convierte en un espía en tu bolsillo. Tienen accesos a tus correros, mensajes, aplicaciones, a tu localización y a las cámaras de tus dispositivos”, mencionó.

Según los investigadores de Citizen Lab, cada intento de espionaje tiene un costo que ronda los 77.000 dólares. El alto costo de este programa es uno de los indicadores que apuntan al Gobierno mexicano. Otro es que NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus, solo vende a Gobiernos. En México existen evidencias de que ministerios del Gobierno han hecho negocios con esta compañía. “Al menos tres instancias lo han adquirido: la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional”, informó Luis Fernando García, director de la Red en defensa de los derechos digitales (R3D).

Las víctimas de espionaje ya han acudido a la Fiscalía mexicana a denunciar los hechos. “Dirán que somos ingenuos pedirle al Gobierno mexicano que investigue al Gobierno mexicano”, dijo Aristegui. “El no pasa nada es la marca de la casa, pero hay que sacudirnos la indolencia y la resignación. Apelemos a los que quieren hacer su trabajo. No todo está perdido en el Estado mexicano”.

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