El gobierno de Nicaragua calificó de parcializadas las declaraciones del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en torno a la crisis sociopolítica que persiste hoy en el país.
En una nota de prensa, la cancillería nicaragüense elevó su más enérgica protesta ante dichas declaraciones.
Las mismas sostienen que una ley aprobada aquí contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, podría tildar de terrorista a quienes se ‘manifiestan pacíficamente’.
“Rechazamos enérgicamente la burda manipulación de parte del Alto Comisionado del derecho soberano y obligación del Estado de Nicaragua de legislar de acuerdo a los convenios y tratados internacionales para evitar el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que al cuestionar la citada ley, el Alto Comisionado se vuelve cómplice de acciones que la legislación nicaragüense como Estado responsable condena.
La referida ley, según el gobierno, tiene como objetivo luchar contra el flagelo del lavado de dinero, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
El Ejecutivo considera que las mencionadas declaraciones del Alto Comisionado lo convierten en cómplice de las acciones que grupos terroristas han llevado cabos, asesinando a nicaragüenses y destruyendo nuestro país, subraya el texto.
Asimismo, la Cancillería denuncia que esas acciones están dirigidas a derrocar un gobierno constitucional, democráticamente electo por el pueblo.
“Cuestionar y manipular el derecho soberano y la voluntad política de Nicaragua de fortalecer sus capacidades jurídicas, técnicas y operativas va contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y el orden jurídico internacional”, puntualiza el texto.
A su vez, la Cancillería llama al cese de ese tipo de declaraciones y manipulaciones que no contribuyen en nada a crear el clima necesario para el diálogo entre nicaragüenses.